El congresista del Polo Democrático Alternativo expuso información oficial que demuestra que desde 1995 hasta 2015, se han firmado 1.229 convenios entre el Ministerio de Defensa y empresas mineras, de hidrocarburos e hidroeléctricas.
Se calcula que 68.255 miembros de la Fuerza Pública hacen parte de las unidades dispuestas para estos convenios, que según el senador Cepeda, contienen elementos de privatización de las Fuerzas del Estado.
Cepeda destacó su preocupación por la celebración de convenios que involucran a los batallones que cuentan con el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Hizo énfasis en el caso del general Henry William Torres Escalante, quien desde el 2 de septiembre del 2014, es el jefe del Comando Conjunto No.2 de Suroccidente, y tiene a su cargo los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Entre 2005 y 2007, Torres Escalante estuvo a la cabeza de la BR16 en Casanare, durante este periodo, se investigan casos de ejecuciones con 143 vÃctimas asociadas a las unidades militares bajo su mando. Según las FiscalÃas delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, existen 6 Investigaciones contra Henry Torres. Ver presentación anexa página 68.
En el debate se denunció el presunto seguimiento ilegal de la empresa Metapetroleum (subsidiaria de Pacific Rubiales) a organizaciones sociales en el año 2013. Se presentó una bitácora que realizó uno de los empleados de la empresa, en la cual consta la infiltración en varias reuniones y seguimientos a lÃderes sindicales y comunitarios, en el contexto del denominado “Juicio ético” contra la empresa que se llevó a cabo entre el 11 y 12 de julio de 2013. Ver presentación anexa página 56.
El legislador advirtió que en un escenario de posconflicto armado no tiene ningún sustento jurÃdico la realización de este tipo de convenios que llevan a la privatización de la fuerza pública y recomendó que se haga un estricto control polÃtico y ciudadano a estos contratos. En consecuencia, le solicitó al Ministerio de la Defensa que aclare por qué se le da carácter confidencial a estos convenios y le pidió a la ContralorÃa la realización de un control directo a la ejecución de los mismos.
Del mismo modo, Cepeda le solicitó a la Comisión Segunda de Senado que remita el contenido del debate a la FiscalÃa y a la ProcuradurÃa para que se tenga como información para las investigaciones que se adelantan por ejecuciones extrajudiciales.Cepeda destacó su preocupación por la celebración de convenios que involucran a los batallones que cuentan con el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Hizo énfasis en el caso del general Henry William Torres Escalante, quien desde el 2 de septiembre del 2014, es el jefe del Comando Conjunto No.2 de Suroccidente, y tiene a su cargo los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Entre 2005 y 2007, Torres Escalante estuvo a la cabeza de la BR16 en Casanare, durante este periodo, se investigan casos de ejecuciones con 143 vÃctimas asociadas a las unidades militares bajo su mando. Según las FiscalÃas delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, existen 6 Investigaciones contra Henry Torres. Ver presentación anexa página 68.
En el debate se denunció el presunto seguimiento ilegal de la empresa Metapetroleum (subsidiaria de Pacific Rubiales) a organizaciones sociales en el año 2013. Se presentó una bitácora que realizó uno de los empleados de la empresa, en la cual consta la infiltración en varias reuniones y seguimientos a lÃderes sindicales y comunitarios, en el contexto del denominado “Juicio ético” contra la empresa que se llevó a cabo entre el 11 y 12 de julio de 2013. Ver presentación anexa página 56.
El legislador advirtió que en un escenario de posconflicto armado no tiene ningún sustento jurÃdico la realización de este tipo de convenios que llevan a la privatización de la fuerza pública y recomendó que se haga un estricto control polÃtico y ciudadano a estos contratos. En consecuencia, le solicitó al Ministerio de la Defensa que aclare por qué se le da carácter confidencial a estos convenios y le pidió a la ContralorÃa la realización de un control directo a la ejecución de los mismos.
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