Mientras en la Mesa de conversaciones de paz de La Habana se aborda el fin del conflicto, uno de cuyos temas principales es la erradicación del paramilitarismo y su actual versión en bandas criminales, en las regiones, los municipios y las veredas, esta lacra violenta de los poderes oligárquicos terratenientes y mafiosos se reorganiza y funciona a todo vapor con sus métodos sangrientos y criminales.
Los paramilitares son ejércitos privados de poderosos hacendados, narcos, ganaderos, generales y parapolíticos, que son utilizados para intimidar, desplazar y eliminar trabajadores, campesinos y activistas de los derechos humanos y sociales.
No obstante que los voceros del gobierno santista niegan su existencia, particularmente jefes militares de batallones, brigadas y comandos policiales; en el departamento del Quindío hay un febril proceso de reorganización de tales bandas asesinas.
Los Urabeños ya se instalaron en municipios, barrios, veredas y áreas mineras estratégicas de la Cordillera Central, financiados por potentes redes mafiosas del Magdalena Medio, asociadas con Ramón Isaza, Raúl Guzmán Mejía, Guillermo Ceballos, Miguel Ángel Rodríguez, David Moreno, Marisol Wager y Libardo Mejía Urrea -de las nuevas generaciones de narcos-, artificies y patrocinadores de la exuberante burbuja inmobiliaria de Armenia y municipios metropolitanos, que es utilizada como mecanismo para el lavado de millonarias cifras originadas en el tráfico de cocaína, desde las pistas de Puerto Boyacá, Puerto Araujo y Barrancabermeja hacia Centro América y México.
La fenomenología más reciente en ese sentido está ocurriendo en la zona que comprende los municipios de Génova, Pijao y Córdoba, principales campos de la violencia de los años 50 del siglo XX.
En Génova, un prominente parapolítico santista, artífice del saqueo de las regalías petroleras del departamento, ha expulsado de las veredas a cientos de campesinos y se ha quedado con las mejores tierras cafeteras de la localidad. Con anterioridad hemos hecho las denuncias respectivas y ninguna autoridad judicial ha tomado cartas en el asunto, como corresponde, para comprobar, por lo demás, la ineptitud de tales instituciones, que deben ser reemplazadas próximamente por la jurisdicción especial de paz consensuada en La Habana entre el gobierno y las Farc.
Hoy, hay gran conmoción en toda esta zona cafetera por lo que está ocurriendo en el municipio de Pijao, una localidad donde viven cerca de 7 mil personas y lugar donde fueron instalados en los años 50, por Laureano Gómez, contingentes de la tropa paramilitar chulavita, protagonista de la más violenta arremetida contra las masas liberales campesinas.
Hay alarma en Pijao por quema de fincas, compra de predios por extraños personajes y desplazamiento de varias familias, mientras los militares, policías e instancias judiciales se hacen los de la vista gorda.
El desplazamiento de quince familias de la vereda La Palmera de Pijao y la compra de más de 20 predios por parte de desconocidos (fichas de los Urabeños y de los Carteles de Cartago y Alcalá), tienen en alerta a los habitantes y líderes del municipio cordillerano.
En diciembre pasado, cerca de 50 personas fueron obligadas a dejar las fincas, ubicadas en la zona rural de la localidad, tras ser amenazadas por hombres armados (paramilitares, con prendas oficiales del Ejército) que exigían el pago de una extorsión a los dueños de los predios.
Nosotros fuimos los últimos en irnos. Un día que salimos a caminar por la finca se metieron a la casa y se comieron lo que teníamos en la cocina. Apenas 24 horas después recibimos una llamada en la que nos decían que teníamos que decirle al patrón que pagara una plata, para que no nos mataran a nosotros. El dueño dijo que no iba a pagar y a los poquitos días mataron a un muchacho en el mismo sector. Mi esposo y yo decidimos no correr riesgos y por eso volvimos al casco urbano de Pijao. Nunca los vimos, pero la gente decía que eran varios hombres con fusil. Uno de los vecinos, que se encontró con ellos, contó que se habían identificado como miembros de la guerrilla, lo cual es parte de la estrategia para la acción criminal paramilitar, contó una de las afectadas, quien prefirió mantener su nombre en reserva por su seguridad.
A estos hechos, se suma la compra de más de 30 predios, considerados los más grandes y productivos de la zona, por personas cuyas procedencias son un misterio, aunque muchas personas saben de su articulación con poderes mafiosos de Armenia, Cartago y el Magdalena Medio, especialmente grandes constructores de edificios de apartamentos.
Todas las tierras han sido adquiridas de una manera no muy correcta. Hace menos de un mes se cerró un negocio por más de 900 hectáreas. El comprador llegó en helicóptero, típica infraestructura de los militares y paramilitares, eso no es común, dijo un líder popular.
También informaron que se han utilizado medios de presión para lograr la adquisición de dichos terrenos, los cuales van desde la extorsión hasta la quema de las edificaciones, practica muy utilizada en el Meta, en Urabá, Cesar, Cauca y Caquetá en hechos paramilitares recientes que se repiten.
Tengo conocimiento de por lo menos tres fincas que fueron incendiadas por los paramilitares. Luego de que esto ocurrió, apareció una persona, en una camioneta de alta gama, y ofreció un dinero por la propiedad, la coincidencia se ha repetido en todos los casos. Además, sabemos que algunos de los vendedores han accedido a firmar los papeles por montos más altos de los cancelados, con el fin de facilitar el ‘lavado’ de dinero. Esos campos, que antes eran utilizados en ganadería y café ahora los están usando en los cultivos de plátano y aguacate, los cuales son muy dañinos para el medio ambiente.
El anterior dato ha llevado a inferir que se trata de algunos grandes comerciantes con negocios y bodegas en Mercar, la plaza pública de Mercado de Armenia, donde Ramón Isaza, recién salido de la Cárcel de Itagüí, posee gran cantidad de bienes y bodegas, a través de testaferros oriundos de Medellín y Pereira.
Otra persona afirmó que hay redes de narcotráfico y micrográfico que están utilizando los corredores rurales, para transportar estupefacientes hasta el Valle del Cauca.
El consumo y expendio de droga se ha incrementado, hay sitios específicos, identificados plenamente por la ciudadanía y la Policía, en donde les venden a los muchachos. Pero además del comercio interno, está la utilización de la ruta entre las veredas La Quiebra y La Maizena, la cual desemboca finalmente en Caicedonia, viejo y actual refugio de los “pajaros” conservadores, articulados con la policía local.
Estos hechos se han denunciado en varias oportunidades, pero las acciones de la fuerza pública han sido muy reducidas, por no decir nulas, confirman los alarmados habitantes de Pijao y el Quindío.
Toda esta movida paramilitar, militar, policial, parapolítica y mafiosa es lo que explica que en lo corrido del año la tasa de homicidios en el Quindio, en operaciones de limpieza social, sea altísima.
Estos hechos desmienten al gobierno sobre este peligroso fenómeno que pone en grave riesgo los diálogos de paz que se adelantan en La Habana.
Con paramilitarismo en el Quindío, y en Colombia, la paz es una entelequia.
Que militares, policías y autoridades judiciales asuman su responsabilidad sobre esta delicada situación que afecta gravemente el fin del conflicto social y armado.
Que respondan por estos hechos los delegados del señor Santos en La Mesa de diálogos de La Habana.
Los paramilitares son ejércitos privados de poderosos hacendados, narcos, ganaderos, generales y parapolíticos, que son utilizados para intimidar, desplazar y eliminar trabajadores, campesinos y activistas de los derechos humanos y sociales.
No obstante que los voceros del gobierno santista niegan su existencia, particularmente jefes militares de batallones, brigadas y comandos policiales; en el departamento del Quindío hay un febril proceso de reorganización de tales bandas asesinas.
Los Urabeños ya se instalaron en municipios, barrios, veredas y áreas mineras estratégicas de la Cordillera Central, financiados por potentes redes mafiosas del Magdalena Medio, asociadas con Ramón Isaza, Raúl Guzmán Mejía, Guillermo Ceballos, Miguel Ángel Rodríguez, David Moreno, Marisol Wager y Libardo Mejía Urrea -de las nuevas generaciones de narcos-, artificies y patrocinadores de la exuberante burbuja inmobiliaria de Armenia y municipios metropolitanos, que es utilizada como mecanismo para el lavado de millonarias cifras originadas en el tráfico de cocaína, desde las pistas de Puerto Boyacá, Puerto Araujo y Barrancabermeja hacia Centro América y México.
La fenomenología más reciente en ese sentido está ocurriendo en la zona que comprende los municipios de Génova, Pijao y Córdoba, principales campos de la violencia de los años 50 del siglo XX.
En Génova, un prominente parapolítico santista, artífice del saqueo de las regalías petroleras del departamento, ha expulsado de las veredas a cientos de campesinos y se ha quedado con las mejores tierras cafeteras de la localidad. Con anterioridad hemos hecho las denuncias respectivas y ninguna autoridad judicial ha tomado cartas en el asunto, como corresponde, para comprobar, por lo demás, la ineptitud de tales instituciones, que deben ser reemplazadas próximamente por la jurisdicción especial de paz consensuada en La Habana entre el gobierno y las Farc.
Hoy, hay gran conmoción en toda esta zona cafetera por lo que está ocurriendo en el municipio de Pijao, una localidad donde viven cerca de 7 mil personas y lugar donde fueron instalados en los años 50, por Laureano Gómez, contingentes de la tropa paramilitar chulavita, protagonista de la más violenta arremetida contra las masas liberales campesinas.
Hay alarma en Pijao por quema de fincas, compra de predios por extraños personajes y desplazamiento de varias familias, mientras los militares, policías e instancias judiciales se hacen los de la vista gorda.
El desplazamiento de quince familias de la vereda La Palmera de Pijao y la compra de más de 20 predios por parte de desconocidos (fichas de los Urabeños y de los Carteles de Cartago y Alcalá), tienen en alerta a los habitantes y líderes del municipio cordillerano.
En diciembre pasado, cerca de 50 personas fueron obligadas a dejar las fincas, ubicadas en la zona rural de la localidad, tras ser amenazadas por hombres armados (paramilitares, con prendas oficiales del Ejército) que exigían el pago de una extorsión a los dueños de los predios.
Nosotros fuimos los últimos en irnos. Un día que salimos a caminar por la finca se metieron a la casa y se comieron lo que teníamos en la cocina. Apenas 24 horas después recibimos una llamada en la que nos decían que teníamos que decirle al patrón que pagara una plata, para que no nos mataran a nosotros. El dueño dijo que no iba a pagar y a los poquitos días mataron a un muchacho en el mismo sector. Mi esposo y yo decidimos no correr riesgos y por eso volvimos al casco urbano de Pijao. Nunca los vimos, pero la gente decía que eran varios hombres con fusil. Uno de los vecinos, que se encontró con ellos, contó que se habían identificado como miembros de la guerrilla, lo cual es parte de la estrategia para la acción criminal paramilitar, contó una de las afectadas, quien prefirió mantener su nombre en reserva por su seguridad.
A estos hechos, se suma la compra de más de 30 predios, considerados los más grandes y productivos de la zona, por personas cuyas procedencias son un misterio, aunque muchas personas saben de su articulación con poderes mafiosos de Armenia, Cartago y el Magdalena Medio, especialmente grandes constructores de edificios de apartamentos.
Todas las tierras han sido adquiridas de una manera no muy correcta. Hace menos de un mes se cerró un negocio por más de 900 hectáreas. El comprador llegó en helicóptero, típica infraestructura de los militares y paramilitares, eso no es común, dijo un líder popular.
También informaron que se han utilizado medios de presión para lograr la adquisición de dichos terrenos, los cuales van desde la extorsión hasta la quema de las edificaciones, practica muy utilizada en el Meta, en Urabá, Cesar, Cauca y Caquetá en hechos paramilitares recientes que se repiten.
Tengo conocimiento de por lo menos tres fincas que fueron incendiadas por los paramilitares. Luego de que esto ocurrió, apareció una persona, en una camioneta de alta gama, y ofreció un dinero por la propiedad, la coincidencia se ha repetido en todos los casos. Además, sabemos que algunos de los vendedores han accedido a firmar los papeles por montos más altos de los cancelados, con el fin de facilitar el ‘lavado’ de dinero. Esos campos, que antes eran utilizados en ganadería y café ahora los están usando en los cultivos de plátano y aguacate, los cuales son muy dañinos para el medio ambiente.
El anterior dato ha llevado a inferir que se trata de algunos grandes comerciantes con negocios y bodegas en Mercar, la plaza pública de Mercado de Armenia, donde Ramón Isaza, recién salido de la Cárcel de Itagüí, posee gran cantidad de bienes y bodegas, a través de testaferros oriundos de Medellín y Pereira.
Otra persona afirmó que hay redes de narcotráfico y micrográfico que están utilizando los corredores rurales, para transportar estupefacientes hasta el Valle del Cauca.
El consumo y expendio de droga se ha incrementado, hay sitios específicos, identificados plenamente por la ciudadanía y la Policía, en donde les venden a los muchachos. Pero además del comercio interno, está la utilización de la ruta entre las veredas La Quiebra y La Maizena, la cual desemboca finalmente en Caicedonia, viejo y actual refugio de los “pajaros” conservadores, articulados con la policía local.
Estos hechos se han denunciado en varias oportunidades, pero las acciones de la fuerza pública han sido muy reducidas, por no decir nulas, confirman los alarmados habitantes de Pijao y el Quindío.
Toda esta movida paramilitar, militar, policial, parapolítica y mafiosa es lo que explica que en lo corrido del año la tasa de homicidios en el Quindio, en operaciones de limpieza social, sea altísima.
Estos hechos desmienten al gobierno sobre este peligroso fenómeno que pone en grave riesgo los diálogos de paz que se adelantan en La Habana.
Con paramilitarismo en el Quindío, y en Colombia, la paz es una entelequia.
Que militares, policías y autoridades judiciales asuman su responsabilidad sobre esta delicada situación que afecta gravemente el fin del conflicto social y armado.
Que respondan por estos hechos los delegados del señor Santos en La Mesa de diálogos de La Habana.
Radio Chécheres ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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