Una nueva tensión sacude el mapa político latinoamericano. El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de que concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, figura cercana al expresidente Pedro Castillo y procesada por presunta rebelión.
El anuncio fue interpretado por amplios sectores sociales y políticos como una reacción autoritaria de un gobierno que no tolera la solidaridad con quienes hoy enfrentan procesos judiciales cuestionados y de evidente carácter político.
Chávez, que fue parte del gabinete de Castillo en los momentos más duros de su mandato, había sido liberada bajo fianza en septiembre mientras sigue siendo investigada por supuesta “rebelión” y “conspiración”. Su único delito, según denuncian sus defensores, habría sido acompañar al presidente legítimo en un contexto de persecución y hostigamiento institucional.
El asilo concedido por México responde al principio histórico de protección a perseguidos políticos, una tradición diplomática latinoamericana que ha salvado miles de vidas frente a gobiernos de corte represivo. Sin embargo, para el régimen de José Jerí, este acto humanitario fue considerado una provocación.
Desde la Cancillería peruana se anunció la ruptura total de relaciones, calificando la decisión mexicana como una “injerencia en asuntos internos”. Una narrativa que busca legitimar la represión y aislar cualquier gesto de apoyo a las voces críticas del poder.
Esta medida, que afecta a ambos pueblos más que a sus gobiernos, profundiza la soledad internacional de un Perú gobernado por sectores conservadores que llegaron al poder tras la destitución de Castillo, y que hoy enfrentan fuertes cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos y por la criminalización de la protesta social.
El gesto de México —firme y coherente con su política de asilo— vuelve a poner en evidencia las tensiones entre los proyectos políticos de la región: mientras unos gobiernos avanzan hacia el reconocimiento de la justicia social y la soberanía popular, otros se alinean con las viejas élites y el autoritarismo neoliberal.
El gesto de México —firme y coherente con su política de asilo— vuelve a poner en evidencia las tensiones entre los proyectos políticos de la región: mientras unos gobiernos avanzan hacia el reconocimiento de la justicia social y la soberanía popular, otros se alinean con las viejas élites y el autoritarismo neoliberal.
El caso de Betssy Chávez no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso más amplio de judicialización de la política y persecución contra quienes defendieron el gobierno popular de Pedro Castillo, un maestro rural que representó la esperanza de millones de peruanos históricamente marginados.
La ruptura diplomática, más que un gesto político, parece un intento de silenciar la solidaridad internacional con los sectores que hoy resisten desde el exilio, la cárcel o el destierro mediático. Pero la historia demuestra que ninguna persecución logra apagar del todo la voz de los pueblos.
México, una vez más, honra su tradición de refugio solidario; y Perú, lamentablemente, confirma que sigue gobernado por los mismos poderes que durante décadas negaron la dignidad del pueblo andino y campesino.
Informe: Ari/Luna - Sala de Redacción | Radio Chécheres
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