El fin de la Judicatura y la Comisión de Acusación

Luego de ocho meses de discusiones, con la oposición férrea de la Rama Judicial y hasta diferencias entre altos funcionarios del Gobierno, el Congreso de la República, en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó ayer gran parte de la reforma de equilibrio de poderes, en una sesión que fue levantada sobre las 10 de la noche, cuando faltaban sólo cuatro artículos para terminar la aprobación de la iniciativa, porque el quórum se estaba reduciendo y no había votos suficientes para darle vía libre a ese articulado. Además, se presentó una polémica por un presunto “mico” que dejaría la puerta abierta para la reelección del defensor del pueblo.

Los puntos pendientes de aprobación son: la creación de cuatro curules especiales para las regiones que no tienen representación en el Senado; la eliminación del “yo te elijo, tú me eliges” en las cortes, y la participación equitativa de las mujeres en política, que serán discutidos el martes de la semana entrante cuando se reanudará el debate.

Sin duda, la iniciativa plantea cambios sustanciales en la estructura del Estado, que apuntan a evitar la politización de las altas cortes y cortar de tajo los escándalos protagonizados por sus magistrados. Para el Gobierno, la columna vertebral de la reforma es la eliminación de la reelección presidencial, considerada el principal factor de desequilibrio institucional. Y para evitar que el Congreso sea persuadido para permitirla nuevamente, se estableció una cláusula que sólo abre esa posibilidad vía referendo o constituyente. También fue prohibida la reelección de otros funcionarios del Estado, como el procurador, el fiscal, los magistrados de las altas cortes, el contralor, el registrador nacional y los miembros del Consejo Nacional Electoral.

En materia de reforma judicial, el articulado busca prohibir el “yo me elijo, tú me eliges”, es decir, que los servidores públicos no podrán contratar o nombrar a familiares o personas que hayan intervenido en su postulación para el cargo y de este modo se acaba la “puerta giratoria” entre magistrados de altas cortes y órganos de control. A su vez, para enfrentar la impunidad en los procesos contra magistrados y el fiscal, se creó la comisión para el juzgamiento de aforados, que para procesos disciplinarios tendrá acusación en la Cámara y podrá ser apelado, en segunda instancia, ante el Senado. Si se trata de procesos penales, el caso será enviado a la Corte Suprema. Esta comisión de aforados estará compuesta por tres magistrados que serán elegidos por el Congreso para un período de ocho años.

El presidente de la República tendrá un juzgamiento político que será adelantado por una comisión accidental en el Congreso. En el caso del vicepresidente, será investigado por la Fiscalía y juzgado por la Corte Suprema bajo el mismo régimen de los ministros, el procurador, los alcaldes y gobernadores. Por otra parte, se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura para crear la comisión nacional de gobierno y administración judicial, que definirá las políticas de la rama, el reglamento de la carrera judicial y aprobará el presupuesto.

Dicha comisión estará compuesta por los presidentes de las altas cortes, un representante de los empleados de la Rama Judicial, otro de jueces y magistrados, un gerente y tres expertos nombrados por un período de cuatro años. La propuesta para que los congresistas pudieran renunciar a sus curules para ser ministros o embajadores no alcanzó la votación necesaria y se hundió.
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