Luego de varias semanas de aplazamientos por la lluvia de impedimentos y recusaciones, la Cámara de Representantes decidió avalar la investigación que realizó el congresista liberal Julián Bedoya y envió al Senado la acusación del magistrado Jorge Pretelt para que sea esa corporación la que decida si lo declara indigno y pide a la Corte Suprema de Justicia que lo procese penalmente por el sonado escándalo de soborno a la fiduciaria Fidupetrol.
Pretelt es acusado ante el Senado por el delito de concusión, es decir, el delito cometido por un servidor público cuando en uso de su cargo, exige a otra persona dinero para un lucro particular.
Según el Código Penal Colombiano, en su artículo 140: “el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otro utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal”.
Cabe recordar que el mismo presidente Juan Manuel Santos había pedido, semanas atrás, al Congreso no dilatar el proceso contra el magistrado y antes de finalizar la legislatura tomar una decisión.
