Tras demanda de Acci贸n Popular, el Tribunal Administrativo de Bol铆var emiti贸 un fallo en segunda instancia que ampar贸 los derechos colectivos de la comunidad de isla de Bar煤, los cuales fueron vulnerados por la Direcci贸n General Mar铆tima (Dimar) al conceder la licencia sobre la isla de Bar煤, sector Playa Blanca, a la Corporaci贸n para el Desarrollo de Playa Blanca (Corplaya), seg煤n inform贸 el universal.com.co.
Algunos derechos amparados por esta sentencia son el goce del espacio p煤blico y la utilizaci贸n y defensa de los bienes de uso p煤blico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros.
El fallo tambi茅n estipula que se debe consultar a la comunidad de la isla como indica la “Gu铆a para la realizaci贸n de Consulta Previa en Comunidades 脡tnicas”, y dicha consulta “deber谩 llevarse a cabo en un t茅rmino no superior a ocho meses, contados a partir de la ejecutoria material de esta sentencia (marzo de 2014)”.
El representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, Jos茅 David Miranda se帽al贸 que esperan “que las autoridades competentes hagan cumplir el fallo que dict贸 el juez y que se respeten nuestros derechos”. La comunidad de Bar煤 ha sufrido varios intentos desalojos a la fuerza, ordenados por intereses econ贸micos y pol铆ticos.
Referente al proyecto tur铆stico, Miranda afirm贸 que la poblaci贸n de la isla no se opone al mismo, sino que no ha existido una consulta previa y un reconocimiento por parte de Corplaya, “nosotros nunca nos hemos opuesto a que el desarrollo siga, lo que pasa es que el proyecto es muy ambicioso y no nos quieren incluir (…) Hay una comunidad asentada, que es Playa Blanca, y siempre la han querido desalojar, pero hasta hoy no han podido. La idea no es que el proyecto llegue y desaloje a los negritos que siempre hemos vivido ah铆, si no que nos reconozcan como la comunidad que somos, nos respeten nuestros derechos ancestrales y podamos seguir viviendo y trabajar en Playa Blanca, como siempre lo hemos hecho”.
El l铆der a帽adi贸 que existen cerca de 80 familias asentadas en este sector por m谩s de 40 a帽os, viviendo del comercio en la playa, y quienes deben ser incluidas en este proyecto “esperamos que el Gobierno nos preste las herramientas necesarias para organizarnos y estar acordes con el desarrollo tur铆stico”.
Por otra parte, los 3000 baruleros expresaron que protestar谩n pac铆ficamente, no asistiendo a los puestos de votaci贸n el pr贸ximo domingo por falta de agua potable al igual que una v铆a en condiciones adecuadas que les permita tener un acceso digno a su territorio.
Para transportarse desde la isla a Cartagena, solo es posible por medio de camperos con doble tracci贸n, o en moto, ya que esta ruta se ha erosionado 13 metros por su cercan铆a al mar. El problema del agua potable tambi茅n se deriva de este limitado acceso a la isla que impide la colocaci贸n de un acueducto para la comunidad, por lo que particulares venden el tanque de agua de 20 litros en $ 2.000.



