Siendo así, a través de un comunicado en el que la Sala de Instrucción de esta corporación ratificó la decisión sobre el sometimiento a Uribe, se reveló la razón por la que los cinco magistrados en cuestión acordaron que la detención domiciliaria sería la medida adecuada dentro del proceso, pues consideraron que existe un presunto riesgo de que se interfiera en el proceso.

La decisión se acoge a uno de los delitos por los que se investiga al expresidente de Colombia, siendo el de fraude procesal, por lo que la Corte Suprema considera que con la medida preventiva impuesta a Uribe Vélez, se velaría por el desarrollo del proceso, mientras el acusado se encuentra en detención domiciliaria.

Sobre el mediodía del pasado martes 4 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, ordenó detención preventiva domiciliaria contra el senador de la República Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Así las cosas, el también jefe máximo del partido Centro Democrático, se convirtió en el primer expresidente en la historia en enfrentar una medida de privación de la libertad por parte de la justicia.

«No hay personas que estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean», fueron las palabras del senador Iván Cepeda Castro, quien en el largo proceso penal pasó de denunciado a víctima. El parlamentario del Polo Democrático Alternativo también llamó a acatar, respetar y acompañar las decisiones del poder judicial colombiano.

La hacienda ‘Guacharacas’

La historia comienza en el año 2010. El defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro es elegido representante a la Cámara. En el parlamento, es designado como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Paz en el Congreso de la República.

En agosto de 2011, cumpliendo su misión constitucional, Cepeda entrevista a Pablo Hernán Sierra García, alías “Alberto Guerrero”, exjefe del Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sierra García expresa que el bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, junto con Santiago Gallón Henao -condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento la hacienda Guacharacas-, Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe. El 7 de septiembre el parlamentario Cepeda, denuncia a Uribe Vélez por nexos con el paramilitarismo.

Siguiendo con su investigación, el 16 de septiembre Iván Cepeda entrevista a Juan Guillermo Monsalve Pineda, alías “Guacharaco”. Monsalve ratifica la denuncia de Sierra sobre los personajes que crearon y financiaron el Bloque Metro. Da detalles de la conformación de un cartel de la gasolina por parte de Luis Alberto Villegas que contó con la protección del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe.

Monsalve Pineda manifiesta que presenció reuniones con paramilitares en las que Santiago Gallón y Santiago Uribe Vélez pactaron la logística del transporte de los votantes para las elecciones a la presidencia de 2002, en las que finalmente Álvaro Uribe Vélez fue proclamado como presidente de la República.

Uribe a la ofensiva

El 11 de abril de 2012, Cepeda denuncia nuevamente a Álvaro Uribe por su omisión, cuando era Gobernador de Antioquia, en las masacres de San Roque (1996) y otras en el nordeste antioqueño, ocasionando que la Fiscalía General de la Nación unifique los casos y las denuncias.

El 27 de septiembre del mismo año, Monsalve Pineda declara ante la Fiscalía los mismos hechos que le había relatado a Cepeda. También menciona que otras personas conformaron el Bloque Metro. Relató que la hacienda ‘Las Guacharacas’ era custodiada por los paramilitares y el Ejército cuando Álvaro Uribe era gobernador.

En febrero del 2013, a petición de Álvaro Uribe que comienza la ofensiva contra el representante Cepeda, la CSJ entrevista a Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve y administrador de la hacienda ‘Las Guacharacas’ entre 1986 y 1996. En la diligencia, éste niega el robo de las 600 reses de la hacienda, hecho que según Juan Guillermo Monsalve Pineda fue el detonante para la creación del Bloque Metro de las ACCU y la masacre de San Roque.

Para junio, Álvaro Uribe Vélez amplía la denuncia contra Iván Cepeda, agregando nuevos testimonios que presuntamente explicaban el exceso de las funciones del congresista al entrevistar a los exparamilitares.

El debate Cepeda

El 17 de septiembre de 2014 se realiza el debate “Álvaro Uribe Vélez: narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica” en el Congreso de la República, citado por el ahora senador Iván Cepeda Castro.

Uribe Vélez, quien se retira del debate, formaliza la denuncia contra Iván Cepeda ante la CSJ. En medio de un show mediático, argumenta que el congresista ofreció dádivas y beneficios jurídicos a paramilitares, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, para que lo vincularan a él y a su hermano Santiago con organizaciones paramilitares.

Álvaro Uribe se refiere también a los testimonios de Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Muñoz Ramírez que relataron que, en 2012, Cepeda los visitó y les ofreció beneficios a cambio de que declararan en contra de los hermanos Uribe Vélez. Wilser Molina Molina fue quien gestionó las declaraciones. Adicionalmente, Álvaro Uribe expresa que los paramilitares Henao y Muñoz pueden acreditar que Pablo Hernán Sierra García nunca perteneció al Bloque Metro.

Por su parte, el 25 de septiembre la Fiscalía General de la Nación remite a la Corte Suprema de Justicia el expediente como juez natural de la investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez.

La Corte empieza la investigación

Ante las denunciadas presiones en contra de la familia de Juan Guillermo Monsalve Pineda, el 10 de febrero de 2015 la CSJ ordena monitorear las llamadas de Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo. Mediante las interceptaciones, la Corte se da cuenta que Monsalve Correa miente, pues se encuentra en Bogotá y no se presenta a las citaciones del Alto Tribunal aduciendo que se encuentra fuera de la ciudad.

El 24 de marzo Óscar Monsalve Correa rinde testimonio, a través de una videoconferencia ante la CSJ. El mismo día de la diligencia judicial recibe al menos 10 llamadas en un lapso de 20 minutos. La última de las llamadas, que dura aproximadamente 12 minutos, fue hecha desde el número de Juan Guillermo Villegas Uribe, ganadero y amigo personal de la casa Uribe Vélez.

Una llamada entre los hermanos Óscar Hernán y Laura Monsalve deja en evidencia que la familia Monsalve se encuentra ante la expectativa por la declaración del padre. En la conversación, Laura expresa: “es que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo, si es que mi papá era el encargado de la finca”.

La CSJ decide interceptar las comunicaciones de Juan Guillermo Villegas Uribe el 1 de septiembre. Para la Corte, la llamada de Villegas el día en el que Monsalve Correa rindió testimonio buscaba que este último estuviera nervioso.

El 4 de septiembre, Juan Guillermo Villegas Uribe llama a Óscar Monsalve Pineda para persuadirlo de decir lo mismo que su papá, Óscar Monsalve Correa, ante la eventual llamada de los investigadores. De igual forma, le dice que su mamá y su hermana deben negar igualmente el asunto de las reses.

El encuentro Uribe-Villegas

El 21 de octubre del mismo año se da el encuentro en el establecimiento ‘La Jugosa de la 70’ en Medellín. A este asistieron el expresidente Uribe Vélez, Juan Guillermo Villegas Uribe y José Humberto Gómez Garro, este último había visitado a los paramilitares Gabriel Muñoz Ramírez y a Ramiro de Jesús Henao en la Cárcel de Itagüí, presuntamente para declarar a favor de los hermanos Uribe Vélez.

De acuerdo con las interceptaciones al teléfono de Villegas, el objeto de la reunión era hablar sobre los testigos que incriminarían al senador Iván Cepeda en el delito de montar un “cartel de testigos” en contra de Álvaro Uribe Vélez.

Ese mismo día, la Corte ordena la interceptación de las comunicaciones de Wilser Darío Molina Molina, en aquel momento alcalde de Amagá, Antioquia, pues el 6 de octubre de 2015 Juan Guillermo Villegas Uribe lo llama para preguntarle por un testigo de la masacre del Aro en el municipio de Ituango, Antioquia, en 1997.

En vísperas de navidad, el 23 de diciembre Álvaro Uribe Vélez denuncia en su cuenta de Twitter que está siendo objeto de interceptaciones y vigilancia de la justicia. Sin embargo, su teléfono aparece en los registros ya que él se comunica con personas que tienen legalmente interceptadas sus comunicaciones.

Efecto boomerang

En una decisión que sorprende al mundo político, el 16 de febrero de 2018 la CSJ archiva la investigación contra Iván Cepeda por manipulación de testigos, y ordena compulsar copias contra Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de soborno y fraude procesal, por haber enviado emisarios a los centros carcelarios para acusar al senador del Polo Democrático.

El alto tribunal de justicia reiteró que antes de que Iván Cepeda se entrevistara con los paramilitares, los mismos ya habían declarado en versiones idénticas a las consignadas por el parlamentario.

Días después, Juan Guillermo Monsalve recibe mensajes de Whatsapp en los que un intermediario de Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le pidió que “tramitara un vídeo en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones. El vídeo tenía que ser radicado antes del viernes de esa semana, pues se necesitaba con urgencia”.

En acción el “abogángster”

Aparece en escena Diego Cadena. El 22 de febrero, el polémico abogado, apodado como “abogángster” por sus contactos con el mundo de la mafia, se entrevista con Juan Guillermo Monsalve Pineda. Como apoderado de Álvaro Uribe Vélez le solicita firmar un documento previamente elaborado. Enrique Pardo Hasche, intermediario de la reunión, interviene pidiéndole a Monsalve Pineda que firme el documento.

Entre febrero y abril, Juan Guillermo Monsalve asegura que Diego Cadena lo visitó tres veces para pedirle la grabación de un video o la firma de un documento donde se retractara de su testimonio contra el expresidente y que culpara al senador Cepeda.

Por su parte, la CSJ encontró que personas allegadas al expresidente Uribe, como el representante Álvaro Hernán Prada, incurrieron en nuevas acciones para manipular testigos. El 24 de julio ordena investigar a este congresista y al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno. De igual forma, el exmagistrado José Luis Barceló explicó que las interceptaciones al teléfono celular de Álvaro Uribe no fueron un error y que estas tuvieron lugar por las comunicaciones que tuvo el expresidente con personas investigadas por la Corte.

La versión falsa de “Víctor”

El 17 de abril de 2019, el Inpec decide trasladar de su centro de reclusión en Palmira, Valle, a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, a la Cárcel de La Tramacúa, en la que recibe un atentado contra su vida. Vélez, exintegrante del frente Cacique Pipintá de las AUC, es testigo de la investigación y ha dicho que recibió plata del abogado Diego Cadena. Las autoridades comprueban una consignación por 2 millones de pesos a un familiar de Vélez.

El periodista Daniel Coronell denuncia el 28 de mayo que el paramilitar Carlos Enrique Vélez, que había declarado a favor del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda, fue grabado mientras afirmaba que lo que dijo sobre este último no fue verdad.

Coronell manifiesta que Vélez fue contactado por el abogado Diego Cadena en la Cárcel de Palmira, donde cumple una condena de 20 años de prisión por una Masacre en Riosucio, Caldas.

A través de una interceptación telefónica, el abogado Diego Cadena le pide a Eurídice Cortés, alías “Diana”, exjefa política del bloque Cacique Pipintá, que grabe un vídeo en el que desmienta a Pablo Hernán Sierra, jefe de esa estructura paramilitar, quien afirma que los hermanos Uribe Vélez fundaron el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En las interceptaciones, Cadena le ofrece al paramilitar Vélez beneficios con un Fiscal en Cali y se evidencia que les hace unos pagos a los familiares de Vélez.

El 16 de agosto la CSJ cita a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez para el 8 de octubre de 2019, diligencia judicial que concluye al formalizar la vinculación del expresidente y senador de la República al proceso que adelanta la Sala de Instrucción por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inicia un largo proceso de investigación contra el abogado Cadena.

La medida de aseguramiento

El pasado 27 de julio de 2020, después de un largo como interrumpido proceso, la Fiscalía le imputó al abogado Cadena los delitos de fraude procesal y soborno de testigos, solicitando además la prisión domiciliaria.

El fiscal Daniel Hernández estructuró el caso a partir de dos ejes. El primero tiene que ver con el testigo Juan Guillermo Monsalve. Para el ente acusador, Cadena contactó al exparamilitar en la cárcel La Picota y lo presionó para que se retractara de las denuncias contra el expresidente Uribe. Como prebenda, el “abogángster” le ofreció un recurso jurídico para que la justicia tumbara su condena y así ayudarle para presentarse ante la JEP.

La Fiscalía tiene como prueba de este asedio el episodio donde Cadena se reúne con la esposa de Monsalve en una cafetería del centro de Bogotá. Con micrófonos del CTI, la mujer logra poner en evidencia al abogado que esperaba con ansias la carta de retractación para volver más robusta la defensa de Álvaro Uribe Vélez ante la Corte.

En segunda medida, la Fiscalía sustenta su imputación alrededor de la relación que tuvo el abogado con el también exparamilitar, Carlos Enrique Vélez. Para el ente acusador, Diego Cadena le ofreció a Vélez la suma de 200 millones de pesos, de los cuales 48 millones fueron desembolsados a varias personas que testificaron ante la justicia.

Para el caso de Uribe Vélez, los hechos son los mismos pero el proceso adelantado por la Corte es distinto. Con un expediente más completo, que recoge ocho años de investigación por parte del alto tribunal, la ponencia del magistrado instructor César Reyes que sugería la medida de aseguramiento contra el expresidente está sustentada en decenas de interrogatorios, múltiples pruebas documentales y miles de minutos de interceptaciones legales.

Finalmente, sobre las siete de la noche se conoció de manera oficial la decisión tomó la CSJ. De manera unánime, la Sala de Instrucción del alto tribunal ordenó la detención preventiva domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno y fraude procesal, decisión que por el momento estremece el mapa político del país con voces a favor y en contra.