El magistrado del Juez Supremo Pablo Llarena ha procesado este viernes por un delito de rebelión a 13 líderes del independentismo catalán: el expresidente Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa; a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
En el mismo auto de procesamiento, el juez incluye a otros cinco exmiembros del Ejecutivo catalán: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, y les imputa delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.
A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsellers procesados por delito de rebelión también les atribuye el delito de malversación, que podría juzgarse específicamente como tal o quedar incluido en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión.
Llarena ha fija una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, que deberá ser entregada solidariamente por los 14 exmiembros del antiguo Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret. Esos 2,1 millones de euros corresponden a la suma de los 1,6 millones de euros, (lo que, según el juez, costó financiar el referéndum del 1 de octubre) más el tercio de esa cantidad que debe añadirse de acuerdo a la ley.
