Organizaciones demostraron la vigencia del paramilitarismo ante la CIDH
Organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciaron ante la CIDH la vigencia del paramilitarismo en Colombia, con la complicidad, anuencia y tolerancia de estructuras institucionales, incluidas la fuerza p煤blica y los poderes pol铆ticos y econ贸micos regionales. Situaci贸n que evidencia una nueva fase de consolidaci贸n de paramilitar y que se sustenta en el control territorial de estas estructuras en regiones altamente militarizadas, as铆 como en el incremento de la violencia paramilitar contra l铆deres sociales, el asesinato de 13 de ellos y las agresiones contra otros 54 en lo corrido de 2016.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciaron ante la CIDH la vigencia del paramilitarismo en Colombia, con la complicidad, anuencia y tolerancia de estructuras institucionales, incluidas la fuerza p煤blica y los poderes pol铆ticos y econ贸micos regionales. Situaci贸n que evidencia una nueva fase de consolidaci贸n de paramilitar y que se sustenta en el control territorial de estas estructuras en regiones altamente militarizadas, as铆 como en el incremento de la violencia paramilitar contra l铆deres sociales, el asesinato de 13 de ellos y las agresiones contra otros 54 en lo corrido de 2016.
Danilo Rueda, abogado integrante de la Comisi贸n de Justicia y Paz, cit贸 como ejemplos las acciones violentas que se dieron en el marco del reciente paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas; as铆 como el control paramilitar de 82 barrios de Buenaventura, pese a la constante militarizaci贸n del municipio; la presencia de m谩s de 300 paramilitares armados en el Bajo Atrato, quienes se movilizaron pasando por retenes militares; y la libre movilidad de por lo menos 200 hombres armados y vestidos de camuflado en Putumayo, a escasos metros de una base militar financiada por los Estados Unidos.
Estas acciones violentas son parte de una estrategia de terror y zozobra para atemorizar a las comunidades, seg煤n denunci贸 Franklin Casta帽eda, quien precis贸 que durante 2015 682 defensores de derechos humanos fueron agredidos y de ellos, 63 asesinados; de acuerdo con investigaciones la responsabilidad de grupos paramilitares en esos delitos fue del 66% y 7% de agentes del Estado, frente a 0.5% de grupos guerrilleros.
De acuerdo con la Defensor铆a del Pueblo en 27 de los 32 departamentos de Colombia hay presencia de grupos paramilitares, y en Cauca, Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Atl谩ntico, Choc贸, C贸rdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Sucre, Sur de Bol铆var y Buenaventura, se han presentado las acciones de violencia paramilitar durante estos primeros meses de 2016, afirm贸 Casta帽eda, e insisti贸 en que estas regiones coinciden con los departamentos y municipios claves para la implementaci贸n de los acuerdos de paz.
Seg煤n se afirm贸 por parte de la Corporaci贸n Jur铆dica Libertad, hay serias falencias en la judicializaci贸n de miembros paramilitares, pues de los 3500 que se suscribieron a la Ley 975, 煤nicamente hay 15 sentencias en firme. As铆 mismo se denunci贸 la continuaci贸n entre el accionar de las denominadas Bacrim y el de los grupos paramilitares que pese a que se acogieron a la desmovilizaci贸n, contin煤an atentando contra los derechos humanos de quienes reclaman sus tierras, con la omisi贸n y en articulaci贸n con agentes de la fuerza p煤blica y miembros de la institucionalidad, fen贸meno que debe abordarse para garantizar la no repetici贸n en el marco de los acuerdos con FARC y ELN.
Otros de los elementos que fueron denunciados ante la CIDH tienen que ver con factores institucionales que han permitido la vigencia del paramilitarismo en Colombia, de acuerdo con los peticionarios hay falencias en las investigaciones contra quienes han vulnerado derechos humanos. La Fiscal铆a ha designado 1.355 millones de d贸lares para los 800 investigadores de las 56 mil investigaciones que cursan contra miembros del ELN y de las FARC, mientras que los procesos contra agentes estatales, pol铆ticos y econ贸micos infractores de los derechos humanos, no han contado con igual distribuci贸n de recursos humanos, econ贸micos y log铆sticos.
Frente a los hechos denunciados y las pruebas presentadas, las organizaciones insistieron en la necesidad de consolidar una pol铆tica coherente para enfrentar el fen贸meno del paramilitarismo, que permita reconocer su naturaleza y estrategia, y que lleve a que los altos mandos en la planificaci贸n y ejecuci贸n de los delitos y sus beneficiarios, sean sancionados. En esa medida destacaron la importancia de crear una comisi贸n de alto nivel que logre identificar con claridad este fen贸meno y posibilite espacios de interlocuci贸n entre el Gobierno, las dos mesas de negociaci贸n y la sociedad civil, para definir estrategias colectivas que permitan generar garant铆as de no repetici贸n.
En tal sentido, se insisti贸 en que parte de los prop贸sitos de la negociaci贸n con las guerrillas es el fortalecimiento de la democracia en Colombia, lo que requiere que haya un desmonte del paramilitarismo; que se construya una doctrina militar para la paz y los derechos humanos; que se establezcan garant铆as para la protesta social y un protocolo nacional para la actuaci贸n de la fuerza p煤blica; que se fortalezca la separaci贸n entre las fuerzas militares y la Polic铆a Nacional, y que se reforme la administraci贸n de justicia para investigar, judicializar y sancionar violaciones a derechos humanos.