La crisis humanitaria de La Guajira no deja de generar alarmas. Las dificultades para subsistir en esta zona del país se agravan, pese a las denuncias constantes de las comunidades indígenas y a las llamadas de alerta y denuncia, que trascienden de la opinión pública nacional a organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
El funcionamiento de la explotación carbonera de El Cerrejón, consume 17 millones de litros de agua al mes; a lo que se suma la alta sequía, consecuencia de los cambios climáticos por la contaminación global. Tres años han pasado en la península de la Guajira, sin que caigan lluvias.
Hambre y sed contra la minoría indígena
En La Guajira, el 68 por ciento de la población está constituido por personas de la primera infancia, adolescencia y juventud; por consiguiente, sobre ellos reposa la mayor tasa de mortalidad. La falta de agua y la desnutrición en niñas y niños, son las principales motivos de muerte por enfermedades prevenibles y evitables; en donde resalta la falta de responsabilidad social del Estado. Los líderes de la etnia Wayuú han manifestado que en los últimos tres años, han fallecido cuatro mil setecientos niños a causa de la casi nula alimentación.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ha eximido del problema, arguyendo que envía a los niños y a las madres gestantes, o en periodo de lactancia, suplementos de dieta y multivitamínicos; pero, según las comunidades, y la constatación de organismos independientes, los mencionados suplementos nunca llegan; pues, a lo sumo, reciben un refrigerio de leche y pan, que en nada representa un alivio para personas en desnutrición.
Como siempre, los funcionarios de las entidades estatales, se defienden argumentando que hay “falta de compromiso de las comunidades indígenas para aportar en las soluciones”. A todas luces, es absurdo decir que los directamente afectados, no están en disposición de mejorar su calidad de vida.
La corrupción y la contaminación son el mayor peligro contra la salud pública
Las regalías recibidas por la extracción minera, en los últimos tres años, ascendieron a dos mil cien millones de dólares, que no se han redistribuido entre la población para solventar las deficiencias sanitarias y brindar seguridad alimentaria; esto ocurre por la falta de escrúpulos y la corrupción generalizadas.
La contaminación diaria la provoca la explotación carbonera de El Cerrejón, que depreda los suelos guajiros, en más de sesenta y nueve mil hectáreas de extensión; mina que pertenece a la australiana BHP Billiton, a la británica Anglo American y a la suiza Xstrata Coal; estas transnacionales mineras extraen más de treinta y tres millones de toneladas de carbón térmico al año, al tiempo que generan más de trescientas toneladas de desechos; es decir, que por cada millón de toneladas de carbón explotado, producen cerca de 10 millones de toneladas de desperdicios. Así lo han denunciado los líderes indígenas Wuayuú.
El excesivo gasto de agua y la contaminación que producen estas tres transnacionales mineras, las convierten en las mayores responsables de la crisis ambiental y social, que hoy sufre el Departamento de La Guajira.
El gobernador del Resguardo indígena de Provincial, situado en el municipio de Barrancas, atribuyó a las tres transnacionales dueñas de la mina El Cerrejón, la responsabilidad de la emergencia humanitaria del Departamento y además manifestó, que antes que ellas explotaran el carbón, “la tierra era muy productiva”.
Represión para mantener el saqueo y la depredación
Así las cosas, la sequía que azota al país, afectando las grandes arterías fluviales, se complementa con la actividad de explotaciones minero-energéticas a cielo abierto como estas, produciendo desastres ambientales de alta magnitud. Este desastre guajiro hace parte de la contaminación y la debacle ambiental, que ocasionan las transnacionales y los grandes emporios capitalistas en el mundo.
En días recientes, los líderes Wuayuú fueron citados por entidades internacionales de Derechos Humanos, para evaluar la crisis humanitaria que están sufriendo. Sin embargo, decidieron no asistir al encuentro, por falta de garantías. Queda por ver, no sólo si se permitirá a los indígenas exponer su punto de vista en instancias internacionales, sino si habrá un compromiso para enfrentar la problemática.
Van a completarse 4 décadas de explotación carbonera intensiva en La Guajira, que va dejando apenas los huecos gigantes en el territorio, la vegetación cubierta de polvillo de carbón, las fuentes de agua resecas y la etnia Wuayuú en vías de extinción. Para mantener este desastre, el régimen cuenta con bandas paramilitares y mafiosas, quienes sostienen las clientelas administradas por narco políticos, como el ex gobernador Kiko Gómez; entramado que vive de las regalías que se roban. El paraguas político con que se encubre este orden clientelar, es el partido Cambio Radical, del Vice presidente de la República.
Poner las cosas al derecho, significa ponerle orden a la explotación carbonera, para que respete a la Madre Tierra, colocar a las autoridades comunitarias a controlar las riquezas del Departamento y que el régimen disuelva sus grupos paramilitares, para que sea posible adelantar la actividad política sin persecución violenta. Todo esto será posible con la movilización y presión de las comunidades guajiras, porque el régimen dominante no se va a auto reformar sólo.
