El bloque suroriental del pacífico de la AGC, el pasado 15 de enero, declararon mediante un panfleto el inicio de una arremetida contra los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en esa ciudad.
Su objetivo es atacar las instalaciones que se encuentran en Cali. “Les vamos a volar todas esas sedes que utilizan como fachada para delinquir”, se lee en el comunicado. Amenazan también con terminar con la vida de sus miembros, como dicen haberlo hecho en otros lugares del país. “Anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en diferentes municipios”.
Cuatro días después de su pronunciamiento, en Ciudad Bolívar, Bogotá, Leidy Johana Poblador, miembro del partido y madre de un menor de edad, fue golpeada por personas encapuchadas. Según el informe de Medicina Legal fue agredida por dos hombres y una mujer quienes la acusaron de ser “guerrillera”:
“Me agredieron tres personas encapuchadas, eso pasó el domingo 21 de enero a las 11:30 de la noche. Me cogieron entre dos señores, uno del pelo y otro de las piernas, y la mujer me agredió. No les vi la cara. Me dijo que lo hacia porque yo ere una guerrillera hijueputa.”
En medio de las agresiones estas personas le mostraron a Leidy varias fotografías de integrantes del Partido regional Bogotá y le indicaron que serían objeto de agresiones contra su vida e integridad física. Así lo informó la FARC a través de un comunicado.
Ante los hechos ocurridos, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común exige “Al Estado colombiano, en cabeza del Gobierno nacional, que actúe consecuentemente con lo pactado en el Acuerdo de Paz y se brinden las garantías integrales para el ejercicio político de su militancia.”
Pese a que las AGC no se han pronunciado en Bogotá, su iniciativa es la de atacar a la FARC en varios municipios del país. La represión no es solo hacia este partido político de oposición, organizaciones de víctimas, líderes comunitarios y la población civil son asesinados y desplazados constantemente.
Según la Defensoría del Pueblo en las zonas del Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare fueron desplazadas más de mil personas entre el 17 y 20 de enero, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), emitió un comunicado de rechazo ante las acciones ocurridas el 22 de enero en la vereda San Isidro “donde individuos con armas de largo alcance hostigaron al líder de la asociación y defensor de derechos humanos José Miguel Paz Camargo”. Ese mismo día, en la vereda Las Brisas del Rumiyaco, corregimiento de Sucumbíos, en el municipio de Ipiales, Nariño, en la noche fue asesinado el líder del Consejo Comunitario Afro Nueva Esperanza, José Olmedo Obando. Hasta el momento todos los hechos son materia de investigación.
