Entre el 2012 y el 2014 los habitantes de Buenaventura soportaron que diariamente integrantes del ‘clan ‘Úsuga y ‘la Empresa’ se enfrentaran a bala en una cruenta guerra por el control del narcotráfico y la extorsión en el puerto.
La situación de violencia en esa localidad llegó a tal punto que habitantes de algunos sectores ya no salían a la calle y ante el incremento de los enfrentamientos fueron abandonando sus hogares. En total, terminaron desplazadas 9.052 familias, que lo abandonaron todo por la presión de las bandas en la zona.
Ese es solo uno de los casos de la grave situación humanitaria que están ocasionando los integrantes de las bandas en el país y que se empiezan a visibilizar en los registros de la Unidad de Víctimas.
Un informe conocido por EL TIEMPO revela que ya son 332.149 las personas que se han registrado como víctimas de las bandas criminales, algunas de ellas por más de un hecho victimizante (lo que aumenta el registro).
El desplazamiento forzado es uno de los delitos por el que más personas se han inscrito en el Registro Único, en el que hasta hace poco solo se incluían las víctimas de los paramilitares.
El desplazamiento forzado es uno de los delitos por el que más personas se han inscrito en el Registro Único, en el que hasta hace poco solo se incluían las víctimas de los paramilitares.
Las cifras oficiales dan cuenta de que 322.504 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. 42.784 de amenazas por parte de estas organizaciones criminales, 559 sufrieron violencia sexual, 560 desaparición forzada, 8.194 de homicidio, 305 de secuestro, 147 de tortura, 82 menores han sido vinculados a las actividades de estas bandas y 49 personas fueron despojadas de sus tierras.
Las regiones que más sufren la violencia de las bandas criminales sonAntioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó. Paradójicamente, la mayoría de estas son las regiones en las que tradicionalmente delinquían actores el conflicto como los paramilitares.
Ariel Ávila, director de la Fundación Arco Iris, asegura que en el 70 por ciento de los territorios en los que en el pasado mandaron los paramilitares hoy están sembrando el terror los integrantes de las bandas.
Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), advirtió sobre el alarmante aumento de los desplazados en el país, en gran parte por el poder que tienen las bandas y que heredaron de los paramilitares (Ver recuadro)
Por eso, desde el 2013 la Corte Constitucional ha ordenado en diferentes fallos que el Gobierno incluya en el Registro Único de Víctimas a las personas que han sido afectadas por las bandas criminales. Esto porque, aunque la Ley de Víctimas del 2011 no contempló su inclusión, considerando que las bandas no son actores del conflicto armado, para el alto tribunal los efectos de la violencia que sufren pueden ser similares a los ocasionados por las Farc, el Eln o los paramilitares.
La primera batalla judicial que ganaron las víctimas, en el 2013, fue un auto en el que el alto tribunal le ordenó a la Unidad incluir en sus programas a quienes han sido desplazados por estos actores ilegales. Aunque la Corte estableció que discriminar a esta población y negarle la posibilidad de una indemnización y ayuda iba en contra de la Carta del 91, la Unidad señala que solo se les puede dar asistencia humanitaria y que esas víctimas podrían acudir a mecanismos de reparación en la justicia ordinaria.
Esa atención humanitaria de todas formas representa un alto costo para el Estado, que debe financiar planes de asistencia para las víctimas de bandas y en este caso no se cuenta con los recursos que en la justicia transicional tienen que entregar los desmovilizados. Aunque a las bandas se les han decomisado solo el año pasado cerca de 10.000 millones de pesos en efectivo esa plata pasó a manos de la Fiscalía y no de un fondo de reparación o asistencia de las víctimas.
Alerta por aumento de casos de desplazados
El Pacífico colombiano, especialmente en Nariño, Chocó y Cauca, es la zona del país en donde se presenta el fenómeno de desplazamiento forzado más preocupante de los últimos tres años, en el que las bandas criminales tienen un papel protagónico.
Así lo aseguró Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), quien dice que el poder de estos grupos se deriva de la herencia del paramilitarismo.
“Si bien no son los mismos, siguen teniendo patrones de agresión similares a los de paramilitares clásicos”, asegura.
Los desplazamientos que Codhes ha registrado, dice, tienen que ver con el interés de las bandas “por controlar recursos en sus territorios”, como la minería ilegal, las tierras y el narcotráfico. Para Romero, es clave que la Corte Constitucional haya ampliado el espectro para reconocer a víctimas de bandas y afirmó que el hecho de que ya se hayan registrado más de 320.000 de sus víctimas muestra la dimensión del daño cometido por estos grupos.
Los desplazamientos que Codhes ha registrado, dice, tienen que ver con el interés de las bandas “por controlar recursos en sus territorios”, como la minería ilegal, las tierras y el narcotráfico. Para Romero, es clave que la Corte Constitucional haya ampliado el espectro para reconocer a víctimas de bandas y afirmó que el hecho de que ya se hayan registrado más de 320.000 de sus víctimas muestra la dimensión del daño cometido por estos grupos.
Incluso, según cifras oficiales, las bandas estarían detrás de más de la mitad de los desplazamientos forzados cada año.
“Y en la costa Caribe, en zonas que se suponía pacificadas por el diálogo con paramilitares, hoy las llamadas bandas persisten en amenazas para reclamantes de tierras y líderes de víctimas”, dice Romero.
