A trav茅s de Twitter, el jefe negociador de las Farc en La Habana, “Iv谩n M谩rquez”, dijo que las Zonas de Inter茅s de Desarrollo Rural Econ贸mico y Social (Zidres) “son zonas de “concentraci贸n” de tierras... Una pu帽alada artera a la Reforma Rural Integral acordada en La Habana”.
Es de recordar que las Zidres se crear铆an luego de la sanci贸n presidencial a la ley que las propone como una figura para el desarrollo agropecuario en zonas apartadas de centros urbanos, donde haya altos 铆ndices de pobreza y donde el suelo necesite de altas inversiones para empezar a producir.
Bajo ese modelo, los bald铆os de la Naci贸n se podr铆an entregar en arriendo a proyectos productivos con inversi贸n nacional o extranjera. Pero las Zidres fueron criticadas por parlamentarios del Polo Democr谩tico, la Alianza Verde -de la C谩mara de Representantes-, la confederaci贸n internacional de organizaciones no gubernamentales Oxfam, la Comisi贸n Colombiana de Juristas (CCJ), la Consultor铆a para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), entre otros.
Una de las razones para la oposici贸n durante el debate fue que, seg煤n la Ley 160 de 1994, las tierras bald铆as de la Naci贸n deben destinarse a campesinos pobres sin tierra -o a zonas de desarrollo empresarial que nunca fueron reglamentadas-. Al respecto, el ministro de Agricultura ad hoc, Juan Fernando Cristo, insisti贸 en que “cuando haya predios bald铆os en ning煤n caso se har谩 el traslado de t铆tulo de propiedad y se tendr谩 que cumplir con un pago de contraprestaci贸n de dinero que ir谩 al fondo de desarrollo rural para proveer la infraestructura necesaria”.
Pero tambi茅n, el proyecto de ley fue controvertido porque “la esencia es que se declaran zonas donde la agroindustria puede acumular bald铆os y se legalizan acumulaciones anteriores”, seg煤n A铆da Pesquera, directora de Oxfam en Colombia.
Asimismo, durante la discusi贸n, se habl贸 de una supuesta legalizaci贸n de acumulaci贸n irregular de tierras. Esto se debe a que en el texto se incluye expresamente que la prohibici贸n de acumular tierra, con base en el l铆mite de la Unidad Agr铆cola Familiar desde la Ley 160 de 1994, aplica s贸lo a partir de ese a帽o.
“La ley siempre rige a partir de su publicaci贸n”, record贸 el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique V茅lez, al explicar por qu茅 no tiene sentido que la prohibici贸n sea retroactiva.
Pero un documento difundido por Oxfam, la CCJ, Codhes, entre otras, advert铆a que esa restricci贸n se inclu铆a “ignorando los conceptos del Consejo de Estado, la Contralor铆a y la Corte Constitucional, que afirman que la prohibici贸n de acumular tierras con antecedentes de bald铆os aplica a todas las adquisiciones posteriores a la Ley 160, independientemente del a帽o de su adjudicaci贸n”.
Durante el debate en Senado, donde el proyecto de ley fue aprobado la semana pasada, la Unidad Nacional y el Centro Democr谩tico estuvieron a favor, mientras que la oposici贸n la asumi贸 principalmente el Polo.
El senador del Movimiento Alternativo Ind铆gena y Social (Mais) afirm贸 que“no estamos en descuerdo con las Zidres y el desarollo en todo lo bueno que tenga. Pero s铆 nos preocupa que no haya alianzas reales que permitan que los afros, ind铆genas, campesinos pobres, puedan mejorar sus condiciones de vida”. Agreg贸, en respuesta a la cifra seg煤n la cual m谩s del 70% de los bald铆os adjudicados a campesinos han sido vendidos, que “no s贸lo de tierra vive el campesino, tambi茅n requiere apoyo para lo productivo y el desarrollo, pero no desde la imposici贸n como se ha hecho”.
El punto rural fue el primer acuerdo anunciado desde la mesa de negociaciones en La Habana, en 2013. Este contempla un fondo de tierras “ para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente”. Este no contempla s贸lo la entrega de tierras, sino “que la tierra est茅 acompa帽ada de riego, cr茅dito, asistencia t茅cnica, y apoyo para la comercializaci贸n, entre otros”. Incluye tambi茅n programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes para erradicar la pobreza rural y un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional.
