Se trata de la firma registrada como ‘Comercializadora Internacional S & JIL SAS’ en marzo del 2010 en MedellÃn, según la FiscalÃa “para lavar activos” utilizando a habitantes de la calle, taxistas, panaderos y hasta muertos para hacer transacciones comerciales que alcanzaron los 1.3 billones de pesos.
Según la investigación adelantada por tres años por la Dirección Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, los proveedores “resultaron ser empresas de papel”.
De acuerdo a las indagaciones en algunos casos prometÃan empleos o pagaban para que “tramitaran su Registro Único Tributario RUT y luego simular transacciones comerciales, como si ellos fueran proveedores de oro de diferentes minas en el Urabá Antioqueño e inclusive Cartagena”.
La FiscalÃa puntualizó que “el 85 por ciento de personas relacionadas en esos listados no tenÃan relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro mina”.
Es decir que a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, “reportaron operaciones comerciales de manera directa con personas que para la fecha se encontraban fallecidas o que no existÃan o que sus datos no coincidÃan con las certificaciones”.
En total se tenÃa un universo de 12.600 personas involucradas en el caso que ni tenÃan conocimiento de los hechos, incluso tenÃan el registro de empresas que al ser verificadas no tenÃan relación alguna con la actividad comercial del oro.
De las nueve personas involucradas, un Juez de Control de GarantÃas de MedellÃn impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilÃcito de particulares y concierto para delinquir a cuatro, las cinco restantes recibieron detención domiciliaria.
