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Un muerto y una veintena de heridos dej贸 el martes el enfrentamiento entre polic铆as y trabajadores mineros de Doe Run Per煤 alzados en huelga indefinida, en un nuevo hecho que complica a esta importante actividad productiva del pa铆s.
Con bloqueos de carreteras, centenares de operarios iniciaron en la ciudad minera de La Oroya (178 km al noreste de Lima, a 3.725 metros de altitud), una manifestaci贸n para pedir al gobierno que reduzca los requisitos ambientales que impiden a la empresa -en una complicada situaci贸n financiera- operar completamente y captar nuevos inversionistas.
"Hay una persona muerta y 22 heridos, entre ellos cuatro personas graves(...) Seg煤n los m茅dicos, la v铆ctima fue llevada al hospital, procedente de los enfrentamientos entre polic铆as y trabajadores", dijo a la radio RPP el alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo.
"Aparentemente muri贸 por herida de bala en el pecho", inform贸 a Canal N Mart铆n Ord贸帽ez, gerente de Salud de la regi贸n de Jun铆n, donde se encuentra La Oroya.
Como consecuencia de las protestas, centenares de autobuses yveh铆culos de carga pesada se encuentran varados en la carretera Central, v铆a que conecta a Lima la regi贸n central y amaz贸nica de Per煤.
El alcalde Arredondo apel贸 al ministro del Interior para que colabore en elcese de la violencia y al presidente peruano, Ollanta Humala, para que instale en el plazo m谩s breve una mesa de di谩logo.
La miner铆a es una actividad clave en el desarrollo de la econom铆a de Per煤, que es el segundo mayor productor mundial de cobre y el quinto de oro.
Ambiente vs. inversi贸n
Doe Run Per煤, propiedad del estadounidense grupo Renco y que funciona de forma independiente de la estadounidense Doe Run Resources Corporation, opera en La Oroya (Jun铆n), en los andes centrales, un complejo metal煤rgico con una refiner铆a de metales que ha generadoserios problemas de contaminaci贸n ambiental a la ciudad y sus habitantes.
La compa帽铆a, productora de cobre, plomo, zinc y otros metales, paraliz贸 su actividad en junio de 2009 por incumplir un proceso de reestructuraci贸n y un programa de adecuaci贸n y manejo ambiental. La empresa tuvo problemas por deudas despu茅s de que un grupo de bancos cortara sus l铆neas de cr茅dito, tras una crisis financiera que puso a la compa帽铆a al borde de la quiebra.
En julio de 2012, un sector del complejo metal煤rgico reinici贸 sus operaciones y actualmente, Doe Run Per煤 avanza en un proceso de venta internacional de activos.
Para ser reflotada la compa帽铆a necesita de esa venta, lo cual permitir铆a pagar sus deudas, resolver los pasivos ambientales y garantizar los empleos. Pero los trabajadores consideran que ello ser谩 muy dif铆cil debido a las exigencias de protecci贸n ambiental que las autoridades peruanas le exigen.
De no concretarse la operaci贸n, la compa帽铆a podr铆a ser liquidada,advierten los trabajadores.
"Este enfrentamiento no puede darse. Nos han obligado a llegar a esto. La empresa dentro de dos semanas puede irse a una liquidaci贸n simple y 3.260 trabajadores del complejo minero La Oroya y de Cobriza (otra de sus operaciones) pueden irse a la calle con su carta de despido", dijo a Canal N Luis Castillo, representante de los trabajadores.
"No estamos en contra de cuidar el medioambiente, al contrario. Les pedimos que nos permitan una adecuaci贸n gradual. Nosotros seremos los primeros fiscalizadores", agreg贸.
La ciudad de La Oroya, de 30.000 habitantes, vive de la miner铆a desde hace m谩s de 100 a帽os, y es considerada una de las urbes m谩s contaminadas del mundo por los gases resultantes del refinado del metal.
Pasivos ambientales
El gobierno del presidente Ollanta Humala, que inici贸 en julio su 煤ltimo a帽o de gesti贸n, ha estado marcado por conflictos relacionados con el medio ambiente y la miner铆a.
En mayo, cuatro personas murieron en el marco de protestas de pobladores contra el proyecto cupr铆fero T铆a Mar铆a, de Southern Per煤, filial de la mexicana Southern Copper.
"No se trata s贸lo de dar m谩s permisos (a las mineras). Se trata de generar confianza (...) Que el estado genere confianza", coment贸 recientemente a la prensa extranjera Roque Benavides, presidente Ejecutivo de Buenaventura, la mayor minera peruana.
Seg煤n la Defensor铆a del Pueblo, hasta el mes de junio exist铆an 210 conflictos sociales abiertos en el pa铆s, de los cuales m谩s del 60% de ellos tienen que ver con la protecci贸n del medio ambiente en el marco de actividades mineras.
