A comienzos de octubre, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le confirm贸 al pa铆s la decisi贸n de liquidar la Caja de Previsi贸n de las Comunicaciones (Caprecom), una entidad con m谩s de un siglo de historia y que desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 se hab铆a convertido en la EPS m谩s grande del r茅gimen subsidiado en salud, con m谩s de tres millones de afiliados. Su cr铆tica situaci贸n financiera y administrativa, con deudas estimadas en $2,6 billones —la mayor铆a con la red hospitalaria p煤blica y privada del pa铆s— la hacen una entidad insolvente.
Una crisis con m煤ltiples aristas y donde gran parte del agua sucia les cae a la clase pol铆tica y a los manejos que se le dieron desde el alto gobierno. Muchos de los errores parten desde la transformaci贸n estructural que se le hizo en 2002 y terminaron desbordando su capacidad instalada, haciendo necesaria la tercerizaci贸n de la mayor铆a de su operaci贸n a trav茅s de cerca de 50 cooperativas, que le prestaban todo tipo de servicios, como fue el funcionamiento de las m谩s de 230 IPS en todo el pa铆s y la contrataci贸n de personal en un volumen ocho veces superior al de la n贸mina oficial de la entidad.
Dos de esas cooperativas son cuestionadas en un informe de auditor铆a forense solicitado por la reci茅n renunciada directora Luisa Fernanda Tovar, en diciembre de 2013, con el fin de revisar la contrataci贸n de las anteriores administraciones, desde 2010 hasta 2012, a帽o en que ella lleg贸 al cargo, nombrada directamente por el presidente Juan Manuel Santos, con la tarea de conjurar la crisis en la entidad. A pesar de que el costo de la elaboraci贸n de la auditor铆a, que se contrat贸 con una uni贸n temporal de la que form贸 parte la multinacional estadounidense JAHV McGregor S.A., fue de $4.795 millones, ese informe nunca se ha hecho p煤blico.
Las cooperativas son Cooperamos CTA y Coopservicios CTA, que llegaron a la entidad durante la administraci贸n de Carlos Tadeo Giraldo (2002-2010). Su trabajo era administrar la n贸mina de unos 3.000 empleados, funcionando como una especie de bolsa de empleo. Adem谩s, aunque se presentaron como entidades independientes, figuran con la misma direcci贸n de domicilio en Manizales y sus representantes legales y fundadores son los primos C茅sar Augusto Aristiz谩bal Giraldo y Juan Carlos Giraldo Bernal. Carlos Tadeo Giraldo fue el primer director de Caprecom en la administraci贸n Uribe, es oriundo de Pensilvania (Caldas) y siempre se le vio como cuota pol铆tica del entonces senador 脫scar Iv谩n Zuluaga y del exdirector de Acci贸n Social Luis Alfonso Hoyos.
La auditor铆a, de m谩s 4.000 p谩ginas, conocida por este diario, revela la existencia de un presunto caso de corrupci贸n que compromete m谩s de $400.000 millones. Por ejemplo, da cuenta de una serie de irregularidades alrededor de los contratos con las mencionadas cooperativas, que llegaron a manejar m谩s del 45 % de la contrataci贸n de los funcionarios de la EPS, entre m茅dicos, personal de enfermer铆a, asistencial y administrativo.
Solamente durante los tres a帽os auditados recibieron contratos iniciales por valor de $238.155 millones, pero lograron adiciones peri贸dicas por valor de $84.033 millones. Seg煤n la auditor铆a, esta es una “situaci贸n que denota una importante concentraci贸n de recursos en cooperativas que pretenden mostrarse como empresas independientes pero figuran con la misma direcci贸n del domicilio social, todo esto en contra del decreto 2025 del 8 de junio de 2011, seg煤n el cual las instituciones o empresas p煤blicas y/o privadas no podr谩n contratar sus procesos o actividades misionales permanentes con cooperativas de trabajo asociado”.
El informe revela adem谩s una serie de aparentes anomal铆as en los contratos establecidos. Detalla pagos de servicios que no fueron recibidos a satisfacci贸n y que se realizaron sin el lleno de los requisitos. Menciona la existencia de “hechos cumplidos” por valor de $4.620 millones, los cuales les fueron pagados a las cooperativas en contra de lo consagrado en el art铆culo 22 del Decreto 115 de 1996, que dice que “no se podr谩 tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no re煤nan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos”.
Por otra parte, se帽ala que en el momento de firmar los primeros contratos, las cooperativas no ten铆an ni el 1 % de patrimonio en relaci贸n con el valor contratado, dice que los contratos se firmaron al parecer sin el lleno de los requisitos y pone como ejemplo las p贸lizas de cumplimiento y responsabilidad, que fueron expedidas tiempo despu茅s de firmar los contratos. Igualmente, que los pagos de seguridad social de los trabajadores no se habr铆an realizado de forma oportuna, adem谩s de que se les hicieron descuentos de sus salarios como ahorros programados.
El incumplimiento de estas cooperativas con los trabajadores abri贸 incluso la puerta a procesos judiciales en contra de Caprecom, que termin贸 asumiendo sus deudas de manera solidaria o ante el embargo de sus cuentas bancarias y la constituci贸n de t铆tulos judiciales por valor de $12.996 millones. Lo curioso es que, a mediados de 2013, las cooperativas de los primos Giraldo se declararon en quiebra y presentaron demandas en contra de la misma entidad por el supuesto no pago de $16.000 millones por sus servicios de bolsa de empleo.
En un debate en el Congreso, la exdirectora Luisa Fernanda Tovar descarg贸 la responsabilidad en Tadeo Giraldo y en su sucesor, Mario Andr茅s Ur谩n, joven coste帽o que trabaj贸 en la primera campa帽a de Juan Manuel Santos, quien en 2010 fue quien les adicion贸 a las dos cooperativas los $84.000 millones en contratos. Caprecom ya est谩 en proceso de liquidaci贸n y se espera que comiencen a aflorar m谩s detalles que durante los 煤ltimos 123 a帽os se mantuvieron en secreto y sobre los cuales la Contralor铆a, la Procuradur铆a y la Fiscal铆a ya adelantan investigaciones.
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