"No queremos minería": Marcha en #Ecuador para pedir el fin de las concesiones

Al grito de "no queremos minería", ecuatorianos marcharon este jueves por el centro de Quito, la capital del país, para exigir la extinción de las concesiones mineras, que —según denuncian— ponen en riesgo el agua y la mega-biodiversidad en el país, además del hogar de miles de familias.

La marcha fue convocada por comunidades del noroeste de la provincia de Pichincha, a pocos kilómetros de Quito, pero a ella se unieron habitantes de otras regiones del país, como la Amazonía y el sur de la Sierra.

"Queremos que el Ecuador camine hacia un rumbo de sostenibilidad, un nuevo rumbo de vida", declaró Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino del Nanegalito, a 70 kilómetros al noroeste de Quito, que enumeró las tres demandas concretas que exigen al Gobierno del presidente Lenín Moreno: Fin a las concesiones mineras, que se declaren 100 años de moratoria minera [para revisar las concesiones, prohibir el uso de agentes tóxicos, derogar licencias que violen las leyes, etc.] y la desgraficación [eliminación de mapa minero] del territorio.

Un comunicado que difundió en la marcha la agrupación Caminantes, espacio de articulación nacional antiminera del Ecuador que participó de la movilización, señala que "2 millones de hectáreas, casi el 15 % del suelo ecuatoriano, todavía se encuentran concesionadas" a mineras, en su mayoría "empresas transnacionales".

Según denuncian, Ecuador, uno de los países más biodiversos del planeta, tiene al menos cinco áreas importantes de especiación —Chocó, Tumbes, Andes, Amazonía y valles internos de las cordilleras— que están "amenazadas por concesiones mineras que atraviesan al país".

Un documento del Ministerio de Minería señala al menos cinco proyectos estratégicos en la materia: San Carlos Panantza, Loma Larga, Río Blanco, Mirados y Fruta del Norte, donde se extrae cobre, oro, plata y molibdeno.

A lo largo de la historia el modelo extractivo ha demostrado, señala el texto de Caminantes, "que profundiza la pobreza, desconoce los procesos comunitarios, sostiene una clase política dominante y promueve el enriquecimiento ilícito".

Mercedes Taich, de la provincia de Morona Santiago, sureste de Ecuador, denuncia que en agosto de 2016 un grupo de militares ingresaron a una comunidad indígena Shuar por su resistencia al proyecto minero San Carlos Panantza. "Nosotros no queremos plata, sino territorio, donde siempre el pueblo Shuar vivió del trabajo del campo", subraya.

Silvia Crumbango, de la parroquia de Peñaherrera, perteneciente al cantón de Cotacachi, ubicada en la zona de Intag, en la provincia norteña de Imbabura, asegura que las empresas mineras que operan en la zona se han apropiado de terrenos que eran de los pobladores y han acabado con el "turismo comunitario" que ofrecían, además de contaminar una de las dos cascadas a las que accedían.

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, asegura que en octubre del año pasado pidieron a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que fuera declarado como Reserva de Biosfera el Chocó Andino, en el noroeste de la provincia.

Asimismo, denuncia que un mes después formalizarse dicha petición se otorgó una última concesión minera a la firma australiano-canadiense Valle Rico Resources, en San Miguel de los Bancos, dentro del Chocó Andino.

Alfonso Romero, de San Miguel de los Bancos, sostiene que en la zona hay concesionadas 3.200 hectáreas que ponen en peligro la labor de agricultores y ganaderos, que con sus productos abastecen a las ciudades de Ecuador, en especial a Quito.

"La minería pone químicos muy fuertes como cianuro, mercurio, lo que influye en los productos del campo que consumen todos los ecuatorianos", denuncia, por su parte, Genaro Andino, de Palo Quemado, parroquia de la provincia de Cotopaxi, donde ya hubo una explotación minera, que —según dice— quieren reactivar.

Los manifestantes recuerdan que el pasado mes de febrero los ecuatorianos votaron a favor de prohibir la minería metálica en el país, en una consulta popular en la que los ciudadanos contestaron a siete preguntas sobre diversos temas de interés general.

El 68,62% de los ciudadanos que votaron respondieron afirmativamente a la pregunta '¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?'.

Con ese resultado, se resolvió agregar un inciso al artículo 407 de la Constitución ecuatoriana que reza: "Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles". Esa modificación obligó también a reformar un articulado del Código Orgánico de Ambiente.

Sin embargo, el colectivo Caminantes denuncia que la ministra de Minería, Rebeca Illescas, "promocionó la gran capacidad de explotación de minerales en Ecuador" en la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés) 2018.

En esa oportunidad, Illescas dijo que Ecuador "gestiona una minería social, ambiental y transparente entre el Estado, la comunidad y la empresa privada". Sobre esta cuestión, los manifestantes creen que la funcionaria "mintió" sobre el éxito en la aplicación de la consulta previa que debe hacerse a las comunidades antes de realizar las actividades mineras.

Según un estudio del Banco Central del Ecuador, dado a conocer por el Ministerio de Minería, las actividades extractivas no petroleras aportarán más de 1.000 millones de dólares al país en 2018.