El congresista del Polo Democr谩tico Alternativo expuso informaci贸n oficial que demuestra que desde 1995 hasta 2015, se han firmado 1.229 convenios entre el Ministerio de Defensa y empresas mineras, de hidrocarburos e hidroel茅ctricas.
Se calcula que 68.255 miembros de la Fuerza P煤blica hacen parte de las unidades dispuestas para estos convenios, que seg煤n el senador Cepeda, contienen elementos de privatizaci贸n de las Fuerzas del Estado.
Cepeda destac贸 su preocupaci贸n por la celebraci贸n de convenios que involucran a los batallones que cuentan con el mayor n煤mero de casos de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Hizo 茅nfasis en el caso del general Henry William Torres Escalante, quien desde el 2 de septiembre del 2014, es el jefe del Comando Conjunto No.2 de Suroccidente, y tiene a su cargo los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nari帽o. Entre 2005 y 2007, Torres Escalante estuvo a la cabeza de la BR16 en Casanare, durante este periodo, se investigan casos de ejecuciones con 143 v铆ctimas asociadas a las unidades militares bajo su mando. Seg煤n las Fiscal铆as delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, existen 6 Investigaciones contra Henry Torres. Ver presentaci贸n anexa p谩gina 68.
En el debate se denunci贸 el presunto seguimiento ilegal de la empresa Metapetroleum (subsidiaria de Pacific Rubiales) a organizaciones sociales en el a帽o 2013. Se present贸 una bit谩cora que realiz贸 uno de los empleados de la empresa, en la cual consta la infiltraci贸n en varias reuniones y seguimientos a l铆deres sindicales y comunitarios, en el contexto del denominado “Juicio 茅tico” contra la empresa que se llev贸 a cabo entre el 11 y 12 de julio de 2013. Ver presentaci贸n anexa p谩gina 56.
El legislador advirti贸 que en un escenario de posconflicto armado no tiene ning煤n sustento jur铆dico la realizaci贸n de este tipo de convenios que llevan a la privatizaci贸n de la fuerza p煤blica y recomend贸 que se haga un estricto control pol铆tico y ciudadano a estos contratos. En consecuencia, le solicit贸 al Ministerio de la Defensa que aclare por qu茅 se le da car谩cter confidencial a estos convenios y le pidi贸 a la Contralor铆a la realizaci贸n de un control directo a la ejecuci贸n de los mismos.
Del mismo modo, Cepeda le solicit贸 a la Comisi贸n Segunda de Senado que remita el contenido del debate a la Fiscal铆a y a la Procuradur铆a para que se tenga como informaci贸n para las investigaciones que se adelantan por ejecuciones extrajudiciales.Cepeda destac贸 su preocupaci贸n por la celebraci贸n de convenios que involucran a los batallones que cuentan con el mayor n煤mero de casos de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”). Hizo 茅nfasis en el caso del general Henry William Torres Escalante, quien desde el 2 de septiembre del 2014, es el jefe del Comando Conjunto No.2 de Suroccidente, y tiene a su cargo los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nari帽o. Entre 2005 y 2007, Torres Escalante estuvo a la cabeza de la BR16 en Casanare, durante este periodo, se investigan casos de ejecuciones con 143 v铆ctimas asociadas a las unidades militares bajo su mando. Seg煤n las Fiscal铆as delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, existen 6 Investigaciones contra Henry Torres. Ver presentaci贸n anexa p谩gina 68.
En el debate se denunci贸 el presunto seguimiento ilegal de la empresa Metapetroleum (subsidiaria de Pacific Rubiales) a organizaciones sociales en el a帽o 2013. Se present贸 una bit谩cora que realiz贸 uno de los empleados de la empresa, en la cual consta la infiltraci贸n en varias reuniones y seguimientos a l铆deres sindicales y comunitarios, en el contexto del denominado “Juicio 茅tico” contra la empresa que se llev贸 a cabo entre el 11 y 12 de julio de 2013. Ver presentaci贸n anexa p谩gina 56.
El legislador advirti贸 que en un escenario de posconflicto armado no tiene ning煤n sustento jur铆dico la realizaci贸n de este tipo de convenios que llevan a la privatizaci贸n de la fuerza p煤blica y recomend贸 que se haga un estricto control pol铆tico y ciudadano a estos contratos. En consecuencia, le solicit贸 al Ministerio de la Defensa que aclare por qu茅 se le da car谩cter confidencial a estos convenios y le pidi贸 a la Contralor铆a la realizaci贸n de un control directo a la ejecuci贸n de los mismos.
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