Las nuevas tecnologías no pueden servir para rastrear y atacar a quienes protestan pacíficamente

Michelle Bachelet pidió a los Estados que dejen de utilizar tecnologías como el reconocimiento facial, así como los bloqueos de internet y otras estrategias para sabotear a quienes ejercen su derecho a la reunión pacífica. También llamó la atención sobre el uso de armas no letales contra los manifestantes que han causado “terribles daños” en todo el mundo. La tecnología no puede usarse para violar los derechos humanos.

Internet y las nuevas herramientas digitales están siendo manipuladas como nunca para infringir el derecho de las personas a la libertad de reunión, aseguró la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos este jueves, en un llamado a una moratoria sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial durante manifestaciones pacíficas.

En medio de las protestas mundiales contra el racismo sistémico, la corrupción y los problemas económicos exacerbados por la crisis COVID-19, Michelle Bachelet también expresó su preocupación por el uso de armas no letales contra los manifestantes.

Los dispositivos emergentes incluyen lanzadores de bolas de pimienta, armas acústicas, drones y otros "sistemas autónomos" que liberan gases lacrimógenos, explicó Bachelet en un informe ordenado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Estas armas, supuestamente menos letales, han causado daños terribles cuando se han empleado contra manifestantes pacíficos en el mundo entero. Aunque puedan ser necesarias en determinados contextos para mantener el orden, su uso debe ser vigilado cuidadosamente y debe estar sujeto a una aplicación rigurosa de los criterios de necesidad y proporcionalidad”, dijo Bachelet.

La Alta Comisionada instó a los Estados y las empresas a garantizar que estas y otras tecnologías de rápido desarrollo se utilicen de manera que no interrumpan y eviten la participación de las personas en los asuntos públicos.

“Las nuevas tecnologías pueden usarse para movilizar y organizar protestas pacíficas, para formar redes y coaliciones, y para informar mejor a la gente acerca de las manifestaciones y los motivos de su celebración, con lo que contribuyen a impulsar el cambio social”, afirmó la Alta Comisionada. “Pero, como ya hemos visto, también pueden usarse -como es el caso ahora mismo- para limitar y vulnerar los derechos de los manifestantes, vigilarlos, localizar su ubicación e invadir su privacidad”.

Protestas y rendición de cuentas

Bachelet hizo un llamado a la capacitación obligatoria para el personal de las fuerzas del orden público sobre el uso de armas de control de multitudes, y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos relacionadas con su mal uso: " Estas pueden matar si se usan de manera incorrecta, ya sea de manera deliberada o accidental".

El informe menciona las protestas de todo el mundo en 2019, motivadas por una amplia y compleja gama de razones, como respuesta a la discriminación racial y estructural y el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, y que el descontento ha proseguido en el año en curso.

Este año, personas en miles de ciudades de todo el mundo salieron a las calles a raíz del asesinato en Estados Unidos de George Floyd, cuya muerte el 25 de mayo en Minneapolis fue capturada en video, mientras que un oficial de policía se arrodilló en su cuello durante más de ocho minutos.

OHCHR

Protestas en Chile.

Acceso para todos

“Teniendo en cuenta la importancia que reviste para las democracias el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la función que pueden desempeñar las tecnologías aplicadas a través de Internet, es esencial que los Estados cierren la brecha digital y garanticen que el mayor número posible de personas disponga de acceso seguro y económico a la red”, dijo la Alta Comisionada.

Bachelet explicó que los Estados deberían abstenerse de usar los cortes de Internet, también conocidos como “caídas de las redes”, “interrupciones de seguridad” o “apagones”, que el informe califica de “maneras especialmente dañinas de obstruir el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y, por ende, de interferir en las asambleas”.

Al menos 65 de esos apagones se registraron durante las protestas de 2019, con lo que se puso en peligro el derecho de reunión pacífica, tanto en la red como fuera de ella. Además, según los informes, esos cortes de Internet tuvieron una considerable repercusión económica.

Noticias ONU/Shirin Yaseen

Las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Mineápolis se han sucedidio en diversas ciudades de Estados Unidos, como la de Nueva York.

Vigilancia que atenta contra los derechos humanos

Según la Alta Comisionada la vigilancia por medios tecnológicos ha sido un factor importante en la reducción del espacio cívico en numerosos países por dos razones: la primera es que los Estados recurren a la injerencia en línea y el hackeo de las cuentas de redes sociales que los organizadores de las manifestaciones suelen utilizar en su planificación, y, la segunda, porque las autoridades usan esos medios para vigilar directamente a quienes participan en las protestas. 

Además, en un desarrollo preocupante, cada vez más estados utilizan cada vez más la tecnología de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes, "a veces en tiempo real", dijo Peggy Hicks, directora de compromiso temático de la Oficina.

Esto sucede a pesar del hecho de que la tecnología supuestamente es "propensa a errores", dijo Hicks, instando a su uso proporcional.

“Eso significa en este contexto que la identificación errónea podría conducir a un arresto ilícito, por ejemplo, o un enjuiciamiento. Estos riesgos que conocemos son sustancialmente mayores para las mujeres y las personas de color, lo que aumenta la probabilidad de que la tecnología de reconocimiento facial pueda perpetuar y amplificar la discriminación”.

En el informe se señala que mucha gente pierde las ganas de manifestarse en público y expresar libremente sus ideas por temor a ser identificado y sufrir luego consecuencias adversas.

El informe urge a los Estados que se abstengan de utilizar la tecnología de reconocimiento facial para identificar a quienes participan en reuniones pacíficas y que no realicen grabaciones de los manifestantes, a menos de que existan indicios fiables de que estos llevan a cabo actividades delictivas o se disponen a hacerlo.