Tras el anuncio de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General, Morelli Rico abandonó el país argumentando falta de garantías judiciales puesto que consideró este caso como una "persecución penal" en su contra por parte de Eduardo Montealegre, sin embargo manifestó su deseó de presentarse al proceso.
Según BluRadio la excontralora General manifestó que regresó al país para ponerle la cara a los requerimientos de las autoridades judiciales. En el proceso un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento privativa de la libertad al considerar que no se cumplían todos los requisitos establecidos.
Morelli Rico es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y pecuado por apropiación a favor de terceros. En repetidas oportunidades ha calificado este porceso como "una persecución penal" por parte del fiscal General, Eduardo Montelagre.
Para el ente investigador, la entonces jefe del ente de control fiscal no justificó de manera correcta los motivos para arrendar estas nuevas oficinas. Igualmente se le cuestiona el excesivo costo del arriendo por el periodo de cuatro años. En diciembre del año pasado dicho contrato terminó y la Contraloría General tuvo que buscar varias sedes alternas.
Según la Fiscalía, el proceso de contratación no contó con los requisitos exigidos, evadiendo los estudios técnicos y de mercado para inferir la necesidad de trasladar las oficinas ubicadas en los edificios Crisanto Luque y Colseguros, en el centro de Bogotá. La Fiscalía reprochó el hecho que la firma de estos contratos no fuera la más favorable para los intereses del Estado.
También ha sido objeto de acusación, el hecho de que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos, puesto que estos no fueron utilizados durante esos 60 días por los funcionarios, empleados y oficina central del ente de control fiscal. A esta cifra se le suman los costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista.
Igualmente se indica que existen fallas en la venta de las dos sedes propias de la Contraloría General de la República en los cuales se desconocieron los requisitos legales exigidos en este tipo de contratos. El pasado mes de diciembre un juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento a la excontralora general.
En este sentido se indica que se vulneraron los principios de transparencia, economía y selección objetiva. Según los documentos se habría presentado un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos por lo que se cuestiona el hecho que la "funcionaria encargada de velar por el óptimo control del patrimonio haya incurrido en este desfalco".
Por estos mismos hechos enfrenta un proceso fiscal en la Auditoría General de la República por presunta malversación de fondos y falta de planeación a la hora de celebrar este contrato de arrendamiento puesto que no se justificó la necesidad de cambiar la sede ubicada en el centro de la República.
Igualmente es investigada por presuntamente haber ordenado la interceptación de correos y teléfonos a un grupo de personas sin orden judicial o autorización. Por estos hechos han sido procesados varios de sus exfuncionaraios.
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