Hasta el momento, la Fiscal铆a General imput贸 cargos que exponen a los detenidos a penas que van de los 22 a los 30 a帽os de prisi贸n. Por su parte, las 13 personas del Congreso de los Pueblos supuestamente implicadas en los hechos que se le imputan se declararon inocentes aduciendo que se trata de un “falso positivo judicial” y que “se est谩 queriendo criminalizar la protesta social”.
Se conoce que el fiscal auxiliar que est谩 llevando el caso solicit贸 ante el juez 72 de garant铆as, medida de aseguramiento contra los 13 j贸venes detenidos; mientras que los abogados de la defensa insisten que el proceso se ha desarrollado con irregularidades por parte de la Fiscal铆a.
“Hay seguimientos ilegales en contra de familiares de los defensores; tambi茅n de los lugares y oficinas de trabajo de algunas de las organizaciones de derechos humanos vienen siendo vigiladas.
Tenemos conocimiento por fuentes de alta credibilidad de un plan de acci贸n en contra de organizaciones y defensores de derechos humanos, en el cual pretende vincul谩rsenos con las insurgencias tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- como del Ejercito de Liberaci贸n Nacional -ELN-.
Es un plan que se extiende a miembros del Movimiento Social y Pol铆tico Marcha Patri贸tica y del Congreso de los Pueblos. Esto incluir铆a la posibilidad de allanamientos, interceptaciones ilegales, seguimientos, e inclusive la posibilidad de atentar de manera violenta contra defensores e integrantes del movimiento social”, advierte Manuel Garz贸n, abogado de la Comisi贸n Justicia y Paz.
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