En la noche de este mi茅rcoles se confirm贸 el regreso de la excontralora General, Sandra Morelli despu茅s de haber estado por cerca de 11 meses en Italia. La exjefe del ente de control fiscal enfrenta actualmente un proceso penal por las presuntas irregularidades que rodearon la celebraci贸n de un contrato para el arriendo de la nueva sede.
Tras el anuncio de imputaci贸n de cargos por parte de la Fiscal铆a General, Morelli Rico abandon贸 el pa铆s argumentando falta de garant铆as judiciales puesto que consider贸 este caso como una "persecuci贸n penal" en su contra por parte de Eduardo Montealegre, sin embargo manifest贸 su dese贸 de presentarse al proceso.
Seg煤n BluRadio la excontralora General manifest贸 que regres贸 al pa铆s para ponerle la cara a los requerimientos de las autoridades judiciales. En el proceso un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot谩 se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento privativa de la libertad al considerar que no se cumpl铆an todos los requisitos establecidos.
Morelli Rico es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y pecuado por apropiaci贸n a favor de terceros. En repetidas oportunidades ha calificado este porceso como "una persecuci贸n penal" por parte del fiscal General, Eduardo Montelagre.
Para el ente investigador, la entonces jefe del ente de control fiscal no justific贸 de manera correcta los motivos para arrendar estas nuevas oficinas. Igualmente se le cuestiona el excesivo costo del arriendo por el periodo de cuatro a帽os. En diciembre del a帽o pasado dicho contrato termin贸 y la Contralor铆a General tuvo que buscar varias sedes alternas.
Seg煤n la Fiscal铆a, el proceso de contrataci贸n no cont贸 con los requisitos exigidos, evadiendo los estudios t茅cnicos y de mercado para inferir la necesidad de trasladar las oficinas ubicadas en los edificios Crisanto Luque y Colseguros, en el centro de Bogot谩. La Fiscal铆a reproch贸 el hecho que la firma de estos contratos no fuera la m谩s favorable para los intereses del Estado.
Tambi茅n ha sido objeto de acusaci贸n, el hecho de que se hayan pagado los c谩nones de arrendamiento correspondientes a dos meses por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos, puesto que estos no fueron utilizados durante esos 60 d铆as por los funcionarios, empleados y oficina central del ente de control fiscal. A esta cifra se le suman los costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista.
Igualmente se indica que existen fallas en la venta de las dos sedes propias de la Contralor铆a General de la Rep煤blica en los cuales se desconocieron los requisitos legales exigidos en este tipo de contratos. El pasado mes de diciembre un juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento a la excontralora general.
En este sentido se indica que se vulneraron los principios de transparencia, econom铆a y selecci贸n objetiva. Seg煤n los documentos se habr铆a presentado un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos por lo que se cuestiona el hecho que la "funcionaria encargada de velar por el 贸ptimo control del patrimonio haya incurrido en este desfalco".
Por estos mismos hechos enfrenta un proceso fiscal en la Auditor铆a General de la Rep煤blica por presunta malversaci贸n de fondos y falta de planeaci贸n a la hora de celebrar este contrato de arrendamiento puesto que no se justific贸 la necesidad de cambiar la sede ubicada en el centro de la Rep煤blica.
Igualmente es investigada por presuntamente haber ordenado la interceptaci贸n de correos y tel茅fonos a un grupo de personas sin orden judicial o autorizaci贸n. Por estos hechos han sido procesados varios de sus exfuncionaraios.
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