Bogotá, primero de julio de 2015.
El Movice recibió información directa de las familias campesinas, las cuales manifiestan que también están participando en las agresiones hombres encapuchados que no hacen parte de la fuerza pública, pero que están al servicio de las autoridades.
Hasta el momento se reportan un total de 15 personas heridas, entre ellas dos menores de edad, un niño y una niña, de aproximadamente nueve años. Dos de los afectados se encuentran en grave estado de salud: Jahir Puentes, quien recibió un tiro con arma de fuego en su pierna y tiene una mano fracturada, y Johana Muñoz, quien se encuentra en estado de embarazo y tiene graves heridas en su rostro, debido al lanzamiento directo de gases lacrimógenos por parte de la policía, acción que está prohibida por protocolo que limita el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Es de resaltar que uno de los heridos no ha podido ser atendido por que no se permite la salida de ninguna persona del lugar donde están ocurriendo los hechos.
“Están usando los mismos métodos que utilizaron cuando nos desplazaron en 1996, llegar policías, ESMAD y paramilitares. Arremetieron contra nosotros, hiriéndonos con armas de fuego y disparándonos esos gases y perdigones que ellos mandan de cerca y los encapuchados nos dañaron los cambuches y todo lo que teníamos. Acá nos tienen acorralados y están acompañados del Inspector de Policía y del personero del Municipio de La Gloria”, manifestó una de las familias campesinas.
Según el testimonio de otra persona que se encuentra en el lugar, son ya 19 años de desplazamiento en los cuales han agotado todas las instancias gubernamentales, acudiendo al Incoder, al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Restitución, así como llegado a acuerdos con el Gobierno Nacional a través de la Mesa de Interlocución, los cuales el Estado nunca cumplió.
“Nosotros responsabilizamos directamente al Incoder y al Gobierno de todo esto que nos está sucediendo, porque no han tenido la voluntad política de solucionarnos esto que nos ha Estado ocurriendo. Nos ha tocado vivir en la región arrimados. Esos megaproyectos nos van arrimando más, no tenemos dónde sembrar una mata, un maíz; volver a la tierra es la única alternativa que tenemos para poder vivir”, relató.
Las familias campesinas de la Hacienda Bella Cruz insistieron también en que tras el despojo de sus tierras hay intereses privados, que son defendidos en alianza con paramilitares, empresas palmeras y autoridades militares y civiles.
“Estamos aquí con el objetivo de volver a las tierras que nos pertenecen a nosotros. Nos desplazaron los días 13 y 14 de febrero de 1996. Éramos 286 familias y llevábamos más de 10 años viviendo acá, con medios de subsistencia y la región se beneficiaba, porque había comida. Ahora no se encuentra nada. Antes del desplazamiento, los militares nos engañaron con regalos y lo que estaban era haciendo un censo para entregárselo a estos grupos. Todo eso fue patrocinado por los hermanos Francisco y Carlos Marulanda Ramírez, quienes luego vendieron la propiedad a Germán Efromovich, que es presidente de Avianca y se está beneficiando de esto”, reiteró la comunidad.
Exigencias
Ante esto, los campesinos y campesinas agrupados en la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (ASOCADAR) exigen al Gobierno Nacional, brindar la protección a la vida, libertad e integridad física de las familias que han decidido retornar a los predios baldíos de la Hacienda Bella Cruz.
Que la Secretaría de Salud disponga, por parte del personal del hospital más cercano, la atención inmediata y necesaria en el lugar de los hechos para las personas que se encuentran heridas, entre las cuales hay niños y niñas.
Que la Fiscalía General de la Nación asuma de manera inmediata la investigación de estos hechos en los cuales los agentes del Estado allí presentes le habrían dado un tratamiento de guerra a la población civil en un uso inadecuado de la fuerza para dispersar manifestaciones.
Que la Procuraduría asuma como agente oficioso la investigación disciplinaria de la Inspectora de Policía a cargo, por haber ordenado de manera arbitraria el desalojo de esta comunidad campesina, sin previamente mediar una consideración sobre la calidad de las personas que se encontraban en ese momento, como: niños, ancianos y mujeres en estado de embarazo, entre otros.
Que las autoridades competentes y los entes de control investiguen las instituciones públicas que han estado comprometidas en esta cadena de despojo y establezcan la responsabilidad individual de todos aquellos funcionarios y funcionarias que han emitido resoluciones y otras decisiones en contra de los derechos de la comunidad campesina.
De igual manera, que, de parte del INCODER, se ordene la revocatoria de la Resolución 0334 del 19 de feb de 2015, mediante la cual el actual subgerente de Tierras rurales, CARLOS IGNACIO CARMONA MORENO, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones de 1990 y 1194.
Que se adjudiquen los predios baldíos de la hacienda Bella Cruz, a los campesinos sujetos de reforma agraria, quienes fueron víctimas del despojo.
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional y a todas las organizaciones hermanas y de derechos humanos, rodear la comunidad campesina que hoy ha retornado a la Hacienda Bellacruz, acompañarla, verificar las garantías y el respeto a sus derechos, gestionar apoyo que permita la recuperación de sus proyectos productivos y condiciones de salubridad en la emergencia.
Antecedentes
1. El caso de la Hacienda Bellacruz, es uno de los casos emblemáticos en el que se puede observar claramente el complot sistemático de las instituciones y los paramilitares para la instauración y profundización del modelo económico en el país, y en el que se pueden encontrar distintas tipologías de despojo, que a juzgar por las recientes resoluciones del INCODER, estas siguen incólumes.
2. La comunidad de la hacienda Bellacruz fue víctima de crímenes atroces, que obligaron su desplazamiento en el año de 1996, en hechos ocurridos por paramilitares al mando de “Juancho Prada” en los cuales se encuentra involucrada la familia Marulanda Ramírez.
3. La comunidad había exigido de las autoridades competentes clarificación de la propiedad del predio conocido como Hacienda Bella Cruz. El INCORA, dio inicio al proceso de clarificación en 1990 y en 1994 decidió el proceso de clarificación de la Hacienda Bella Cruz, declarando varios predios como bienes baldíos de la Nación.
4. Sin embargo, los días 13 y 14 de febrero del año 1.996 la comunidad campesina, fue desplazada violentamente por un grupo de Paramilitares del Bloque “Héctor Julio Peinado Becerra”, al mando del comandante paramilitar conocido como “Juancho Prada”. Este grupo paramilitar fue contratado por los hermanos MARULANDA RAMÍREZ, quienes se adjudicaban la propiedad de la Hacienda Bella Cruz, hoy Hacienda La Gloria, que aparece actualmente como propiedad de la empresa La Dolce Vista -LDV- sociedad de capital mixto creada en Panamá, cuyo principal accionista es GERMÁN EFROMOVICH, presidente de la aerolínea Avianca.
5. Solo hasta el año 2011, 21 años más tarde el INCODER retomó el caso. El 5 de septiembre de 2011, con una resolución proferida por el INCODER, se inició el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
6. En el año 2013, EL INCODER, determinó que existía “una ocupación indebida de baldíos” de 1.500 hectáreas, por parte de La Gloria S.A.S, M.R Inversiones S.A.S, La Dolce Vista State y el grupo agroindustrial Hacienda La Gloria S.A. y ordenó la restitución de los bienes baldíos de la Nación. por ello, mediante resolución No. 481 el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER), habiendo valorado el conjunto probatorio, declaro la indebida ocupación de los predios Potosí, Venecia, San Simón, Los Bajos y Caño Negro, ubicados en el corregimiento de Simaña, jurisdicción de la Gloria, Departamento del Cesar.
7. Mediante resolución 0334 del 19 de feb de 2015, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER), mediante el actual subgerente de Tierras rurales, CARLOS IGNACIO CARMONA MORENO, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones de 1990 y 1194 y en consecuencia ordenó iniciar nuevamente las diligencias administrativas tendientes a clarificar la Hacienda Bellacruz. Estas resoluciones son la 03948 del 6 de agosto de 1.990 y las resolución 01551 del 20 de abril de 1.994 donde se clarificaba la propiedad de los predios Potosí, Venecia, San Simón, Los Bajos y Caño Negro en el corregimiento de Simaña municipio de La Gloria declarándolos baldíos de la Nación, con dicha resolución el INCODER retrocede el proceso en favor de los particulares.
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