El expresidente Uribe es un típico caso de mentiroso compulsivo, cuya principal herramienta para defenderse es la mentira. Para ello, utiliza toda clase de falacias y subterfugios, los mismos que sus acólitos repiten mil veces tratando de convertirlas en verdad. Por los personajes que lo rodean y la manera cómo ha tejido un círculo criminal con primos, hermanos y hasta sus hijos, resulta más parecido a un capo de la mafia italiana -a una suerte de Vito Corleone criollo- que a un estadista o dirigente político respetable. Aun así, no son pocos los despistados que lo creen un gran patriota, quienes no aceptan que todo su discurso no encierra nada distinto a su apetito personalista de poder y que en él no hay ningún proyecto político.
En el documento referido, son innumerables sus compromisos en la lucha contra la corrupción y la politiquería. Cualquiera pensaría, por las múltiples menciones al tema, que su gobierno emprendería verdaderamente una cruzada contra este flagelo que desangra las finanzas públicas en casi 10 billones de pesos al año (casi el doble de la venta de ISAGEN, por citar apenas un ejemplo).
Miremos entonces, sobre qué puntos y bajo qué compromisos estructuró Uribe Vélez el discurso frente al que es, quizá, el mayor problema del Estado colombiano:
- “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la Politiquería”.
- “Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social”.
- “Nuestro Estado Comunitario dedicará sus recursos a erradicar la miseria, a construir equidad social y dar seguridad. Habrá más participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, en su ejecución y vigilancia. La participación ciudadana garantiza que los recursos lleguen a la gente y no se enreden en la politiquería”.
- “El Estado burocrático y politiquero ha engañado al pueblo con un discurso social que no ha cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción. El modelo Neoliberal abandona lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social”.
- “El 7 de Agosto, a las 5 p.m., si con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano llego a la Presidencia de Colombia, presentaré el "Referendo contra la Corrupción y la Politiquería", que incluirá la reducción del Congreso, la eliminación de los auxilios parlamentarios y de sus privilegios en pensiones y salarios”.
- “Necesitamos crear la cultura de buena administración de lo público. Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal”.
- “Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisbén y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar”.
- “El padre de familia que da mal ejemplo, esparce la autoridad sobre sus hijos en un desierto estéril. El Estado tiene que dar ejemplo, derrotar la politiquería y la corrupción”.
- “De una vez tenemos que derrotar la corrupción. Sin corrupción ni politiquería los recursos tienen que alcanzar para erradicar la miseria y construir justicia social”.
- “Para financiar la Revolución Educativa comprometeremos mínimo el 50% de las regalías; utilizaremos parte de los recursos provenientes de la lucha contra la Corrupción, la politiquería y el derroche en las instituciones públicas”.
Doce menciones de la lucha contra la corrupción, el clientelismo, la politiquería y la construcción de la equidad social se encuentran en el “Manifiesto Democrático”. Las promesas de campaña, por supuesto, fueron tiradas al tarro de la basura. En poco tiempo, empezamos a asistir a uno de los periodos más oscuros de la política y del gobierno, cumpliendo –aunque profundizando- esa constante de que cada gobierno en Colombia resulta peor que el anterior.
De hecho, esos ocho años se caracterizaron por la espectacularidad de los escándalos de corrupción que el país conoció. Quizás uno de los primeros y de mayor impacto en la opinión pública fue el relacionado con el nombramiento de funcionarios diplomáticos por razones políticas, un escándalo que reveló la verdadera naturaleza del gobierno Uribe y que dejó sin piso esa imagen de líder independiente del Congreso y de los políticos tradicionales que había construido, la cual le otorgaba una especie de autoridad moral para acabar con el clientelismo. Este asunto provocó en marzo de 2005 la renuncia de la entonces embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Ángela Holguín, a la postre ministra de relaciones exteriores de Santos desde su primer mandato presidencial.
Otro de los golpes contundentes contra su gobierno se lo dio su inicial ministro del Interior y de la Justicia, Fernando Londoño Hoyos, uno de los principales impulsores del mencionado “Referendo contra la corrupción y la politiquería”. Londoño debió dejar su cartera en medio de un escándalo por la adquisición ilegal de acciones de la firma Invercolsa y el 8 de febrero de 2007 fue condenado a restituir las acciones. Sin embargo, este no fue el único traspié que sufrió la imagen del entonces presidente en la lucha contra la corrupción. Como ya se dijo, en materia de corrupción la administración Uribe se caracterizó no solo por ser una práctica generalizada, sino por la gravedad de los casos que en ella se evidenciaron.
En este artículo mencionaré de forma inicial tres casos, entre los muchos que han salido a la luz pública, por ser casos emblemáticos que ilustran lo ocurrido durante esos ocho años. Otros por falta de espacio, los mencionaré al final de forma más sucinta. Los tres más mencionados son: la compra de la reelección, el fraude de Agro Ingreso Seguro (AIS) y los ventajosos negocios de Tomás y Jerónimo Uribe.
1. La compra de la reelección
A partir de las condenas penales por el delito de cohecho propio[1] a los ex congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por parte de la Corte Suprema de Justicia, quedó judicialmente demostrado que existieron ofrecimientos de dádivas de parte de funcionarios del gobierno nacional a cambio del voto favorable al proyecto de reforma constitucional que le permitió a Álvaro Uribe Vélez aspirar a un segundo mandato presidencial. El Alto Tribunal expidió copia de los expedientes a los organismos judiciales con el fin de que se adelantarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios públicos que participaron de los hechos, entre quienes se encuentran Diego Palacio Betancourt (ex ministro de la Protección Social) y Sabas Pretelt de la Vega (ex ministro del Interior y de Justicia y ex embajador en Italia). Este es, por mucho, el hecho de corrupción más importante en la historia reciente del país, no sólo porque genera profundos cuestionamientos sobre la legitimidad y la legalidad de todo el segundo mandato del presidente Uribe, sino también por lo que implicó la figura de la reelección para el diseño institucional la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República, en lo que relativo a los efectos frente al nombramiento de organismos de control, la desigualdad manifiesta entre el presidente-candidato y los demás candidatos y el acceso a los recursos del Estado en el época de campaña, por mencionar sólo algunos.
2. El fraude de Agro Ingreso Seguro
Cuando aún el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, no había podido salir del escándalo de Carimagua, en virtud del cual serían entregadas en concesión para la explotación de palma 17.000 hectáreas de tierra en el departamento del Meta, que habían sido prometidas a decenas de familias víctimas de desplazamiento forzoso, a un solo individuo, vuelve Arias a salir a la luz pública con los millonarios subsidios del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro, que terminaron en manos de grandes productores, importantes empresarios, amigos del presidente y hasta reinas de belleza, en detrimento de los campesinos que no tienen acceso a créditos y atraviesan dificultades por cuenta de las negociaciones de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Europa y Canadá. Uno de los componentes de este escándalo radicó en sus implicaciones políticas, dado que surgió en medio del debate nacional sobre el referendo reeleccionista que abriría las puertas para un tercer mandato del presidente Uribe.
3. Los negocios de los hijos del presidente Uribe
El escándalo de corrupción que mayor trascendencia mediática tuvo fue el relacionado con los negocios de sus hijos Tomás y Jerónimo, quienes compraron a Bavaria SabMiller -el gigante cervecero sudafricano- un terreno por $33 millones en el municipio de Mosquera, que en sólo dos años pasó a valer $3.000 millones de pesos (un incremento de 9.100%) en virtud de las decisiones oficiales tomadas, primero, por la Alcaldía de Mosquera, y segundo, por varios de los ministros y otros altos funcionarios del presidente Uribe al declarar la Zona Franca de Occidente en el lugar donde se encuentra ubicados dichos predios.
Este hecho generó un debate ético sobre los diferentes negocios de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, quienes habían sido presentados ante la opinión pública como dos exitosos jóvenes emprendedores, principalmente en el sector de las artesanías y del reciclaje de basuras con la firma Residuos Ecoeficiencia, pero que en virtud de su calidad de hijos del presidente obtuvieron enormes ventajas comerciales respecto de sus competidores.
Este caso fue otro de los más sonoros sobre la utilización de la investidura presidencial para aumentar las arcas de la familia Uribe Moreno y que tuvo su punto más álgido en julio de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia instó a la Fiscalía General a investigar a Tomás Uribe por la presunta injerencia en la asignación a un recomendado suyo de una notaría en la ciudad de Tunja, en un hecho que se suma al escándalo de ofrecimientos de prebendas para la reelección de su padre en 2006.
No obstante, la cascada de escándalos de corrupción no cesó con los tres antes mencionados. Un sinnúmero de ellos fueron registrados por la prensa y, por supuesto, se encuentran en diferentes estados procesales en la justicia colombina en cuya mención, por poco agota uno el abecedario:
a. Megafraude a la Dian: desfalco billonario perpetrado por empresas de exportaciones ficticias que pedían reintegro de recursos por concepto de devolución del IVA. El fraude arrancó en 2004 y podría ascender a más de 2 billones de pesos.
b. Mega desfalco en salud: los entes de control y vigilancia revelaron un fraude millonario al sistema de aseguramiento en salud, mediante una red de corrupción que se especializó en el recobro ilícito al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
c. Anomalías en la DNE: la administración de los bienes incautados a la mafia terminó en escándalo. Corrupción y clientelismo político durante el gobierno Uribe. 13 congresistas y dos ex directores están investigados y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) será liquidada.
d. Desorden carcelario: anomalías en materia de prisiones. Flexibilización del régimen penitenciario en el pabellón de los parapolíticos, el escándalo del 'Tolemaida Resort' y dudas sobre licitaciones, construcciones y ampliaciones de penales, han sido denunciadas.
e. “Piñata" en títulos mineros: el actual Ministerio del ramo denunció que en los últimos años la minería ilegal se disparó en todo el país, pues durante el mandato uribista hubo un alud de autorizaciones anómalas de títulos mineros.
f. Falsas desmovilizaciones: quedaron al descubierto dos casos de falsas desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares, al punto que el ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, terminó en la mira de Fiscalía y Procuraduría y hoy se encuentra prófugo de la justicia.
g. Desorden en Incoder: nueva cúpula del Ministerio de Agricultura revisó procesos de adjudicación de tierras y detectó entrega de miles de hectáreas durante el gobierno Uribe a testaferros de narcotraficantes y paramilitares.
h. El caso Nule: el escándalo por el carrusel de contratación que involucró al grupo Nule en Bogotá salpicó al gobierno de Álvaro Uribe, por los nexos de antiguos altos funcionarios con los cuestionados y presos empresarios. Caso concreto señalamientos al secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y a exdirectores de la Dian.
i. Narcos desmovilizados: el extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, dijo que pagó dineros a ex congresistas para que lo hicieran meter al proceso de desmovilización paramilitar durante el gobierno Uribe.
j. "Tsunami" de las chuzadas: las investigaciones por interceptaciones ilegales que perpetró el DAS a magistrados, periodistas y dirigentes políticos tocaron a cúpula del gobierno Uribe. Procuraduría destituyó al ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno. La cúpula del organismo se encuentra mayoritariamente presa y condenada.
k. Nuevo envión a parapolítica: en el último año la Corte Suprema de Justicia profundizó pesquisas por nexos entre congresistas y ex parlamentarios con grupos paramilitares. Múltiples condenas y nuevos imputados.
l. Escándalo en Fondelibertad: al listado de presuntos casos del gobierno Uribe se sumó el de este fondo-cuenta que maneja millonarios recursos para la lucha contra el secuestro. La prensa denunció graves anomalías en contratación y presunto desgreño administrativo.
m. A floricultores: se denunció una peligrosa concentración de millonarios créditos en el sector floricultor que fue autorizada por los exministros Fernández y Arias. Se indicó que miles de millones de pesos estaban embolatados.
n. Contratación vial: Procuraduría abrió indagación preliminar contra el ex ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego (quien murió en 2014), por presuntas irregularidades en la actividad contractual de esa cartera.
Como puede verse, un manto de corrupción por la probadísima comisión de varios delitos cubre al entorno más próximo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en sus ocho años de gobierno (2002-2010) dejó prácticamente desinstitucionalizada a Colombia y con escándalos de gran magnitud que llevaron a la cárcel al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, al exsecretario general de la Presidencia de la República Bernardo Moreno, a los exdirectores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, y al exdirector de la Unidad de Análisis e Información Financiera (UIAF), Mario Aranguren. Seguramente irán más integrantes del gobierno uribista a prisión dada la gravedad de los desafueros cometidos durante los dos periodos gubernamentales del exmandatario de ultraderecha.
La administración Uribe cerró ahogada en un mar de escándalos y en medio de la preocupación nacional e internacional por los índices de corrupción en el país. La lucha contra este flagelo, que utilizó para llegar al poder en 2002, resultó ser otro falso positivo y su núcleo cercano terminó salpicado por los principales escándalos de corrupción.
Álvaro Uribe Vélez pasará a la historia como un presidente que le incumplió al país, pese a modificar la Constitución para alargar su mandato. Un presidente al que ocho años de gobierno le fueron insuficientes para cumplir las promesas que lo llevaron al solio de Bolívar en 2002; una de ellas, la lucha contra la corrupción, sin hablar de que su promesa central era la derrota militar del movimiento insurgente. No obstante, tiempo le sobró para enriquecer a su familia y a sus allegados, ya sea con la utilización indebida de dineros públicos o con el aprovechamiento comercial de la dignidad presidencial.
Hubert Ballesteros Gómez
Cárcel la Picota marzo 17 de 2016.
