La primera "farmacia popular" comenz贸 en Chile como la idea del alcalde comunista Daniel Jadue y ha causado tanto revuelo, que hasta pol铆ticos tradicionales de derecha est谩n pensando emular la idea.
Desde que se abri贸 el 15 de octubre en Recoleta, una de las 37 comunas de Santiago, en el pa铆s sudamericano no dejan de hablar sobre "la farmacia justa", que ofrece medicamentos hasta diez veces m谩s baratos que las cadenas privadas que dominan la industria farmac茅utica chilena.
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El cuadro comparado de precios habla por s铆 solo.
La conocida "Aspirina" de 100mg, por ejemplo, cuesta US$1,7 en la farmacia popular y US$8,6 en una farmacia com煤n.
Un antihipertensivo como "Hidroronol T" cuesta US$14,4 en la popular, y entre US$152 y US$195 en otros locales.
La lista circula profusamente en medios y redes sociales, y las diferencias de precios sorprenden e indignan a la ciudadan铆a.
En el establecimiento s贸lo pueden comprar los residentes de Recoleta con recetas al d铆a y para f谩rmacos que no se entreguen en consultorios p煤blicos.
De los 150.000 recoletanos, inicialmente se inscribi贸 un grupo de 250 personas.
Muchos chilenos piden ahora iniciativas similares a las que puedan tener acceso todos.
Apoyo oficial
La iniciativa ha sido respaldada por la ministra de Salud de Chile, Carmen Castillo:
"Vamos a respaldar a las farmacias populares", dijo en la C谩mara de Diputados.
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Que el Legislativo realizara una sesi贸n especial sobre el tema es otra muestra del impacto de la botica recoletana.
La ministra plante贸 dar curso a una modificaci贸n legal que fortalezca la venta de remedios en los municipios.
Incluso una de las tres farmacias privadas de mayor participaci贸n en el mercado sali贸 a pedir que se establezca un mecanismo 煤nico de adquisici贸n de f谩rmacos, para bajar ellos tambi茅n sus precios.
Argumentan que los laboratorios les cobran m谩s a ellos que a Cenabast, el organismo fiscal que adquiere los remedios para el sistema p煤blico.
Privado vs. p煤blico
"No es raro que se plantee una iniciativa como la farmacia popular en Chile, donde el mercado farmac茅utico ha sido dif铆cil de regular", le dice a BBC Mundo la cientista pol铆tica Constanza Sweet.
En Chile, hay dos canales de venta de remedios.
El Estado opera a trav茅s de Cenabast, que abastece al sector p煤blico y por lo tanto cuenta con el poder de compra para bajar los precios de los laboratorios.
En el sector privado, los laboratorios venden a las "droguer铆as" o grandes distribuidoras, que a su vez venden a las farmacias.
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Cada una de esas tres partes genera un costo y una ganancia, y esos montos inciden en el precio que paga el consumidor, explica Sweet.
En el pa铆s, el 90% del mercado lo controlan tres grandes cadenas: Cruz Verde, asociada a la mexicana Femsa; Farmacias Ahumada, de la estadounidense Walgreens, y la chilena Salcobrand.
Dos veces, los a帽os 1995 y 2008, fueron condenadas por colusi贸n de precios.
Lo que hizo Recoleta para disminuir los precios en la farmacia popular fue tomar el mismo dinero que ya empleaban en comprar remedios para sus vecinos en las grandes farmacias, y usarlo en cambio para adquirir los f谩rmacos a la estatal Cenabast, negociar directamente con los laboratorios o importar medicamentos desde el extranjero.
Comprando de acuerdo a las recetas de sus vecinos, la farmacia popular funciona en la pr谩ctica como un canal de compra y venta, sin fines de lucro.
¿Inconstitucional?
La farmacia popular enfrenta tambi茅n sus oponentes.
Un senador de la oposici贸n calific贸 la idea como "demagogia de la izquierda", pues los sectores m谩s vulnerables pueden acceder a remedios gratuitos en el servicio p煤blico.
En las editoriales de los dos principales diarios de Santiago, se critic贸 que el proyecto generar谩 expectativas desmedidas, que los medicamentos estar谩n subsidiados, y, aunque ser谩n baratos para los usuarios, a la larga, el costo para el municipio ser谩 mayor.
M谩s grave a煤n, se acusa de que la idea podr铆a contravenir la debatida Constituci贸n vigente.
Los municipios pueden comprar medicamentos como "acci贸n social", pero est谩n impedidos, igual que todo el Estado de Chile, de incurrir en cualquier actividad empresarial.
Si as铆 lo fuera, se requerir铆a una autorizaci贸n expresa, aprobada por ley de qu贸rum calificado con los votos de 3/4 de ambas c谩maras del Congreso.
"Son muchos los pa铆ses donde el Estado interviene como actor, negocia y logra disminuir el precio de los medicamentos", dice Sweet.
"Es una de las herramientas que tienes para lograr que los medicamentos lleguen a mejor precio a la poblaci贸n. Pero en Chile cada vez que entra el estado, se toma como si fuera un asunto ideol贸gico. En Chile, lo que tiene que ver con el Estado se toma como blanco y negro. No es as铆. En el mundo, esta discusi贸n es gris".
De los 250 vecinos originales, Recoleta ya suma 1.500 inscritos en su farmacia popular. En el primer seminario que organiz贸 para explicar la iniciativa, asistieron m谩s de 130 municipalidades.
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