As铆 se desprende del informe Colombia: restituir la tierra, asegurar la paz en el que se analiza la situaci贸n de las zonas rurales en Colombia, espec铆ficamente la situaci贸n de aquellas 谩reas que han sufrido m谩s directamente el conflicto armado que azota el pa铆s desde hace m谩s de medio siglo.
AI se帽ala en su trabajo que "el desplazamiento forzado y la apropiaci贸n indebida de tierras, a menudo mediante la violencia y la intimidaci贸n, han sido un elemento distintivo del conflicto armado interno de Colombia".
Precisamente uno de los puntos de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC que se desarrollan desde hace tres a帽os en La Habana se refiere a la situaci贸n de la propiedad de la tierra en el mundo rural en el pa铆s.
Ese fue el primer punto de la agenda pactada para los di谩logos de paz y llegaron a un acuerdo al respecto en mayo del 2013.
El informe destaca que esos "abusos y violaciones de derechos humanos han estado dirigidos sobre todo contra las comunidades ind铆genas, afrodescendientes y campesinas".
"Los pueblos ind铆genas tienen una relaci贸n espiritual singular con sus tierras ancestrales", subraya el dossier y recuerda el art铆culo 26 de la declaraci贸n de la ONU sobre los derechos de los pueblos ind铆genas, que fue refrendada por Colombia en abril del 2009.
Ese art铆culo contempla que "los pueblos ind铆genas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han pose铆do, ocupado o utilizado o adquirido".
El informe, que examina en detalle el caso de dos comunidades, una ind铆gena y otra afrodescendiente, menciona que esos dos pueblos "llevan decenios intentando obtener un t铆tulo de propiedad colectiva".
"Los representantes de las comunidades que tratan de obtener el reconocimiento de su derecho a la tierra han hecho y siguen haciendo frente a graves abusos y violaciones de derechos humanos, principalmente a manos de paramilitares", destaca.
La directora del Programa Regional para Am茅rica de AI, Erika Guevara Rosas, se帽ala que "la propiedad y ocupaci贸n de tierras ha sido uno de los ejes fundamentales de la brutal guerra de Colombia, en cuyo contexto unos seis millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde 1985 a causa de la violencia".
Guevara Rosas subraya que "cualquier acuerdo de paz carecer谩 de sentido a menos que los derechos de las comunidades ind铆genas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir c贸mo se usan tenga prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio".
El informe de AI recoge los principales obst谩culos para la restituci贸n de tierras y se refiere espec铆ficamente a las amenazas de muerte contra l铆deres comunitarios por las bandas criminales, como las 脕guilas Negras, nacidas tras la desmovilizaci贸n de las paramilitares AUC a mediados de la d茅cada pasada.
Por ello, pide a Colombia que se cursen "investigaciones efectivas e imparciales sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros que dieron lugar a la apropiaci贸n indebida de tierras mediante la violencia, la intimidaci贸n, la corrupci贸n y otras violaciones de la ley".
Entre esas investigaciones AI considera necesario incluir la responsabilidad de funcionarios del Estado y de los intereses econ贸micos "y poner a disposici贸n de la justicia en tribunales civiles ordinarios a los sospechosos de responsabilidad".
Adem谩s, Amnist铆a Internacional pide se implanten medidas de protecci贸n efectiva para los reclamantes de tierras y quienes los apoyan, lo que debe incluir medidas "de protecci贸n preventiva colectiva" para las comunidades ind铆genas y afrodescendientes.
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