Las denuncias por complicidad y encubrimiento de la fuerza p煤blica en cr铆menes cometidos por paramilitares en la regi贸n del Catatumbo, fueron entregadas este viernes en un informe a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por catorce organizaciones.
El documento de 117 p谩ginas fue elaborado para que la JEP, esclarezca la responsabilidad penal de militares y polic铆as en los hechos descritos por los sobrevivientes y familiares de las v铆ctimas.
“Fueron 2.022 d铆as y los mandos militares no hicieron nada para evitar esta masacre de la poblaci贸n. Son demasiados los cuestionamientos de c贸mo una criminalidad tan alta, evidente y p煤blica, que fue advertida por toda la sociedad, ellos no la pudieron prever”, afirmaron las organizaciones.
El Bloque Catatumbo de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometi贸 entre el 29 de mayo de 1999 y el 10 de diciembre de 2004 en siete municipios del Catatumbo al menos 12.327 asesinatos, someti贸 a desaparici贸n forzada a 375 personas, cometi贸 actos de violencia sexual contra 22 mujeres, y es responsable de 38 torturas y 52 masacres, seg煤n el informe.
Los cr铆menes, que se extendieron hasta el 脕rea Metropolitana de C煤cuta, Norte de Santander, fueron admitidos por los integrantes de ese grupo ante fiscales de la Ley de Justicia y Paz, resultado del acuerdo de paz en el que las AUC se disolvieron a mediados de 2006 con el Gobierno del entonces presidente 脕lvaro Uribe (2002-2010).
COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO
El informe describe las zonas del departamento de Norte de Santander donde actu贸 el Bloque Catatumbo, enumera las m谩s graves violaciones de derechos humanos que perpetraron sus miembros e identifica las unidades militares y de polic铆a que hac铆an presencia en las regiones donde ocurrieron los hechos, as铆 como los oficiales que las comandaban.
Durante la entrega, las v铆ctimas y organizaciones cuestionaron la pasividad del Estado al no ejercer control sobre las v铆as y contener la incursi贸n del grupo armado cuando en esa zona del norte del pa铆s la presencia militar y policial era s贸lida.
Las v铆ctimas y sobrevivientes presentes en la diligencia judicial detallaron que pese a haber denunciado los v铆nculos entre paramilitares y la fuerza p煤blica, la justicia ordinaria no esclareci贸 el rol que cumplieron altos mandos en el ingreso y consolidaci贸n del paramilitarismo en esa regi贸n.
“Lo que ocurri贸 en el Catatumbo fue un verdadero holocausto y as铆 lo demuestran las cifras presentadas hoy (…) y es necesario que sean vinculados los altos mandos de la 茅poca”, dijo Juan Carlos Quintero, miembro de la junta directiva de la Asociaci贸n Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
En el informe tambi茅n explican que las fuerzas militares no pueden argumentar que fueron sorprendidas por los paramilitares pues conoc铆an la estrategia de estos grupos de expandirse por diferentes lugares del pa铆s.
“¿Por qu茅 si el jefe paramilitar Carlos Casta帽o anunci贸 el 15 de marzo de 1999, en una entrevista al peri贸dico El Tiempo, que el objetivo pr贸ximo del grupo que comandaba era, ese a帽o, el Catatumbo, el Ej茅rcito y la Polic铆a no desarrollaron acciones para prevenir esa incursi贸n y proteger a la poblaci贸n?”, cuestionaron. Efe
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