EL ESPECTADOR: Antes de que la guerra cambiara su destino, C贸rdoba era una zona privilegiada de Colombia. Cruzada por los r铆os Sin煤 y San Jorge, en medio de una exuberante riqueza h铆drica de m煤ltiples ci茅nagas y humedales, su territorio de sabanas y ramificaciones monta帽osas de la cordillera Occidental era un emporio de biodiversidad. Sin embargo, por estar situada entre Antioquia y la costa Caribe, era tambi茅n una regi贸n con alto valor estrat茅gico y, cuando su econom铆a primaria perdi贸 su vocaci贸n, entr贸 en la ruta del conflicto.
Esta transformaci贸n social est谩 resumida en una sentencia hist贸rica. La que profiri贸 hace pocos d铆as la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell铆n, que adem谩s de esclarecer por qu茅 C贸rdoba se volvi贸 eje de la expansi贸n paramilitar en Colombia, dio una orden judicial in茅dita: exhortar al Estado a identificar y adoptar mecanismos de rendici贸n de cuentas de los empresarios, comerciantes y personas de los sectores p煤blico y privado que promovieron o patrocinaron esta expresi贸n criminal.
Un esfuerzo por la verdad con un contexto espec铆fico: todo empez贸 cuando el uso de la tierra en la zona se transform贸 dr谩sticamente y la ganader铆a forz贸 la tala de bosques o la introducci贸n de pastos artificiales y alambres de p煤as. Impulsada por empresarios antioque帽os y cordobeses, esta din谩mica rompi贸 la coexistencia pac铆fica entre terratenientes, campesinos e ind铆genas, poco a poco fue ampliando la frontera agr铆cola y finalmente precipit贸 enconadas luchas por la concentraci贸n de la tierra.
Se hizo evidente una estructura desigual en su tenencia, se redujo la producci贸n y comercio de productos como la yuca, el arroz o el ma铆z, y la ganader铆a extensiva empez贸 a mandar. Con el tiempo, en el marco de la violencia bipartidista de los a帽os 40 y 50, se dieron dos complejas situaciones: confrontaci贸n entre guerrillas liberales y grupos conservadores y expulsi贸n de amplias capas del campesinado cordob茅s hacia el Urab谩 antioque帽o. En la d茅cada de los a帽os 60 el asunto ya era cr铆tico.
Entonces C贸rdoba —elevado a la categor铆a de departamento en 1952— se volvi贸 enclave de los dilemas pol铆ticos de la 茅poca. A instancias de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970), junto a Sucre se convirti贸 en epicentro del m谩s importante movimiento social de la segunda mitad del siglo XX, la Asociaci贸n de Usuarios Campesinos (Anuc), pero tambi茅n fue de las primeras regiones en las que se aplicaron normas expedidas bajo inspiraci贸n de la doctrina de seguridad nacional.
A trav茅s del decreto 3398 de 1965, el Ministerio de Defensa estaba habilitado para entregar armas a civiles que ayudaran a preservar el orden p煤blico y en C贸rdoba aparecieron las Juntas de Defensa Civil para enfrentar “el envalentonamiento de los campesinos”. El panorama se agrav贸 en 1967 cuando apareci贸 el Ej茅rcito Popular de Liberaci贸n (Epl) y escogi贸 esa zona para su expansi贸n. Luego, en los a帽os 70, llegaron las Farc. A la pelea por la tierra, la guerrilla sum贸 el homicidio, la extorsi贸n, el robo, el abigeato y el secuestro.
Una d茅cada despu茅s, la regi贸n ya era un territorio de guerra. A la defensa de la propiedad, con formas de justicia privada o estrategias de seguridad nacional termin贸 agreg谩ndose el narcotr谩fico, que tuvo en C贸rdoba una de sus principales zonas de propagaci贸n. Se dio una confluencia de intereses como expresi贸n contrainsurgente y, en medio de la tradici贸n de defensa civil armada para proteger hacendados y terratenientes, surgi贸 el narcoparamilitarismo de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Casta帽o.
Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia ech贸 abajo las normas que desde los a帽os 60 permit铆an a las Fuerzas Armadas compartir el monopolio de las armas con civiles, ya la casa Casta帽o hab铆a convertido la regi贸n en r铆os de sangre. A finales del gobierno Gaviria, a trav茅s del decreto ley 356 de 1994, se creaci贸n las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, y las Convivir, como fueron llamadas, se convirtieron en nueva mampara para que el paramilitarismo consolidara su hegemon铆a militar en la zona.
La investigaci贸n de 646 p谩ginas del Tribunal de Medell铆n, con ponencia del magistrado Rub茅n Dar铆o Pinilla, detalla la acogida que tuvieron las Convivir en C贸rdoba. La mayor铆a de licencias fueron expedidas por el exgobernador Carlos Miguel Buelvas o su secretario de Gobierno, Benito Osorio, hoy procesado por concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y apropiaci贸n de bienes, en conexi贸n con el paramilitarismo. A finales de los a帽os 90 ya hab铆a 17, dos de ellas lideradas por Salvatore Mancuso.
Recogiendo la confesi贸n de Fredy Rend贸n, alias el Alem谩n, la sentencia detalla como las convivir Horizonte y Guaimaral eran de Mancuso. La llamada Abibe pertenec铆a a Jes煤s Ignacio Rold谩n, alias Monoleche. La Nuevo Amanecer era de Rodrigo Peluffo, alias Cadena, y Francisco Piedrah铆ta. La Arrayanes, de alias Juancho Prada. La Devayan, de alias Juli谩n Bol铆var. El control paramilitar era absoluto y adem谩s del apoyo de terratenientes, ganaderos o comerciantes, pronto se sumaron los dirigentes pol铆ticos.
La providencia detalla la forma como se transformaron las casas pol铆ticas tradicionales, de qu茅 manera algunos de sus dirigentes hist贸ricos cayeron en el esc谩ndalo del proceso 8.000 por nexos con el narcotr谩fico, y c贸mo despu茅s se dio el relevo familiar por otros que terminaron envueltos en la redada de la parapol铆tica. Literalmente el paramilitarismo captur贸 el Estado local, fij贸 reglas sobre la contrataci贸n p煤blica o concert贸 pactos para controlar la representaci贸n en Congreso, asambleas y concejos municipales.
Pero no s贸lo extendi贸 sus redes a la pol铆tica, tambi茅n penetr贸 la administraci贸n de justicia, los organismos de inteligencia, el sistema carcelario, las Fuerzas Armadas o la Universidad de C贸rdoba. El fallo detalla uno a uno los episodios de corrupci贸n o violencia para ejercer ese poder. Hasta el periodismo que, seg煤n la decisi贸n judicial, al menos desde el diario El Meridiano, promovi贸 una estrategia de ocultamiento ante la grave crisis humanitaria que vivi贸 el departamento por la acci贸n de los grupos de autodefensa.
La sentencia condena a unos cuantos desmovilizados del paramilitarismo cuyos nombres poco o nada dicen; ordena reconocer como v铆ctimas a una interminable lista de personas o grupos familiares violentados; exhorta a diversas entidades p煤blicas y privadas a repararlos; y declara textualmente que el Estado, la Gobernaci贸n de C贸rdoba y la Alcald铆a de Monter铆a, entre otras instancias oficiales, son responsables por acci贸n y omisi贸n de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas con total impunidad.
El documento termina con la compulsa de copias para que se investigue a una decena de personajes entre empresarios, miembros de la Fuerza P煤blica, fiscales, jueces o periodistas. No se incluy贸 la sugerencia de uno de los desmovilizados, en el sentido de que fueran indagados todos los notarios de C贸rdoba desde 1985 a la fecha. De cualquier manera, la decisi贸n del Tribunal de Medell铆n aporta las piezas claves para armar el rompecabezas del despojo en el privilegiado y tambi茅n victimizado departamento de C贸rdoba.
El ponente de la sentencia
El magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell铆n, Rub茅n Dar铆o Pinilla, es el mismo funcionario judicial que en 2013 pidi贸 que el ex presidente 脕lvaro Uribe fuera investigado por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Abogado de la Universidad de Antioquia y funcionario judicial desde los 22 a帽os, el magistrado Pinilla se ha distinguido por sus investigaciones sobre la incidencia de la ilegalidad en Colombia.
Abogado de la Universidad de Antioquia y funcionario judicial desde los 22 a帽os, el magistrado Pinilla se ha distinguido por sus investigaciones sobre la incidencia de la ilegalidad en Colombia.
En su libro ‘El Estado ilegal’, el magistrado Pinilla detalla c贸mo a trav茅s de decretos de Estado de Sitio u otras f贸rmulas jur铆dicas, las autoridades le han dado un manejo equivocado a los temas de guerra y paz. Ahora, en su condici贸n de integrante de la Sala de Justicia y Paz, ha dictado sentencia respecto a importantes cap铆tulos de la violencia colombiana de los 煤ltimos tiempos.
En esta ocasi贸n lo acompa帽aron la magistrada Mar铆a Consuelo Rinc贸n y el magistrado Juan Guillermo C谩rdenas con salvamento parcial de voto.
Enclaves de un estado capturado
En la providencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medell铆n se mencionan varios personajes que resultaron fundamentales para la expansi贸n del paramilitarismo en C贸rdoba.
Por ejemplo, el ex congresista liberal, Miguel Alfonso De La Espriella, condenado por el delito de concierto para delinquir. O los ex congresistas Juan Manuel L贸pez, Mario Salvador N谩der, tambi茅n condenados por la justicia.
La decisi贸n ordena investigar a cinco ex fiscales, entre ellos a Luis Javier Cepeda Visbal. Lo mismo que a la sargento Luz Mary Soto, adscrita a la Polic铆a de Monter铆a. De igual manera a los particulares Pedro Pablo Beltr谩n, Casimiro Torres Medrano, William Sayeg, Pedro Ghisays, Manuel Troncos, Carmelo Cogollo, Pablo Enrique Triana, Rub茅n Dar铆o Obando, Luis Eduardo Barreto y Regis Amadeo Mart铆nez.
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