El representante del Ministerio Público argumentó su solicitud señalanado que la funcionaria judicial no había tenido en cuenta argumentos expuestos por los abogados de los implicados.
La determinación sobre si recobran o no la libertad, quedó en manos de un juez de segunda instancia.
La Fiscalía General de la Nación, en una pasada audiencia le imputó cargos por los delitos de rebelión, lesiones personales, terrorismo y daño en bien ajeno, cargos que representan una pena de hasta 30 años de prisión.
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