Fue el propio Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla, quien reveló en su cuenta de Twitter que la JEP podrá revisar esos fallos disciplinarios siempre que las sanciones hayan sido impuestas con relación al conflicto.
“Las JEP podrá revisar las sanciones administrativas por causa y relación directa o indirecta con el conflicto armado”, precisó Márquez.
“Las sanciones disciplinarias y/o administrativas se extinguirán si están relacionadas con el conflicto armado o rebelión”, insistió.
El 27 de septiembre de 2010 el procurador, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó por 18 años a la entonces senadora Piedad Córdoba, a quien señaló de tener vínculos con las Farc. El caso fue llevado ante el Consejo de Estado porque el Ministerio Público utilizó como pruebas supuestos correos del computador de Raúl Reyes, que la Corte Suprema había rechazado por inválidos, porque se violó la cadena de custodia.
Piedad Córdoba llegó al Congreso en 1994 con una importante votación de Antioquia y Chocó, en 2010 alcanzó una votación de más de 67.000 votos.
Un asesor vinculado con los diálogos de paz le aseguró a Caracol que “respecto a Piedad Córdoba obviamente su sanción si está relacionada con el conflicto. Es decir, el sistema de Justicia acordado si es competente para revisar la sanción”.
A su juicio no ocurriría lo mismo con el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, porque la sentencia a 17 años de prisión que le impuso la Corte Suprema por el escándalo de Agro Ingreso Seguro tiene que ver con los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
“Son delitos comunes y no tienen relación con el conflicto”, precisó la fuente.
