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Lo que revela el informe de despojos de tierras en Antioquia y Chocó

Lo que revela el informe de despojos de tierras en Antioquia y Chocó
En el Parque de los Encuentros en Apartadó, delegados de la Comisión de la Verdad recibieron dos informes de cuatro organizaciones sociales sobre el despojo de 1.500 hectáreas de tierras en Urabá y Bajo Atrato.

Los campesinos fueron víctimas, además, de desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y masacres por parte de grupos paramilitares. 
La investigadora Marta Peña, del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explicó que el estudio lo realizaron junto a la organización Forjando Futuros, la Corporación Jurídica Libertad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Estos organismos tuvieron en cuenta múltiples fuentes escritas y orales. Pauta con Radio Chécheres 
"Nuestro informe está fundamentado sobre muchos años de estar en el territorio, acompañando a las víctimas. Se basa en su testimonio, en la información de prensa que en Urabá ha sido muy abundante, en sentencias  tanto de Justicia y Paz como la justicia ordinaria y en informes de Derechos Humanos. Es un tema que ha tenido mucha negación e impunidad", señaló.
Se espera que la Comisión de la Verdad, liderada por Francisco de Roux, contribuya al esclarecimiento de los hechos de violencia en torno al despojo de tierras en esta región. 
"Para las organizaciones es un paso hacia la no repetición; es comprender las relaciones que se gestaron en el Urabá y en el Bajo Atrato, y que es necesario que el país conozca. Esto dependerá de las conclusiones que la Comisión de la Verdad exprese  (...) quiénes fueron, probablemente, sus principales beneficiados y cuáles fueron las afectaciones sociales, económicas y ambientales en los territorios",  indicó un comunicado conjunto de las organizaciones sociales.
El propósito es reflexionar sobre las graves afectaciones en las comunidades y sobre las medidas que se están implementando para la no repetición.   
El acto de entrega del informe contó con las presentaciones culturales de comunidades campesinas y étnicas, principales víctimas de este delito.