Señala que el entonces gobernador Álvaro Uribe sabía de la inminencia de las masacres y no hizo nada para evitarlo.
La denuncia tiene más de 100 páginas y está acompañada de más de 500 folios de anexos. La principal prueba que lleva la denuncia, es la declaración de Jesús María Valle Jaramillo, quien en repetidas oportunidades, le informó a Álvaro Uribe de la masacre, además de otras evidencias que daría cuenta, que la comisión que se formó en esa época habría sido un fraude.
El documento solicita que se investigue la relación de la familia Uribe- Velez con sectores del narcotráfico: el helicóptero de la familia que terminó en Tranquilandia; las licencias que Uribe le otorgó a narcos, cuando fue director de la Aerocivil y la toma del Congreso e instituciones públicas como el DAS, por para- políticos.
El exfiscal Montealegre, insiste que la Corte no pierde competencia porque existe conexidad entre la investigación de la presunta compra de testigos con la masacre de El Aro, y no se debe romper la unidad procesal.
Otro de los soportes, la sentencia de la Corte Interamericana, que condenó a Colombia en el Aro y la Granja, por no haber evitado la masacre.
En el caso de la masacre de El Aro y la Granja, dice la denuncia del exfiscal General Eduardo Montealegre Lyneth, que se le pueden imputar a Uribe todos los delitos de lesa humanidad cometidos por los paras, por el hecho de no haberle prestado protección a la población civil.
En esa denuncia se incluyen pruebas con las cuales se busca desvirtuar las declaraciones que dio Álvaro Uribe recientemente, en el sentido de que él había actuado, creando una comisión que viajó a Ituango, pero en su época Jesús María Valle Jaramillo declaró que esa comisión, y las supuestas medidas de Uribe, habrían sido una farsa.
Montealegre también le solicita a la Corte, aplicar la metodología de la investigación en contexto, que se impulsó en la Fiscalía, es decir, reabrir todo el debate sobre el paramilitarismo en Colombia.
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