Fatou Bensouda, Fiscal General de la CPI.

“Estamos particularmente decepcionados porque (Estados Unidos) parece haber olvidado que la Corte se creó con el propósito específico de proporcionar Justicia. Un lugar de último recurso para las víctimas de graves violaciones como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”, fue la expresión del nigeriano Chile Eboe-Osuji, el juez presidente del Tribunal Penal Internacional, en una entrevista concedida el 18 de junio pasado a la agencia española de noticias EFE.

La anterior fue una de las respuestas de la Corte Penal Internacional, CPI, ante el anuncio del gobierno norteamericano de que, mediante una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, divulgada el 11 de junio, la administración norteamericana congela los activos estadounidenses de los funcionarios de la Corte, seleccionados por la norma, y les prohíbe, a ellos y a sus familiares el ingreso a los Estados Unidos.

La disposición de la Casa Blanca es una retaliación por la disposición de ese tribunal de iniciar, desde el mes de marzo pasado, un proceso de juzgamiento a tropas norteamericanas y a los respectivos servicios de inteligencia militar, por la eventual comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su intervención en Afganistán.

También a los aliados

Esa investigación incluye denuncias por torturas y violaciones de derechos humanos contra ciudadanos de Afganistán y en los centros de interrogatorio de la CIA en el exterior, durante casi 20 años de persecución a los talibanes.

El mayor temor de Estados Unidos no es solo que se produzca en su contra un fallo condenatorio, que de antemano va a deslegitimar, bajo el argumento de que ese país no es signatario del Estatuto de Roma, que reconoce a la CPI, sino que el tribunal internacional juzgue por los mismos delitos a los aliados norteamericanos de la OTAN, partícipes de la misma política intervencionista, y que se juzgue y condene a Israel, aliado principal de Washington en  el Medio Oriente, también juzgado por crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania.

Oboe-Osuji dijo además que la CPI “continuará haciendo su trabajo”, sin dejarse intimidar por la maquinaria punitiva estadounidense, dando por sentado que el alto tribunal no se amilana por las amenazas, las presiones y las sanciones de Washington. Un antecedente de lo que iba a suceder se dio cuando a finales del año pasado, la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda anunció una investigación a gran escala de las violaciones de derechos humanos por parte de Israel en territorios palestinos, y más tarde dijo que también investigará la situación en Afganistán.

Revancha

Para ese momento, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo revocó la visa de ingreso al país de Bensouda, anunció sanciones contra el resto de jueces que adelantan la investigación, y pidió a los aliados de la OTAN impedir que la CPI continúe con las pesquisas.

“Creo que la CPI y el mundo verán que estamos decididos a evitar que los estadounidenses y nuestros aliados en Israel y en otros lugares, sean arrastrados por esta corrupta CPI”, dijo Pompeo. También el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, utilizó un lenguaje mordaz al acusar a la CPI de fabricar “cargos extravagantes” contra su país y elogió la posición de Estados Unidos por defender lo que llamó “verdad y justicia”.

Lo cierto es que con la orden ejecutiva de Trump contra la CPI, Estados Unidos de un plumazo se ha autoasignado la inmunidad que estuvo buscando por décadas en la negociación de acuerdos bilaterales con otros países. La decisión del mandatario norteamericano le ahorrará el disgusto de negociar acuerdos de inmunidad para sus ciudadanos y por supuesto, sanciones condenatorias y pago de indemnizaciones.

Es el tipo de acciones extraterritoriales que no solamente amenazan la soberanía e integridad de quienes no comparten esta jugada por la impunidad, sino que desconoce el dolor de las víctimas y de su derecho a reclamar justicia.

Oficialmente, la Corte Penal Internacional denunció lo que calificó como intento de socavar la imparcialidad de los tribunales, argumentando que “un ataque contra la CPI también representa un ataque contra los intereses de las víctimas de crímenes atroces, para muchos de los cuales el tribunal representa la última esperanza de justicia”.