“El asunto de la referencia demuestra los altos contrastes sociales que se observan cuando el Estado privilegia los intereses econ贸micos sobre la protecci贸n al ambiente y a las comunidades 茅tnicas minoritarias. Mientras el proyecto de exploraci贸n y explotaci贸n petrolera que ejecuta el Consorcio Colombia Energy representa un recaudo de ingresos para la Naci贸n cercano a los $85 mil millones, seg煤n la Defensor铆a del Pueblo la comunidad ind铆gena aw谩 La Caba帽a, adyacente al proyecto del desarrollo, se encuentra en condiciones de extrema pobreza”. Este es uno de los apartes m谩s contundentes de la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas R铆os, que busca salvaguardar un cabildo aborigen en Putumayo amenazado por la llamada locomotora petrolera.
Un pleito que empez贸 luego de que el gobernador del cabildo, Juvencio Nastacuas Pai, instaurara una tutela contra el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Consorcio Colombia Energy, al considerar que la explotaci贸n de hidrocarburos en las 谩reas del Quinde, Cohemb铆 y Quillacinga –que extraen 14 mil barriles diarios de crudo– afecta la identidad cultural y el medioambiente de la comunidad aw谩 La Caba帽a, que adem谩s no fue consultada para este proyecto. Para el magistrado Rojas R铆os, est谩 m谩s que probado el desastre ambiental en la zona y por eso pide suspender la operaci贸n en tres pozos del campo Cohemb铆 (el m谩s cercano al cabildo) hasta que se adelante la consulta previa y se adopten medidas de compensaci贸n para mitigar los impactos de la extracci贸n petrolera.
Seg煤n la ponencia, resulta contundente el informe que entreg贸 el pasado 30 de septiembre la Defensor铆a Delegada para Asuntos Ind铆genas, tras visita realizada por funcionarios de esa entidad a la zona. All铆 se rese帽贸 que desde 1980 las comunidades ind铆genas en Putumayo han venido siendo perjudicadas por las exploraciones que comenzaron a realizar Ecopetrol y Texaco en los corregimientos de Puerto Vega, La Carmelita, Alto Cuemb铆, Tetey茅 y Bajo Cuemb铆. Proyectos de los que se retir贸 Ecopetrol en 1999 y que desde 2002 retom贸 el Consorcio Colombia Energy –integrado por las firmas Vetra E&P Colombia, Petrotesting Colombia y Southeast Invesment Corporation–. Para la Defensor铆a, los aw谩s han resultado afectados en su territorio, medio ambiente, seguridad alimentaria, integridad cultural, autonom铆a ind铆gena y amenazados por actores del conflicto.
En palabras del gobernador Juvencio Nastacuas Pai, antes de la explotaci贸n petrolera hab铆a en la regi贸n gran cantidad de especies de fauna, como “las serpientes, la gata, el g眉铆o, la X, la 24, entre otras numerosas especies de animales silvestres como la danta ancestral del Putumayo, el cachirre, el gurre, el guara, el cerillo, la boruga, variedades de peces como el raya, el dent贸n, la pira帽a, la guaraja, el bocachico, el singo, el tembl贸n, el picadillo, el bagre, y de aves como las guacamayas, tucanes, colibr铆es, b煤hos, loros cabeza azul, la guacharaca, el azulejo, el picaflor, el gallinazo, la gallineta, las pavas, la torcaza, especies que est谩n desapareciendo con ocasi贸n de la exploraci贸n y explotaci贸n petrolera”. Un impacto agravado por las explosiones, la contaminaci贸n de las fuentes h铆dricas y el “vertimiento de desechos”.
En su informe, la Defensor铆a advirti贸 que los 99 integrantes aw谩s –entre los que se encuentran 55 menores de edad– han padecido problemas de salud, diarrea, v贸mito, dolor de cabeza y desnutrici贸n y que “no es posible el consumo de pescado, debido a que presenta un fuerte sabor a petr贸leo”. Tambi茅n se帽al贸 la entidad que las fuentes de agua perdieron volumen, as铆 como los humedales; que jam谩s les informaron a los ind铆genas de planes para mitigar la extracci贸n del crudo; que para ellos es doloroso el contraste entre los miles de barriles de petr贸leo que “a diario se extraen de sus territorios y la inmensa pobreza en la que se encuentran condenados a sobrevivir”; y que existen desastres como el provocado por las Farc el pasado 8 de junio, cuando ordenaron derramar 200 mil galones que eran transportados en camiones del Consorcio Colombia Energy.
Con una particularidad grave: seg煤n la Defensor铆a, “los hombres de la comunidad y de manera especial los j贸venes fueron objeto de estigmatizaci贸n por parte del Ej茅rcito al presuntamente pertenecer a la guerrilla o ser informantes, raz贸n por la cual fueron objeto de tratos degradantes, pues los hac铆an desvestirse para revisar sus manos, hombros y pies, con el fin de establecer si presentaban se帽ales de cargar armas de largo alcance y as铆 judicializarlos como miembros de la guerrilla”, se lee en la ponencia. Y algo m谩s: “Los ni帽os de la comunidad en varias ocasiones fueron enga帽ados con billetes falsos que les entregaban miembros del Ej茅rcito a cambio de que les suministraran informaci贸n sobre los l铆deres de la comunidad que se opon铆an al Ej茅rcito y a la empresa petrolera”.
En contraste, seg煤n el expediente, todas las autoridades ambientales y de gobierno pidieron no otorgar la tutela al cabildo aw谩. El Consorcio Colombia Energy resalt贸 que la licencia ambiental para la explotaci贸n del crudo fue otorgada con todas las de la ley y que en 2008 el Ministerio del Interior les certific贸 que en la zona del proyecto en Putumayo no hab铆a comunidades ind铆genas ni negras. En ese sentido se pronunci贸 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El Incoder pidi贸 negar la tutela, as铆 como Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda. Este 煤ltimo advirti贸 que el cese de operaciones de los pozos generar铆a una p茅rdida de 800 empleos, la disminuci贸n en la producci贸n de crudo del pa铆s en 1,4 % y menos ingresos a la Naci贸n calculado en $85 mil millones. Ni m谩s ni menos que el 40 % de los ingresos del departamento en regal铆as.
Al debate se sum贸 la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinaci贸n de Asuntos Humanitarios, que envi贸 un documento a la Corte Constitucional titulado “Impacto humanitario de ataques contra la industria petrolera”, en el que concluy贸 que “se han reportado al menos 14 ataques contra la industria petrolera en Putumayo, el 35 % en el municipio de Puerto As铆s. Tres eventos han causado derrame de crudo, provocando contaminaci贸n de fuentes h铆dricas, afectaciones a cultivos, medios de vida y graves da帽os ambientales”. Naciones Unidas record贸 que el derrame de 200 mil galones de petr贸leo por cuenta de las Farc perjudic贸 directamente a 980 personas de la zona. ¿C贸mo resolver la tensi贸n entre estos dos derechos: el medioambiente y los proyectos mineroindustriales?, fue la pregunta que tuvo que resolver el magistrado Rojas R铆os.
En su criterio, y luego de haber revisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el magistrado dej贸 clara su posici贸n en defensa de los aw谩s, una comunidad que est谩 en peligro de extinci贸n como consecuencia del conflicto armado. As铆 lo reconoci贸 el alto tribunal desde 2009. Para Rojas, resulta evidente la afectaci贸n al grupo 茅tnico, raz贸n por la cual se帽al贸: “El progreso general no puede construirse sobre la base del perjuicio de una colectividad que constituye una minor铆a protegida por la Constituci贸n”. Y a帽adi贸 que aunque la licencia ambiental se hubiera expedido, “es pertinente llevar a cabo una consulta previa con la comunidad aw谩 en relaci贸n con la prevenci贸n, compensaci贸n y mitigaci贸n de los impactos que causa la ejecuci贸n del contrato suscrito entre Ecopetrol y el Consorcio Colombia Energy”.
En ese contexto, la ponencia del magistrado Alberto Rojas R铆os pidi贸 tutelar los derechos de los aw谩s, ordenar adelantar un proceso de consulta previa con ellos, que la ANLA en menos de un mes incluya a la comunidad aborigen en el plan de zonificaci贸n de manejo ambiental en las 谩reas de influencia de los campos Quinde, Quillacinga y Cohemb铆 y que se suspendan los pozos 4, 8 y 11 de este 煤ltimo. Seg煤n Rojas R铆os, el Consorcio Colombia Energy deber谩 adoptar en tres meses una estrategia para mitigar los impactos del proyecto, con el fin de que compensen la p茅rdida de recursos de los humedales y se creen nuevas reservas para recuperar los animales nativos. Por 煤ltimo, la ponencia busca que la Fiscal铆a investigue los delitos perpetrados contra los aw谩s en el marco del conflicto armado y que el Ej茅rcito proteja a esa etnia en vez de estar asoci谩ndola, tal como lo document贸 la Defensor铆a del Pueblo, con la guerrilla. Este caso ser谩 fallado hoy por la Corte Constitucional.
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