Los días 5 y 6 de diciembre de 1928 se inició la masacre de los trabajadores bananeros al servicio de la United Fruit Company (UFCO). El ESMAD de la época dejó una estela de muerte, persecución y terror sistemático que se extendió por toda la Zona Bananera.
Un mes antes los directivos de la compañía norteamericana se habían negado a recibir y dialogar con los delegados de los trabajadores para negociar su justo pliego de peticiones, por lo cual se inició la huelga.
Hoy, luego de 15 días del Gran Paro Nacional, con la movilización de millones de Colombianos por el derecho a la educación, el respeto de la vida de los líderes sociales y exguerrilleros, contra la retardataria Reforma Tributaria y Pensional y el genocidio de los Pueblos indígenas, el Comité Nacional de Paro encuentra que el sub-presidente Iván Duque también se niega a dialogar con seriedad, pretendiendo a través de un par de mandaderos que basta solo con “conversar” y rechaza la mesa de negociación asegurando que basta con una mesa “exploratoria”.
La burguesía siempre miente y engaña a los trabajadores, por ello la uribista María Fernanda Cabal ha dicho que la masacre de las bananeras es “un mito de la narrativa comunista”, negando la verdad de los hechos:
El banano es un fruto originario de Asia Meridional que llegó a América traído por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Su producción se desarrolló en los países centroamericanos, en donde todavía sigue siendo uno de sus principales artículos de exportación.
Solamente hasta la segunda mitad del siglo XIX se convirtió en una fruta apetecible para el capitalismo internacional, porque se empezó a consumir en los Estados Unidos.
Minor Cooper Keith fundó en 1899 en la ciudad de Boston la United Fruit Company (UFCO), que llegó a ser la empresa bananera más grande del mundo, con plantaciones en Costa Rica, Cuba, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Colombia.
El banano se exportaba hacia los EEUU desde estos países donde se habían implantado enclaves agrícolas con miles de trabajadores.
En esos enclaves la empresa monopolizaba la tierra y el agua, era dueña de los ferrocarriles y todos los medios de comunicación existentes, incluyendo el telégrafo y tenía su propia flota marítima, con la que llevaba el banano a los EEUU.
Imponía y quitaba presidentes y dictadores en los países centroamericanos, siendo célebre la afirmación de Sam Zemurray, cuando dijo: “en Honduras es más barato comprar un diputado que una mula”.
La UFCO llegó a Colombia a fines del siglo XIX y se implantó en la región contigua a Santa Marta, una zona idónea para la producción de banano por sus características ambientales, la fertilidad de sus tierras y su cercanía a la costa, lo cual facilitaba la exportación.
De la misma forma que en los otros países donde se había instalado, la UFCO desarrolló una economía de enclave, controlando todo lo que encontraba a su paso y subordinando a los pequeños productores de banano, los cuales quedaron sujetos a los designios de la empresa estadounidense, por la apropiación de la tierra y el agua, la monopolización de la infraestructura de transportes y comunicaciones, la imposición de su propio sistema de crédito, y porque era la única compradora de la producción local.
Los trabajadores eran antiguos campesinos, colonos e indígenas que formaron el primer contingente de asalariados. Mientras en 1906 había 15 mil jornaleros dependientes de la UFCO, en 1928 eran 32 mil.
Estos trabajadores desempeñaban diversas actividades: encargados de sembrar y cuidar el banano en las plantaciones; estibadores del muelle y del ferrocarril; coleros, que cargaban los racimos al borde de los campos; puyeros, que cortaban la fruta; y carreros que la apilaban en paquetes que eran llevadas por las mulas hacia los ramales del ferrocarril.
Aunque a la UFCO le interesaba desarrollar relaciones libres o semi-libres de trabajo con el fin de romper los vínculos de campesinos y colonos con la tierra, no implementaba en forma directa las formas salariales características del capitalismo. Para ello procedía a vincular a contratistas y subcontratistas que enganchaban a los trabajadores, los cuales no tenían ningún vínculo directo con la empresa.
Dicha forma de vinculación laboral le resultaba muy efectiva, porque dificultaba la organización de los trabajadores y creaba una jerarquía de contratistas, capataces y productores directos. Como consecuencia, el salario que recibían los trabajadores era exiguo, pues se diluía en una cadena de intermediarios.
Predominaba el salario a destajo, porque a los trabajadores no se les pagaba un sueldo fijo sino de acuerdo a las tareas realizadas: a los corteros por la cantidad de guineos que cortaran, a los estibadores por el número de bultos cargados. Además, no se pagaba en dinero sino con vales, que era como una moneda interna que sólo se recibía en los comisariatos de la empresa.
Las condiciones laborales, higiénicas y habitacionales de los trabajadores eran deplorables. En el trabajo el jornalero no contaba con ningún tipo de protección para sus labores, no había hospitales ni dispensarios médicos, sólo se atendía a los trabajadores cuando estaban muriendo, y si se enfermaban se les cobraba por la hospitalización.
Los trabajadores dormían en campamentos desvencijados, sobre esteras hechas con las hojas de guineo, invadidas por chinches.
Estas condiciones materiales, junto con la emergencia de variadas influencias ideológicas radicales y socialistas desde fines de la década de 1910, llevaron a los trabajadores a organizarse para exigir sus derechos.
Las protestas obreras se dieron en el enclave y en el ferrocarril, los dos epicentros de la actividad de la UFCO. Luego de varios intentos organizativos en 1925 se formó la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM) que aglutinaba a la inmensa mayoría del proletariado bananero.
Antes de la USTM y de la huelga de 1928 se habían presentado varias huelgas contra la UFCO, desde cuando en 1910 los trabajadores del ferrocarril cesaron actividades exigiendo el mismo trato y salario que los trabajadores extranjeros.
En 1918 se presentó una segunda huelga en la que participaron los trabajadores del ferrocarril y los de las plantaciones de banano, solicitando aumento de salarios, pagos semanales y abolición de los vales que los obligaban a comprar en los comisariatos.
Ante tales solicitudes, la gerencia de la UFCO afirmó que no podía solucionarlas ya que eso sólo lo podían hacer en las oficinas centrales, en Boston, a donde se envió el pliego de peticiones, pero la empresa nunca dio respuesta.
En noviembre de 1924 se efectuó una huelga general en la zona. En octubre los trabajadores del ferrocarril y los bananeros presentaron pliegos, teniendo como peticiones centrales el pago de horas extras a los cargadores o braceros del ferrocarril; un jornal mínimo de $2 en las plantaciones y pago doble por trabajo dominical.
Eliminación del sistema de contratistas; auxilio por enfermedad, indemnización por accidentes de trabajo y pago de seguros de vida; jornada de 8 horas; campamentos higiénicos y servicio médico; e indemnización por cesantía y despido.
Esta huelga fue declarada “ilegal”, el sindicato fue desconocido por la empresa, se contrataron esquiroles, fueron expulsados muchos huelguistas y se llegó hasta el extremo de rebajar el salario de los trabajadores enganchados por los contratistas.
Cuatro años después, en octubre de 1928, se presentó otro pliego de peticiones, muy similar al de 1924. Ese pliego tenía nueve puntos: establecimiento del seguro colectivo para todos los empleados y obreros de la compañía, reglamentación sobre accidentes de trabajo, dotación de habitaciones higiénicas y reconocimiento del descanso dominical remunerado, aumento de salarios, eliminación de los comisariatos y libertad comercial en la zona bananera, supresión del sistema de vales como forma de pago, cancelación salarial cada semana y no por quincenas, cesación de contratos individuales y creación de contratos colectivos, construcción de hospitales, dotados de instrumental adecuado y de medicamentos, así como ampliación de los campamentos.
La UFCO en principio se negó a considerar las peticiones, lo cual llevó al sindicato a decretar la huelga el 11 de noviembre de 1928 en la población de Sevilla, una decisión aprobada de manera unánime por miles de trabajadores.
Desde un principio la empresa y el gobierno a su servicio consideraron que este era una un movimiento “subversivo”, capitaneado por “agitadores comunistas”.
La zona bananera fue militarizada y el gobierno nacional envió al general Carlos Cortes Vargas a ese lugar. El gerente de la UFCO, Thomas Bradshaw, afirmó que la tal huelga no existía, y este era “un movimiento claro y absolutamente subversivo, un motín o asonada, una insinuación del levantamiento de las masas en la zona bananera, un movimiento, en fin, que están dentro de los que caen bajo la sanción del Código Penal y bajo el refreno de las autoridades”.
El 25 de noviembre el Gerente de la UFCO engañosamente respondió a las peticiones de los trabajadores, aceptando algunos de los nueve puntos presentados, pero negaba las principales solicitudes como el seguro de trabajo, reparaciones por accidente, el descanso dominical y la eliminación de los comisariatos.
Al mismo tiempo, el gobierno, el ejército y la UFCO empezaron a difundir el rumor que los trabajadores no realizaban una huelga, sino que estaban preparando una insurrección y se aprestaban a atacar a Santa Marta y los poblados de la región.
Como preparándose para una guerra contra el Pueblo, y no para un conflicto laboral, en el ejército empezaron a ser reemplazados los soldados locales por un contingente de soldados venidos del interior, porque Cortés Vargas temía que aquéllos, por tener relaciones familiares o de amistad con los huelguistas, pudieran "vacilar en caso de que tuvieran que asumir una actitud decisiva".
El 5 de diciembre fue implantado el Estado de Sitio y se designó a Cortés Vargas como Jefe Civil y Militar, con la orden terminante de despejar las vías y movilizar los trenes "haciendo uso de las armas si fuere necesario".
En la noche del 5 de diciembre se reunieron en la plaza de Ciénaga unos 4.000 obreros, luego de que hubieran sido convocados por la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena para organizar una manifestación en la que se pediría al gobierno que obligará a la UFCO a negociar con los obreros en huelga.
En el curso del día 5 se les informó que tanto el Gerente de la empresa como el Gobernador del Magdalena se dirigían hacia la plaza para firmar el acuerdo con los trabajadores, pero al despuntar la tarde se confirmó que ninguno de ellos vendría, con la argucia de supuestas amenazas contra sus vidas.
Los obreros congregados en Ciénaga decidieron permanecer allí para dirigirse al otro día hacia Santa Marta, capital del Departamento, a solicitar a las máximas autoridades locales una respuesta a sus peticiones.
Mientras los obreros se encontraban reunidos en forma pacífica en Ciénaga, le llegó a Cortes Vargas la declaración del Estado de Sitio y su designación como Jefe Civil y Militar, a las 9 y 45 de la noche.
Reunió a sus soldados, muchos de los cuales habían ingerido alcohol, les ordenó preparar las armas y se dirigió a la plaza central de Ciénaga donde se encontraban 4.000 trabajadores, algunos de los cuales dormían desprevenidamente en el suelo.
Entre las últimas horas de ese fatal 5 de diciembre y las primeras horas del 6 la plaza de Ciénaga se llenó de espanto, de sangre y olor a muerte, porque Cortes Vargas dio la orden de disparar contra la inerme población de obreros y sus familiares que allí se encontraban, los cuales soñaban con una solución positiva a sus peticiones.
La única respuesta que recibieron fue el sonido tétrico y asesino de los fusiles del ejército colombiano que defendían los intereses del imperialismo.
En Ciénaga, cientos de trabajadores fueron asesinados a sangre fría, los cadáveres que quedaron en la plaza y en los potreros de los alrededores fueron recogidos y enterrados por el ejército.
Tal seria la magnitud del criminal ataque contra los trabajadores que, pocos días después, cuando el corresponsal de El Espectador visitó la plaza de Ciénaga constató "el destrozo producido por las balas de fusil es realmente aterrador. Vi rieles en la estación de Ciénaga y pilares metálicos literalmente atravesados por las balas".
Después del fusilamiento de Ciénaga se originó una cacería indiscriminada de los trabajadores, considerados como una cuadrilla de malhechores, porque durante su huida le prendieron fuego a algunas plantaciones de banano e intentaron organizarse contra los criminales ataques del ejército.
Este realizó sus acciones pasando por encima de las autoridades civiles y judiciales, persiguiendo abiertamente a todos aquellos que discreparan de la acción militar.
Cortes Vargas justificó la masacre porque era necesario "sentar precedentes contra comunistas que amenazan la tranquilidad de la patria" y en forma cínica dijo, en un libro que escribió sobre lo que él llamó los “sucesos de las bananeras”, que los muertos habían sido nueve, uno por cada punto del pliego de peticiones.
Los muertos en las jornadas de la noche del 5 de diciembre y los días siguientes fueron más de mil, como lo reconoció el representante de los EEUU en Colombia, en información interna enviada a su país.
Varias razones impidieron que se precisara el número de jornaleros asesinados: como los trabajadores procedían de diversos lugares, muchos no tenían familiares que los reclamaran, una parte de las víctimas fue arrojada al mar, para que no fueran encontrados los cadáveres, otros fueron obligados a cavar su propia tumba antes de ser asesinados y enterrados en fosas comunes y se implantó una feroz censura de prensa que impidió la investigación de los periodistas que estuvieran interesados en averiguar lo sucedido.
Se persiguió y acalló con saña a los dirigentes de la huelga, algunos fueron asesinados, como Erasmo Coronel, otros encarcelados, como Alberto Castrillón, y el principal de todos, Raúl Eduardo Mahecha, huyó escondido en bultos de comida, mientras a su cabeza le ponía precio el ejército colombiano.
Con todo ello quedó en evidencia, como lo dijo Jorge Eliécer Gaitán, que “el suelo colombiano fue teñido de sangre para complacer las arcas ambiciosas del oro americano”, y dolorosamente “sabemos que en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”.
Noventa y un años después las cosas han cambiado muy poco para los estudiantes, indígenas, campesinos y la clase obrera colombiana.
En años recientes la motosierra se empleó como instrumento de muerte y tortura al servicio de la Chiquita Brands, heredera de la United Fruit Company, esparciendo, nuevamente, sangre obrera por los suelos de este adolorido país, de la misma manera que en las luctuosas jornadas de diciembre de 1928.
Fuentes:
http://pacocol.org/index.php/
http://www.pacocol.org/index.
http://pacocol.org/index.php/
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