El caso m谩s relevante es el del propio alcalde. Es noticia, conocida y difundida por medios y redes sociales, su vinculaci贸n en 2001 al Institute of Transport Development Policy (ITDP) y a su 贸rgano de directores en 2006, lo cual le imprime un evidente sesgo a las soluciones urbanas de transporte que 茅l decida tomar. Esta instituci贸n, que preside desde 2009, seg煤n su director rjecutivo, Walter Hook, ha “dise帽ado, apoyado e inspirado” desde 2004 m谩s de 54 sistemas de Transmilenios o Bus Rapid Transit (BRT), como “soluci贸n pragm谩tica”.
Resulta dif铆cil pensar que el doctor Pe帽alosa, como lobista global del ITDP, seg煤n lo certifican las cuentas fiscales de esa instituci贸n, vaya a jerarquizar otros modos de transporte. Hook dice que los “sistemas de metro son demasiado lentos y caros”, y “poco efectivos para detener la motorizaci贸n”. Los principales financistas del ITDP, fuera del Banco Mundial, son fundaciones como Ford, Rockefeller, Shell, Packard y Volvo, aportantes para consultor铆as y promoci贸n. Algunos de ellos extraen beneficio econ贸mico directo. Otros lo derivan de calificar tales proyectos, seg煤n la OCDE, como “inversi贸n verde” y derechos de emisi贸n.
La hoja de vida de algunos colaboradores, como la secretaria de Educaci贸n, Mar铆a Victoria Angulo, los pone en plano similar. Apearse de la rica fundaci贸n “Empresarios por la Educaci贸n” para subirse al tim贸n de la educaci贸n p煤blica distrital le implica, al menos, otros paradigmas y algunas privaciones. Apegada a la eficacia de los recursos gastados por alumno, ha invocado “incentivar la demanda” y m谩s ligaz贸n “del sector privado”, mediante las APP o “colegios por concesi贸n”. La entidad que dirig铆a tiene el concurso de centenares de empresas, entre ellas las de grandes grupos que contribuyeron a la campa帽a pe帽alosista en monto cercano a $200 millones.
En Planeaci贸n, Andr茅s Ortiz, empresario de la construcci贸n y fundador de la firma Contexto Urbano, con Nora Aristiz谩bal, exdirectora de Planeaci贸n en la administraci贸n Pe帽alosa I, acredita 200 mil m2 de proyectos con dise帽os que, como dice en la p谩gina web, ata帽en con la “gesti贸n del suelo”, dentro de “integralidad”, “rentabilidad” y “planificaci贸n de tierra en b煤squeda del mejor valor y aprovechamiento”. Esa firma est谩 vinculada a siete “proyectos actuales” en Bogot谩, uno de ellos la APP del coliseo El Camp铆n, otorgada por Petro a un consorcio colombo-chileno. Con esa l贸gica, ¿c贸mo se desligar谩 Ortiz de sus querencias para proceder en contenciosos que dichas iniciativas tengan con el Distrito? ¿Hasta d贸nde subordinar谩 intereses por los que trabaj贸 26 a帽os cuando su nuevo deber no es ya la m谩xima plusval铆a empresarial? Y es m谩s, ¿c贸mo actuar谩 frente a planes estructurales como el de desarrollo o el POT?
Jorge Castellanos, el gerente de ETB, fue banquero de inversi贸n en firmas como JP Morgan Chase, Darby y Correval, que estructuran enajenaciones empresariales. En 1999 se posesion贸 en Fogaf铆n, desde donde dirigi贸 la privatizaci贸n de bancos p煤blicos y la inyecci贸n al sistema financiero de $12 billones para “rescatarlo” en esa crisis, labor tan discutible que dio origen a la famosa frase: “Privatizar las ganancias y socializar las p茅rdidas”. Carece de experiencia en el sector de comunicaciones y se insin煤a m谩s como un gerente vendedor. La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbel谩ez, acredita hoja de servicios en la banca extranjera y en equipos econ贸micos oficiales. Precisamente, en 1999, acompa帽贸 a Castellanos en el salvamento de marras y ocupa por segunda vez el cargo, ya que en la primera sali贸 por su propuesta “vender la ETB y poner la plata en un CDT”.
Mar铆a Consuelo Ara煤jo, excanciller, de la cuerda de Uribe y Pe帽alosa, provocar谩 un “revolc贸n” en Integraci贸n Social por sus antecedentes en Responsabilidad Social Empresarial, como miembro de la junta de la Fundaci贸n Carulla y CEO y presidenta de Gran Colombia Gold, del grupo Pacific. Su misi贸n como funcionaria no se perfila en garantizar derechos sociales a los grupos m谩s vulnerables, sino en hacer pactos de buena voluntad con compa帽铆as “solidarias”. Am茅n de las ventajas tributarias que esto conlleva, su gerencia implica que, por ejemplo, en 谩reas como Primera Infancia se sustituir谩n centros p煤blicos de atenci贸n por los concursantes en el programa “De cero a siempre”. La pol铆tica social reposar铆a en manos privadas.
Al mirar uno a uno los dem谩s miembros del gabinete se encuentra a personas como Andr茅s Escobar, acordado con la Casa de Nari帽o como gerente del metro, salido del Grupo Aval y en fideicomiso reciente en una gran constructora; con consultores de la Fundaci贸n Volvo; con cabilderos de gremios de la industria aseguradora o, ahora, en EAAB y Aguas Bogot谩, con el grupo de la Superservicios de los gobiernos de Uribe, que intervino a Emcali y la exprimi贸 hasta hacerla honrar la deuda financiera de usura que la atosigaba o con id贸latras de la Ley 100. Y tal vez lo m谩s feo, lo del secretario de Ambiente, Francisco Cruz, que ha hecho lo imposible por ocultar su cuestionado paso por Aerocaf茅, al que la Contralor铆a le tiene abiertas investigaciones.
Se podr铆a desvirtuar lo aqu铆 expuesto como una aversi贸n a que participen estas categor铆as profesionales en la administraci贸n p煤blica. No. Se est谩 alertando sobre el riesgo impl铆cito para el bien com煤n, cuando, como dice Chomsky, “la democracia queda capturada por las empresas”. O como anota Bobbio, sobre “el gobierno detestable” y autoritario que se ejerce en bien propio y no sujeto a leyes. O tambi茅n, como dijera Gait谩n, una “oligarqu铆a” que concentra el poder “en un peque帽o grupo que labora para sus propios intereses”. O como los griegos, que nombraron plutocracia al gobierno de los seguidores de Pluto, el dios de la riqueza.
