Hoy los medios de comunicación difunden el caso de una menor de edad perteneciente al pueblo indígena Embera Katío, habitante del resguardo Gito Dokabú, del municipio de Pueblo Rico en Risaralda; quien fue abusada sexualmente por siete soldados del batallón San Mateo que opera bajo la Octava Brigada del Ejército.
Para nosotras, mujeres indígenas, no es una novedad ver cómo los actores armados despliegan su guerra sobre nuestros cuerpos. Entre el 2017 y el 2019, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias contra Mujeres Indígenas de la Cxhab Wala Kiwe, identificó 26 casos de violencia en los que el responsable es un miembro del ejército. Gran parte de estos, relacionados con hostigamientos, acoso sexual, violaciones y embarazos forzados.
Si contáramos con garantías para hablar, las instituciones no darían abasto para atender la cantidad de casos ocasionados por agentes del Estado. Las mujeres, y particularmente las mujeres indígenas no contamos con espacios seguros ni condiciones para denunciar estos hechos. En muchos de nuestros territorios ni siquiera hay presencia de Fiscalías, y los agresores continúan haciendo presencia, lo que nos obliga a callar y amurallar el dolor causado.
Razones de sobra tenemos para exigir la total DESMILITARIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS. La presencia de tropas, bases militares y campamentos del ejército, nunca han significado tranquilidad para nosotras. Por el contrario, cada vez que llegan estos hombres a nuestros territorios, los casos de violencia contra las mujeres aumentan exponencialmente.
Rechazamos los hechos y la forma como el Ejército busca “limpiar” su nombre al señalar que a la menor se le “realizó la restitución de derechos, por parte de la Unidad de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia de Puerto Rico”, tal como indica un comunicado oficial. Entiendan señores de la guerra: para nosotras nada vuelve a ser como antes luego de una violencia sexual.
Un restablecimiento integral de derechos no se limita a la “atención inmediata” en estas instituciones que ni siquiera cuentan con protocolos diferenciales para nosotras, tampoco se reduce a comunicados de rechazo firmados por su institución, mientras sigan teniendo presencia en nuestros territorios. Pues mientras no se desmilitarice la vida, no hay garantías para un pleno ejercicio de nuestros derechos humanos en el marco de nuestra ley de origen, derecho propio y planes de vida.
Nos solidarizamos con nuestras hermanas indígenas del pueblo Embera Katío en medio de esta dolorosa situación, así como con todas las mujeres que han sido víctimas de la pandemia machista y feminicida en el país. Nosotras también declaramos una Emergencia Nacional que nos convoca desde la digna rabia a denunciar por las vías institucionales y por las vías de hecho, toda la violencia que se ensaña sobre nuestros cuerpos.
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