La Corte determinó que en este tipo de operaciones solo se podrá irrumpir en el domicilio de la persona o en su trabajo, con previa autorización de un juez de control de garantías.
La norma había sido demandada por los ciudadanos Camila Betancourt Villegas, Luisa Fernanda López, Nubia José López, Juan Moreno Villegas, Valentina Restrepo y Santiago Sánchez Quiceno.
