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jueves, 7 de marzo de 2019

JEP pide peritazgo internacional sobre desaparición forzada en zona de Hidroituango

JEP pide peritazgo internacional sobre desaparición forzada en zona de Hidroituango

Pauta con Radio Chécheres
Un perito internacional, con idoneidad y experiencia en la búsqueda de cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada, acaba de solicitar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Lo hizo a través del auto 002 del 28 de febrero de 2019, porque necesita una opinión informada y especializada para contrastar los trabajos realizados por las compañías Falcon High Tech y Socya.
La primera es una empresa española que fue contratada para asesorar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la ciudad de Medellín, especialmente en La Escombrera y el cementerio Universal, a donde las organizaciones de víctimas y algunos excombatientes de las Auc han dicho que fueron llevados los desaparecidos de la operación Orión, entre otras.
Cabe resaltar que la Alcaldía de Medellín dio a la JEP, en una comunicación previa, algunos datos importantes para entender el fenómeno de la desaparición forzada en esa capital. Por ejemplo, dijo que los años de mayor reporte de estos delitos en la Comuna 13 fueron del 2000 al 2007, período durante el cual ingresaron 900 cuerpos sin identificar al cementerio Universal. Y que la Alcaldía ha apoyado, dentro de un plan piloto, el acompañamiento a la inhumación de 286 cuerpos con Medicina Legal y la Fiscalía.
Por otra parte, señaló que intervino junto con la Fiscalía tres lugares en el sector de La Escombrera, sin obtener resultados positivos en uno de ellos; los otros dos se encuentran cerrados hasta que el ente investigador señale cuándo se continuará con esa intervención. Según esta respuesta, la Alcaldía de Medellín aceptó la colaboración de la empresa Falcon High Tech, que concluyó que no había material óseo en el sector y que la competencia para definir esa intervención es de la Fiscalía.
Por esta razón, la JEP le pidió a la directora del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, así como a la Alcaldía de Medellín, toda la información sobre esta asesoría.
Una contratación que no escapó a las críticas en diciembre del año pasado, cuando organizaciones de víctimas de la Comuna 13 hicieron pública su indignación al señalar que no cuenta con la experiencia para hacer ese proceso pues la que tiene gira alrededor de la industria extractiva. Además, la búsqueda de desaparecidos implica acciones que no solo requieren soluciones tecnológicas, sino aspectos investigativos judiciales y forenses que deben ser concertados con las organizaciones de víctimas y derechos humanos que llevan años trabajando el tema.
Aun así, la Alcaldía sustentó su decisión en la capacidad tecnológica de la empresa española, al igual que en los hallazgos que ha hecho, como el de los restos óseos del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, en marzo de 2015.
La segunda empresa señalada es Socya, una fundación que según el auto de la JEP celebró un contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Fiscalía General de la Nación para ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango.
En el auto que conoció Colombia 2020, la JEP le solicitó a la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, a la Fiscalía y a EPM enviar toda la documentación, actos administrativos y resultados relacionados con el contrato con Socya y pidió saber si fue un proceso que se hizo con la inclusión de los familiares de víctimas de desaparición forzada.
A Socya le pidió un informe por escrito con todas las labores adelantadas para dar con la ubicación de los cuerpos de posibles desaparecidos en zonas de interés del proyecto Hidroituango.
En ese sentido, EPM publicó una comunicación en que se refiere a Socya y aclara que para facilitar la labor de la Fiscalía, EPM ha brindado su apoyo por medio de la empresa Socya, "su operador social para el proyecto hidroeléctrico Ituango".  "Todo ello, en virtud del deber de colaboración armónica con las diferentes autoridades, sin que para el efecto se haya suscrito un convenio o contrato con la Fiscalía General de la Nación", dice el comunicado.*
La JEP también les pidió a Hidroituango y EPM un pronunciamiento de fondo acerca de la petición que hizo el año pasado el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice) respecto a “no autorizar el nuevo llenado hasta tanto no haya claridad de que no existen cuerpos de personas inhumadas en estos lugares”.
En una contestación previa a esta solicitud, dirigida a la JEP, la Gobernación de Antioquia señaló que si con las medidas cautelares se busca suspender el avance del megaproyecto de Hidroituango, la Jurisdicción carece de competencia para tales decisiones y la Gobernación se opondría.
Pero en las respuestas allegadas por las diferentes alcaldías se evidencia que la administración de Buriticá autorizó a Hidroituango a realizar la exhumación de los cuerpos que se llegaran a encontrar en el cementerio a orillas del río Cauca. Sin embargo, aunque la Alcaldía municipal le pidió información sobre el tema, la empresa no ha dado respuesta.
En septiembre del año pasado, la JEP inició sus indagaciones en 16 lugares del país en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada, ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre.
La petición inicial fue hecha por el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice), el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, aunque solo fue asumida por la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, en el auto 001 del 14 de septiembre de 2018. Desde entonces, esta sala se ha dedicado a pedir información y vincular a diversas entidades privadas y públicas que pudieran ayudar a esclarecer el tema.
Medidas de protección
La solicitud de un peritaje internacional no es lo único que ordena este auto de 28 páginas. En el documento, que firmaron sin salvamentos los cinco magistrados de la Salsa de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP, se pidió a la directora del Grube, Elsa María Moyano, que allegue toda la información relacionada con las 159 exhumaciones practicadas en el cañón del río Cauca, según lo dicho por la Gobernación de Antioquia. A la fecha solo han enviado a la JEP las diligencias de exhumación en siete de los 16 puntos requeridos.
Asimismo, para seguir adelante con este proceso, la JEP pide la conformación de una mesa técnica con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, para compartir conceptos sobre estos 16 lugares cuya protección con medidas cautelares pidieron. En esa misma dirección le solicita a la organización Equitas toda la información y conceptos técnicos que tengan sobre los 16 puntos.
Esto teniendo en cuenta que es una organización de consulta ante la Organización de Naciones Unidas que cuenta con más de 10 años de experiencia en acompañamiento e investigación forense respecto a violaciones de derechos humanos, especialmente, en temas relacionados con desaparición forzada y búsqueda de desaparecidos.
De igual forma, en el auto, la JEP pide abrir incidente de desacato a los alcaldes de Nechí, Miguel Franco; Cáceres, José Mercedes Berrío, y San Onofre, Maida del Carmen Balseiro, por no enviar ninguna respuesta a la solicitud de información que les hizo. Al paso que van, podrían ser los primeros funcionarios requeridos por la Policía por desatender una orden de ese tribunal especial.
Desde que la JEP ratificó su competencia para tomar medidas cautelares para que no se intervengan estos 16 lugares, las autoridades nacionales y locales, así como empresas como Hidroituango, están buscando y precisando información sobre la ubicación de cuerpos de personas desaparecidas. Información que durante años ha dormido el sueño de los justos, pese a las peticiones que han hecho las víctimas.
El asunto no es menor porque, de establecer que hay riesgos de un daño irreparable a los derechos de las víctimas en estos casos, la JEP puede tomar medidas de protección de estos lugares. Y eso puede incluir parar el avance de Hidroituango, la megaobra de Antioquia que en el último año ha tenido serios retrasos por cuenta de daños en su infraestructura, pero que, según EPM, esperan su llenado en junio. Y este llenado, sin tener en cuenta los sitios donde puede haber desaparecidos forzados, puede alterar y destruir cualquier posibilidad para encontrar los cuerpos, de estar ahí, como indica la JEP.
*Nota de la editora: en horas de la noche de este miércoles se conoció el comunicado de EPM aclarando su vinculación con la empresa Socya y se incluyó está versión. 

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