El basurero que viola derechos a los indígenas

La noticia que recibió el pasado domingo una de las comunidades indígenas que aún vive en el departamento de Córdoba, ha sido una de las más satisfactorias de las que les han llegado en los últimos diez años. De la voz de Julio Trujillo, barranquillero de 82 años, oyeron una decisión que podría poner fin a un problema que los trasnocha. Cerca a sus viviendas estaba levantándose un relleno sanitario para contener un millón 80 mil toneladas de basura a lo largo de tres décadas. “Es probable”, les habrá dicho Trujillo a las familas zenúes, “que esa construcción se detenga”. Ya no tendrán que preocuparse, como lo anotaron alguna vez en una carta, ni por las moscas, mosquitos y cucarachas que los inquietaban.

Lo que les notificó Trujillo fue la decisión que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tomó el 5 de marzo de 2015. En sus 133 páginas explica por qué la intervención de esas hectáreas en las que se espera albergar los residuos de los municipios de Ciénaga de Oro, Cereté y San Carlos, debe detenerse. Y explica, además, por qué generan sospecha los estudios que se hicieron y la licencia que otorgó un organismo estatal.

La historia del relleno sanitario que estaba construyendo en el corregimiento de Pijiguayal, que hace parte de la vereda Cantagallo, a unos 40 minutos de Montería, es famosa en todo Córdoba. Es popular por varios factores: porque implica una larga disputa que desembocó en la Corte Constitucional y porque están involucrados recursos públicos y privados que bordean los $5.000 millones. Sus protagonistas son una empresa llamada Coraseo SA, gestora del proyecto; unas familias campesinas e indígenas, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). También, incluye al político John Sudarsky, al Anla, al MinInterior y según registran medios regionales, hasta a alcaldes y concejales.

Justamente, Sudarsky fue quien dio a conocer esa disputa. Mientras hacía la campaña para el Senado en 2010, lo llevaron hasta Cantagallo para que viera con sus ojos el problema. A unos 500 metros de las viviendas zenúes estaban levantando el basurero. Él y la politóloga Lina Gómez, entonces una de sus asesoras, prometieron brindarles apoyo jurídico. Apoyo que terminó en la Corte Constitucional.

En pocas palabras, el tribunal delegó a la Anla la resolución y verificación de los líos técnicos, a la par que cuestionó el hecho de que la CAR estuviera vigilando el proyecto, pero a su vez fuera también financiador con $2.500 millones.

La CAR, frente al cuestionamiento, asegura que su inversión ya fue devuelta y que la financiación se dio después de aprobar la licencia. “La entrega del dinero se hizo porque una de nuestra labores es subsidiar las necesidades de saneamiento básico. Pero es un tema de interpretación jurídica que le compete resolver al Ministerio de Ambiente”, cuenta Ángel Palomino, su asesor jurídico.

Aquel documento de la Anla hace un examen de los estudios presentados por Coraseo a la CAR, de la licencia que ésta otorgó y de las consecuencias que hasta el momento ha tenido la intervención. Aunque cuestiona los análisis de gases, emisión de ruidos, estudios de cuerpos de agua, vegetación y afectación a la población, todo podría resumirse en unas cuentas frases:

“La evaluación carece de rigor técnico e impide evaluar los impactos ambientales”. “No se le otorgó el peso requerido a la población”. “Los arroyos presentan una amenaza de contaminación”. “La geología de la zona, el retiro de la cobertura vegetal y el movimiento de tierras, están determinando nuevas zonas de amenaza por alud y flujos de lodo”.

Sin embargo, Dorance Rodríguez, vocero de Coraseo, cuestiona a la Anla. Dice que su visita apenas duró un par de días, que no evaluó los 15 fólderes que le presentaron con los estudios técnicos y que detrás de todo este lío hay intereses que superan los $4.000 millones.

“Ante esa resolución nosotros presentamos un recurso que aún no han resuelto. Ahora, este proceso arrancó en 2005. Fuimos licenciados en 2010 y cumplimos con todos los estudios previos. Es entendible: nadie quiere como vecino a un relleno sanitario. Pero lo cuestionable es la presencia del señor Trujillo que tienen otros intereses. Pusieron una tutela que buscaba una indemnización de $4.000 millones. El Tribunal de Montería la negó”, dice Rodríguez. (El Espectador le solicitó esos documentos, pero hasta el cierre de esta edición no los había recibido)

De acuerdo al empresario, cerca a la zona no hay ninguna comunidad indígena. Así lo certificó el Ministerio del Interior el 9 de mayo de 2012. “Ese es un lugar árido y no productivo. ¿Por qué no se quejan de las explotaciones de arena que hay cerca? ¿Por qué nadie dice nada de la planta de asfalto que hay a un kilómetro?”.

Pero aunque es cierto, el MinInterior emitió esa certificación, la verdad es que entonces no tenían registrados a grupos étnicos. Hoy, al ser consultados, aseguran que “en efecto hay personas y familias que se identifican como indígenas de la etnia Zenú. Además, hay varias comunidades que desde tiempo atrás tienen solicitud de estudio etnológico”.

Lo mismo certifica Lina Gómez, quien ha estado en la región y quien defiende de las acusaciones a Trujillo. “Él, me consta, es un líder comunitario que no tiene intereses económicos”. “De hecho - complementa Trujillo- en una ocasión intentaron ofrecerme un puesto en Coraseo. Aunque sí hay interpuesta una demana por $1.500 millones porque dañaron varios aljibes que surtían agua a la población. Ellos no tienen acueducto”.





ssilva@elespectador.com
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