Las denuncias por complicidad y encubrimiento de la fuerza pública en crímenes cometidos por paramilitares en la región del Catatumbo, fueron entregadas este viernes en un informe a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por catorce organizaciones.
El documento de 117 páginas fue elaborado para que la JEP, esclarezca la responsabilidad penal de militares y policías en los hechos descritos por los sobrevivientes y familiares de las víctimas.
“Fueron 2.022 días y los mandos militares no hicieron nada para evitar esta masacre de la población. Son demasiados los cuestionamientos de cómo una criminalidad tan alta, evidente y pública, que fue advertida por toda la sociedad, ellos no la pudieron prever”, afirmaron las organizaciones.
El Bloque Catatumbo de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometió entre el 29 de mayo de 1999 y el 10 de diciembre de 2004 en siete municipios del Catatumbo al menos 12.327 asesinatos, sometió a desaparición forzada a 375 personas, cometió actos de violencia sexual contra 22 mujeres, y es responsable de 38 torturas y 52 masacres, según el informe.
Los crímenes, que se extendieron hasta el Área Metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, fueron admitidos por los integrantes de ese grupo ante fiscales de la Ley de Justicia y Paz, resultado del acuerdo de paz en el que las AUC se disolvieron a mediados de 2006 con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO
El informe describe las zonas del departamento de Norte de Santander donde actuó el Bloque Catatumbo, enumera las más graves violaciones de derechos humanos que perpetraron sus miembros e identifica las unidades militares y de policía que hacían presencia en las regiones donde ocurrieron los hechos, así como los oficiales que las comandaban.
Durante la entrega, las víctimas y organizaciones cuestionaron la pasividad del Estado al no ejercer control sobre las vías y contener la incursión del grupo armado cuando en esa zona del norte del país la presencia militar y policial era sólida.
Las víctimas y sobrevivientes presentes en la diligencia judicial detallaron que pese a haber denunciado los vínculos entre paramilitares y la fuerza pública, la justicia ordinaria no esclareció el rol que cumplieron altos mandos en el ingreso y consolidación del paramilitarismo en esa región.
“Lo que ocurrió en el Catatumbo fue un verdadero holocausto y así lo demuestran las cifras presentadas hoy (…) y es necesario que sean vinculados los altos mandos de la época”, dijo Juan Carlos Quintero, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
En el informe también explican que las fuerzas militares no pueden argumentar que fueron sorprendidas por los paramilitares pues conocían la estrategia de estos grupos de expandirse por diferentes lugares del país.
“¿Por qué si el jefe paramilitar Carlos Castaño anunció el 15 de marzo de 1999, en una entrevista al periódico El Tiempo, que el objetivo próximo del grupo que comandaba era, ese año, el Catatumbo, el Ejército y la Policía no desarrollaron acciones para prevenir esa incursión y proteger a la población?”, cuestionaron. Efe
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