Despu茅s de conocerse la denuncia del aberrante crimen cometido por unidades del Ej茅rcito nacional, al violar una ni帽a de la comunidad Embera katio, en el resguardo Gito Dokab煤, del corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico en el noroccidente del departamento de Risaralda, el lunes 22 de junio. Las autoridades tradicionales ind铆genas elevaron la denuncia p煤blica, frente a esta agresi贸n imperdonable contra la ni帽a Embera Katio, que fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados pertenecientes al Batall贸n San Mateo, adscrito a la octava brigada con sede en Pereira, quienes aprovecharon la situaci贸n de aislamiento en el marco de la pandemia, para cometer el hecho de violencia sexual contra la ni帽a, y que en tanto sus implicaciones, es una agresi贸n contra toda la comunidad ind铆gena, tal como lo aseguraron los voceros de la naci贸n Embera.
En declaraci贸n emitida por la organizaci贸n nacional ind铆gena de Colombia, ONIC, los pueblos ind铆genas plantearon la exigencia de que los agresores sean entregados a la justicia ind铆gena, para ser juzgados de acuerdo a las leyes de los pueblos ancestrales, y que posteriormente sean procesados por la justicia penal ordinaria. Los pueblos ind铆genas hacen 茅sta solicitud, a partir de los mandatos de la ley de gobierno propio y el pacto para volver al origen, dentro de los cuales establecen cero tolerancia frente a la violencia intrafamiliar, contra la mujer, la ni帽ez, la violencia social y la violencia comunitaria. Adem谩s las organizaciones ind铆genas, recordaron su resoluci贸n sobre, “mujeres violencias y acceso a la justicia”, aprobada por la asamblea nacional de autoridades ind铆genas el 29 de mayo del 2015, donde revindican el papel de la justicia propia para desplegar la as铆 la formaci贸n, acompa帽amiento espiritual y cultural, a los escenarios de mujeres en la perspectiva de prevenir, denunciar, rechazar, investigar y sancionar, cualquier acto de violencia contra las mujeres.
La Organizaci贸n nacional ind铆gena de Colombia, considera que adem谩s de la execrable vulneraci贸n de los derechos de la menor, se afectado gravemente a su familia, el pueblo Embera katio, y a todos los pueblos ind铆genas del pa铆s, y que 茅sta situaci贸n est谩 enmarcada, en un largo prontuario de actos atroces cometidos por las fuerzas militares, las cuales por acci贸n u omisi贸n son un factor de riesgo para las comunidades, y no garantizan, aseguraron, ni seguridad, ni garant铆as de Derechos Humanos a los pueblos y naciones ind铆genas.
Los voceros de las autoridades ind铆genas consideran, que este grave hecho est谩 contextualizado en un genocidio contra los pueblos ind铆genas y articulado a la din谩mica por buscar minar su autonom铆a y su presencia en el territorio. Las organizaciones de los pueblos ancestrales indicaron que al atacar la mujer ind铆gena se destruye el tejido social, ya que las mujeres son las que han garantizado enlazar las tradiciones y costumbres, para as铆 conservar la cultura y la espiritualidad de los pueblos ind铆genas y sus ra铆ces con la madre tierra. La organizaci贸n nacional ind铆gena de Colombia manifest贸, que no es ajena a la grave situaci贸n de agresi贸n sexual y f铆sica contra las mujeres en el transcurso del a帽o 2020 donde se han presentado m谩s de 99 feminicidios, que han agudizado en medio de la cuarentena, donde tambi茅n las cifras de maltrato infantil van en preocupante aumento, y adem谩s en medio el confinamiento producto de la emergencia sanitaria por covid-19 se han agravado las acciones de vulneraci贸n de los derechos de las comunidades, es as铆 como los pueblos ind铆genas consideran que hay que combatir la verdadera pandemia, la de la violencia pol铆tica social y de g茅nero que padece Colombia.
La organizaci贸n ind铆gena plante贸 como exigencias, en el marco de la denuncia de este crimen irracional, que adem谩s estar铆a articulado con la l贸gica de la doctrina militar colombiana, se respete la v铆ctima, su familia y el pueblo Embera katio, y que no prevalezca la impunidad frente a estos hechos, solicit谩ndole la fiscal铆a que adelante de manera inmediata, la investigaci贸n penal que lleve la justicia a los delincuentes uniformados que atentaron contra la ni帽a Embera. Que las acciones judiciales, deben ser coordinadas con las autoridades tradicionales de la comunidad, y acordes con el sistema de Justicia propia ind铆gena, y que este caso no puede estar en la en la justicia penal militar.
Las autoridades ind铆genas y la ONIC, le solicitan la procuradur铆a general de la naci贸n, y a la defensor铆a del pueblo, realizar un acompa帽amiento al proceso donde efectivamente se tomen las normas disciplinarias contra estos funcionarios p煤blicos, adem谩s de evitar cualquier tipo de injerencia que pretenda silenciar, o desviar la atenci贸n frente a este caso. Tambi茅n los voceros de las comunidades ancestrales solicitaron, que los organismos internacionales acompa帽en vigilantes el proceso judicial, para impedir que se presente cualquier nivel de impunidad e invisibilizaci贸n del repudiable caso.
Es inadmisible que las fuerzas militares est茅n inmersas en sucesos criminales durante el conflicto y que sigan siendo una constante, es imperativo abrir un debate frente a la doctrina militar y la formaci贸n que reciben quienes prestan servicio militar, o hacen parte de la instituci贸n castrense. La comisi贸n de la verdad, organizaciones de derechos humanos y v铆ctimas, han venido insistiendo en abordar un tema que pretende obviarse, mientras efectivos de las FFMM siguen vulnerando, violentando y atropellando a las comunidades, haciendo adem谩s del cuerpo de las mujeres un bot铆n de guerra.
La sociedad colombiana no puede tolerar la violencia de g茅nero y el estado debe garantizar los derechos de las comunidades, las mujeres, los ni帽os y las ni帽as. En medio del populismo punitivo de la pena de cadena perpetua para violadores, y las elocuentes palabras del presidente y altos funcionarios, lo que deben garantizar es transformar las l贸gicas perversas anidadas ideol贸gicamente, que promueven el odio, la sumisi贸n, la negaci贸n y la segregaci贸n racial y de g茅nero, como mecanismo de dominaci贸n.
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