La ONU ha recibido nuevas denuncias sobre presuntos abusos sexuales cometidos por los cascos azules de su misión en República Centroafricana (RCA), esta vez por parte de militares marroquíes y burundeses.
El portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric, ha contado que los 'cascos azules' de Burundi han sido acusados de violar a una niña de 14 años este mes, mientras que un soldado marroquí ha sido acusado de explotar sexualmente a una mujer en febrero.
Dujarric ha contado que tanto las autoridades de Marruecos como las de Burundi han sido informadas, tras lo cual tienen diez días para comunicar a la ONU la apertura de una investigación. Si no lo hacen, la organización internacional seguirá con sus pesquisas internas.
"Los marroquíes ya han dicho que lo investigarán", ha avanzado Dujarric, en declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York (EE.UU.). Burundi dará su respuesta a lo largo de esta semana.
Además, Dujarric ha revelado que la ONU ha recibido nuevas denuncias sobre abusos sexuales cometidos por 'cascos azules' y por efectivos tanto civiles como militares ajenos a Naciones Unidas en la prefectura de Kemo entre 2014 y 2015.
Según un informe interno, el año pasado hubo 99 denuncias de abusos sexuales por parte de las fuerzas de pacificación, frente a las 80 de 2014. La mayoría de los casos denunciados en 2015 (69) se concentraron en diez misiones, sobre todo en la de República Centroafricana.
En respuesta a este incremento, el pasado 11 de marzo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptó la primera resolución que aborda la problemática de los abusos sexuales cometidos por los 'cascos azules' contra la población de los países a los que son destinados en misión humanitaria.
De acuerdo con la resolución, los 'cascos azules' serán repatriados cuando haya "evidencias creíbles de abusos sexuales amplios y sistemáticos" y cuando los países no investiguen los casos o no sancionen a los responsables.
El CSNU también instó a las fuerzas ajenas a la ONU pero autorizadas por la organización internacional, es decir, las nacionales, a "adoptar las medidas adecuadas para prevenir y combatir la impunidad de los abusos sexuales".
