Felipe Chica Jiménez
En Bolívar, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Chocó y Antioquia el ‘Clan Úsuga’ se ha hecho sentir y dejan ver que van con todo. Pero cercano a lo que se vive en el norte del país, la nueva y creciente ola paramilitar ha llegado también al Cauca sembrado la zozobra en las cabeceras municipales y sobre todo en zonas rurales donde líderes de base y movimientos, principalmente campesinos, indígenas y afrodescendientes, ejercen sus apuestas políticas de defensa del territorio y resistencia ante la minería. Los recientes crímenes en este departamento han sido selectivos y con rasgos de sevicia.
El más reciente crimen fue contra un joven indígena. Según la versión más divulgada, el 27 de marzo a las 11 de la mañana Cristian Anacona Castro aborda el bus que de Río Blanco conduce a Popayán. A la altura del municipio La Sierra el joven indígena baja del bus para verse con una joven, según testigos que a esa hora viajaban en el vehículo. Luego de eso, dos hombres abordan a Cristian y lo conducen hacia la montaña cerca de la carretera, el bus continúa su recorrido sin el joven, que fue hallado muerto al día siguiente con más de diez puñaladas en su cuerpo. Aunque la policía local manifestó que se trató de un crimen pasional, sus allegados tienen otra versión que lo sitúa como un crimen político, pues Cristian, que era estudiante de derecho en la ciudad de Bogotá, lideraba la organización de jóvenes en el resguardo indígena de Río Blanco.
Entre las iniciativas de los jóvenes estaba la conformación del Cabildo Juvenil y la investigación del asesinato de Willar Alexander Oime, ocurrido hace un mes en pleno centro histórico de Popayán. Alexander era el Gobernador de este resguardo y tenía fuertes divisiones con los anteriores líderes indígenas que, según fuentes locales, “ven con buenos ojos el anuncio de títulos mineros en los cerros de La Serpiente, Patena y Sucubún, todos sagrados para el pueblo Yanacona” y, además, “han sido quienes ha dirigido por años el cabildo con el propósito de administrar los recursos provenientes por transferencias”. A diferencia de Alexander, Cristian nunca había recibido una amenaza de grupos paramilitares.
De hecho, un día antes de su muerte se reunió con otros jóvenes en la ciudad de Popayán para firmar una carta de rechazo del asesinato de Alexander Oime, en el cual se instaba a las autoridades del Cabildo a ayudar a esclarecer los hechos del crimen, así como los de otros dos gobernadores indígenas de este mismo resguardo muertos con anterioridad. Aunque a primera vista se trata de un conflicto al interior del Cabildo de Río Blanco, las versiones de los habitantes hablan de nexos entre viejas autoridades indígenas y miembros del partido Centro Democrático. “Se habla de reuniones entre líderes del resguardo y políticos en la ciudad de Popayán”.
Tanto el asesinato de Alexander como el de Cristian se suman a los más de 24 homicidios ocurridos en los últimos meses en este departamento dirigidos contra líderes sociales, según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes.
La gravedad de los hechos tiende a empeorar. El 25 de marzo en horas de la noche se materializó una de tantas amenazas que en días anteriores habían llegado al municipio de Corinto, cuando tres hombres portadores de armas de largo alcance ingresan a un vivienda en plena cabecera municipal y asesinan a Víctor Andrés Flórez, miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto, junto con otras dos personas que se encontraban departiendo en el lugar. Lo ocurrido fue rotulado por las autoridades locales como un ajuste de cuentas asociada al narcotráfico de marihuana y coca en la zona. Sin embargo, las víctimas eran militantes del proceso Marcha Patriótica en el Cauca y se encargaban en este territorio del trabajo de base para la conformación de la reserva campesina.
Por otro lado, la oleada de amenazas en los territorios donde hacen presencia organizaciones como el Proceso Campesino y Popular de La Vega -PCPV-, en forma de grafitis de Autodefensas Unidas de Colombia y panfletos firmados por las Águilas Negras, intimidan la cotidianidad de estas comunidades. Semanas atrás dos hombres en motocicleta pasaron por la única vía que de Popayán conduce a La Vega vociferando toque de queda a partir de las ocho de la noche. El suceso no fue denunciado a las autoridades por temor a las represalias.
En este municipio actualmente está en concesión minera el ochenta por ciento del territorio, según la propia Alcaldía local. Por eso, para el PCPV la sombra de las Águilas Negras tiene que ver con el afán por iniciar la fase explotación; de hecho, en algunas localidades cercanas ya se ven procesos de extracción ilegal de oro y carbón en los cuales hay participación de agentes armados.
Como buena parte del discurso de las organizaciones sociales en el Cauca tiene un contenido explícitamente espiritual, al defender cerros y ríos sagrados de la minería y el narcotráfico, la estrategia paramilitar ejerce ahora un etnocidio, algo nada nuevo si se revisa el pasado reciente, que ya ha cobrado la vida de un médico tradicional, mientras hombres encapuchados visitan las residencias de los sabedores ancestrales en Río Blanco y la Sierra para amenazarlos.
Águilas Negras
Desaparecidas o no, las Águilas Negras que tuvieron su momento más álgido entre el 2005 y el 2010, son el símbolo del horror paramilitar y su constante aparición en panfletos con los cuales se amenaza a dirigentes con influencias reales sobre la movilización de las comunidades, hacen pensar en la existencia de un guión que tiene como principal enemigo político los diálogos de La Habana y toda organización de base, con el paralelo funcional y nada nuevo de hacer viables los grandes proyectos extractivos dirigidos a la zona, quitando del medio las resistencias sociales.
A la fecha no tiene sentido negar la emergencia del “fantasma paramilitar”, nuevamente en territorios donde las bases materiales de su surgimiento siguen intactas: la alta concentración de la tierra, intereses mineros y puentes con algunas instancias del Estado, entre otras.
Lo extraño es el hecho de que las montañas del Norte del Cauca han sido dominadas históricamente por el Sexto Frente de las FARC y hacia el Sur, por el Macizo con límites al departamento del Huila, por el ELN. Dice el actual Alcalde de Toribío, Alcibiades Escué, que “desde hace más de una año y medio no se escuchan los fusiles en el pueblo” y lo atribuye al avance de los acuerdos en la mesa de negociación. Sin embargo, hay quienes en el sector dudan de los acuerdos y predicen una especie de cambio de brazaletes en las tropas al servicio de otros intereses.
El panorama en Cauca es complejo y sin duda un reto explicativo, pero sin olvidar la histórica relación entre el paramilitarismo y empresas extranjeras, todo parece apuntar, como se ha dicho en distintos medios, que la estrategia paramilitar en cabeza del Clan Úsuga no es muy alejada a la propuesta de la Oficina de Envigado, que instó a Santos a abrir una nueva mesa de diálogo para acordar la paz con este grupo narcotraficante desde un tratamiento político.
No hay mucho espacio para la sospecha. El accionar de los grupos paramilitares deja ver buena capacidad logística y coordinación, lo que habla de una cohesión aparentemente manejada desde altas estructuras vinculadas al poder político de ultraderecha que no es ajeno al departamento del Cauca.
