El mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, quien fue detenido en la URI de Usaquén, como presunto responsable del homicidio del joven Santiago Murillo , se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado.
Según la investigación, Murillo, de 19 años, recibió un disparo de arma de fuego a la altura del tórax y aunque fue llevado a la clínica, falleció minutos después por la gravedad de la herida, hechos que se registraron el pasado 1 de mayo en la ciudad de Ibagué.
Después de varios días de audiencias concentradas se impone medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra del Mayor Molano por el asesinato de Santiago Murillo. Ganamos de manera preliminar las víctimas y la justicia.
— Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) June 18, 2021
El ente acusador asegura tener elementos suficientes para solicitar que un juez lo envíe a la cárcel preventivamente por el crimen. Sin embargo, su defensa insistirá en la posibilidad de que pueda defenderse en libertad.
El pasado 10 de mayo, el mayor Molano Bedoya y el teniente Andrés Parra, comandante del CAI Éxito de la calle 80, fueron capturados por los hechos, en medio del proceso que lleva la justicia Penal Militar, pero días después de nuevas pruebas en el proceso, fueron dejados en libertad por orden del juez 188 penal militar.
Denuncia de irregularidades
La juez señaló que un familiar del patrullero Devia declaró que se le dijo que había suficientes pruebas en su contra y que tendría que adoptar una decisión adecuada aceptando su responsabilidad en los hechos. Añadió que se extrajeron piezas procesales del expediente y que han recibido amenazas.
El familiar de Devia indicó que quienes tendrían que responder por los hechos serían el mayor Molano y el teniente Parra y que el patrullero Devia "era un comodín para asumir la responsabilidad de ellos".
Denunció la búsqueda de testigos venezolanos y supuestas presiones a uniformados para afectar al patrullero Devia.
En el expediente, afirmó la juez, está la declaración del mismo patrullero Devia, quien dijo que estando de servicio la noche de los hechos el mayor Molano pidió apoyo y él se dirigió al lugar. Allí el mayor Molano le hizo señas de parar y le dijo que se bajara de la moto y que le entregara el casco y se fue por una avenida en contravía.
Dijo que luego empezaron a llegar ciudadanos recriminando que le habían disparado a una persona. Sostuvo que el mayor Molano lo interrogó que si había disparado su arma de dotación y él respondió que no y que el día 2 de mayo entregó su arma y demás elementos. Manifestó que siempre ha estado tranquilo porque no disparó el día de los hechos.
Dijo que en la Justicia Penal Militar fue abordado para que aceptara los cargos y lograra una rebaja de pena y que incluso pudiera conservar sus bienes y garantizar recursos económicos para su familia. Además que a otros uniformados se les habló "de inculpar a Devia".
En el proceso también está la declaración del patrullero Acosta entregada el 13 de mayo quien ratificó que el mayor Molano disparó al piso la noche de los hechos. Luego el 21 de mayo ante la Justicia Penal Militar el uniformado dijo que se encontraba anonadado por lo que había sucedido y que no recordaba algunas cosas de lo registrado.
La juez advirtió que al parecer existe un entramado de personas a instancias de la Justicia Penal Militar para intentar responsabilizar al patrullero Devia
"Lo que se pretende, al parecer, es incriminar a otra persona que se encontraba en el lugar de los hechos", dijo la juez.
Indicó que la Fiscalía tiene en su poder una interceptación telefónica en la que al parecer habla el padre del mayor Molano con un integrante de la Policía y dice que tienen un familiar en la Sijin de la Policía quien les habría entregado información privilegiada del caso incluyendo la orden de captura que se expidió en contra del procesado.
En la grabación el hombre señala que pagó un millón de pesos para que le entregaran el resultado de una prueba de balística que fue practicada en medio de la investigación de la Fiscalía.
Además hay evidencias de que se habló de que el mayor pusiera sus bienes a nombre de otras personas para que en caso de ser condenado no los perdiera como parte de una indemnización a la familia de la víctima.
La juez afirmó que lo que se pretendía era manipular información del proceso.
Añadió que hay riesgo de que se intente obstruir a la justicia y que el procesado es un peligro para la sociedad.
Por muertes en medio de las protestas están siendo procesados por las autoridades otros dos uniformados y tres civiles.
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