El glifosato, la extraña insistencia de Duque ante Santos y la Corte Constitucional

Una objeción presidencial a estas alturas sería un cachetadón —y algo no visto antes— a la labor de este alto tribunal y al esfuerzo institucional por lograr la implementación del Acuerdo de Paz. Si bien oficialmente la Corte no se ha pronunciado, el malestar de los magistrados es absoluto. Fuentes cercanas a los togados le explicaron a este diario que no entienden la estrategia del Gobierno: si el Congreso no acepta las modificaciones que pida el presidente Duque, quedaría en firme la decisión inicial. O sea, habría sido un esfuerzo en vano. Y si las acepta, la norma llegaría de nuevo a la Corte, la cual podría sentar entonces el precedente de que sus decisiones no pueden ser objetadas, por ser de un órgano de cierre.

En otro escenario, así fueran aceptados y aprobados los cambios, el Ejecutivo tendría que presentar una reforma constitucional, pues todos los temas que hoy cuestiona Duque tienen como base el acto legislativo 01 de 2017, la esencia del sistema de justicia transicional basado en verdad, justicia, reparación y no repetición. Y esta norma hace parte desde entonces de la Constitución. “Todo esto es un desgaste al sistema. No veo otra razón”, agregó otra fuente del alto tribunal, y señaló que los funcionarios de la Corte, aunque entienden las tensiones políticas del momento, consideran “atrevidas” las movidas que ha hecho el Gobierno frente a temas como la JEP o el glifosato.

El funcionario se refiere a las declaraciones que han dado varios miembros del equipo de Duque frente al uso de este químico, regulado por orden de la Corte Constitucional. Una de ellas salió de la boca del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en agosto del año pasado en el Congreso. “En mi experiencia como agricultor, no he conocido un mejor herbicida que el glifosato”, declaró el ministro, y aclaró que consideraba costosa cualquier otra alternativa, como la sustitución y la erradicación manual, y no se tendrían los recursos para financiarla. A raíz de esta declaración, el senador Antonio Sanguino le pidió a la Corte que revisara las políticas del Gobierno, la Policía y el Consejo Nacional de Estupefacientes frente al tema.

Recientemente trascendió la noticia de que la Policía estaba utilizando drones con glifosato en un plan piloto para volver a usar el químico, el cual la Corte vetó hasta que las autoridades diseñen una estrategia que tenga en cuenta sus implicaciones para la salud. El proyecto se venía estructurando desde la administración de Juan Manuel Santos, que dejó 10 drones para la aspersión durante la etapa piloto, por un costo de $78 millones; sin embargo, los cálculos preliminares que se hicieron para su funcionamiento arrojaban un presupuesto de unos $21.000 millones. Con esta información, el alto tribunal empezó a preguntar bajo qué condiciones se estaba utilizando el glifosato, teniendo en cuenta que en 2017 había restringido su uso.

Todo parece indicar que el Gobierno expone hoy oficialmente ante la Corte su plan para volver a la aspersión aérea con glifosato, basado en argumentos como el hecho de que la erradicación manual es costosa y que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo independiente de la ONU, confirmó esta semana que Colombia sigue siendo el mayor productor de hoja de coca y de cocaína del mundo. Según las nuevas cifras, la producción de la droga pasó de 1.053 toneladas métricas en 2016 a 1.379 toneladas métricas en 2017, y el 64 % del incremento se concentró en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca.

El origen de la audiencia del jueves es una tutela que falló la Corte Constitucional en 2017, presentada inicialmente por la Personería de Nóvita (Chocó) como una queja ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Dirección Antinarcóticos de la Policía. En su recurso, la Personería de Nóvita solicitó, en nombre de los pueblos indígenas y afrodescendientes que viven en esa región, “consulta (previa) con las comunidades afectadas sobre las decisiones del ‘Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato’ e implementar un programa para indemnizarlas para la recuperación de sus cultivos y fuentes de sustento que fueron contaminadas por la fumigación”.

La Personería explicó que las condiciones geográficas de Nóvita hacían que la aspersión con glifosato no fuera efectiva ni precisa, y señaló que, contrario al propósito gubernamental de afectar los cultivos de uso ilícito, el químico terminaba en “los cultivos lícitos, de los agricultores, a las fuentes hídricas y a las zonas habitadas”. Agregó que la aspersión en esa zona del país se había ejecutado “de manera arbitraria, ilegal y anticonstitucional”, debido, aseguró, a la “legislación especial” que protege a los grupos étnicos que habitan Nóvita y sus alrededores. Argumentó que las afectaciones al medio ambiente y a la salud de los pobladores eran mayores al impacto sobre este eslabón del narcotráfico.

Cuando el caso llegó a manos de la Corte Constitucional, casi dos años atrás el Consejo Nacional de Estupefacientes había suspendido el uso de glifosato en las aspersiones aéreas, luego de que el presidente Juan Manuel Santos así lo pidiera. Fue una votación mayoritaria: siete miembros dijeron que sí, solo el procurador de la época, Alejandro Ordóñez, dijo no. Al estudiar la tutela, el alto tribunal señaló: “La necesidad legal de una licencia ambiental y de la aprobación de un plan de manejo ambiental, es un indicio fuerte de la necesidad constitucional de una consulta previa en los casos en que estos programas afecten los territorios de comunidades étnicas”.

En ese momento, la Corte entendió también que el debate no era solo sobre el derecho a la consulta previa sino sobre el glifosato mismo. La corporación señaló que no era la llamada a regular la aspersión con este químico, sin embargo dejó claro que “los programas de aspersión con glifosato, debido a sus características especiales, plantean riesgos significativos para la salud humana”, con un problema adicional: “Dichos riesgos no han sido regulados razonablemente por las autoridades administrativas”. Por eso ordenó que no se reanudaran las aspersiones con este material, a menos que se regulara teniendo en cuenta, especialmente, el impacto sobre la salud de quienes se exponen a él.