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El escenario institucional en el continente suramericano experimenta una profunda reestructuración tras los acontecimientos políticos y judiciales registrados en la ciudad de Asunción, capital de la República de Paraguay. El Senado de la Nación concluyó de manera unánime el juicio político extraordinario contra el ahora exmandatario Santiago Peña, declarándolo culpable de mal desempeño en sus funciones gubernamentales. La determinación legislativa se desencadenó de forma fulminante a raíz del colapso institucional y operativo de la entidad financiera privada Ueno Bank, la firma con mayor cantidad de clientes en el mercado bancario de ese país
El Ministerio Público paraguayo actuó de forma inmediata tras la votación en la cámara alta, dictando una orden de detención oficial contra el exjefe de Estado en el marco de la causa judicial abierta por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Agentes de la Policía Nacional de Paraguay hicieron efectiva la medida restrictiva en la residencia particular del procesado en Asunción, estableciendo un perímetro de custodia permanente para garantizar el arraigo del investigado. Las autoridades judiciales confirmaron que el exgobernante ya compareció ante la sede de la Fiscalía General del Estado para rendir sus primeras declaraciones formales sobre los movimientos de capital de la firma bancaria intervenida.
Por su parte, el saliente vicepresidente de la República, Pedro Alliana, prestó juramento oficial ante el Poder Legislativo para asumir la conducción del Poder Ejecutivo, conforme a los mecanismos de sucesión previstos en el artículo 234 de la Constitución Nacional de Paraguay. El nuevo gobernante deberá completar el periodo constitucional de mandato establecido hasta el 15 de agosto de 2028, en medio de un clima de alta tensión económica debido a los reclamos masivos de los usuarios del sistema financiero. Mientras la banca matriz coordina la activación de los fondos de garantía de depósitos, las comisiones de veeduría civil mantienen concentraciones en las inmediaciones de los palacios gubernamentales.
El balance de la crisis financiera e institucional
- Los cargos del Ministerio Público. La fiscalía general del Estado imputó los presuntos delitos de tráfico de influencias, lesión de confianza y uso indebido de información privilegiada en beneficio de terceros.
- La estabilidad del ahorro ciudadano. El Banco Central del Paraguay (BCP) reporta que los comités de intervención técnica evalúan el congelamiento de activos de la banca privada para mitigar las pérdidas de cerca de tres millones de ahorradores damnificados.
La voz de los protagonistas
"Hemos solicitado formalmente la prisión preventiva del expresidente y el congelamiento preventivo de todos sus bienes financieros como medida cautelar técnica indispensable para resguardar las evidencias recolectadas en las bases de datos de la firma intervenida", notificó el equipo de fiscales asignado a la causa penal contra el exmandatario
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La defensa técnica del expresidente, liderada por juristas de la capital paraguaya, argumentó ante las mesas de justicia que el juicio político desarrollado adolece de nulidades debido a que el mandatario había presentado una carta de renuncia previa antes de la deliberación del pleno senatorial. No obstante, los comités legislativos ratificaron la validez constitucional de la destitución, anulando de forma automática los fueros y los derechos de Peña a ocupar una banca de senador vitalicio en el Congreso. El desarrollo de las audiencias judiciales durante el fin de semana determinará si los juzgados de control elevan la detención domiciliaria a un centro de reclusión de máxima seguridad.
Informe: Ari/Luna/Okito - Sala de Redacción | Radio Chécheres
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