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| Juan Guillermo Monsalve en Guacharacas, con camuflado militar y portando un arma. Según su testimonio, al fondo están localizada la casa de la profesora de la hacienda. Foto extraída del libro Por las sendas de El Ubérrimo (2012) |
Álvaro Uribe está privado de la libertad porque tanto él como su equipo de defensa, a partir de métodos ilegales como el soborno, quisieron modificar los testimonios sobre el narcotráfico y el paramilitarismo en el nordeste antioqueño. ¿Cuál es la historia que han querido ocultar?
Óscar Sotelo Ortiz
@oscarsopos
No es una exageración afirmar que todo lo relacionado con la hacienda Guacharacas ha conservado un lugar prioritario en la memoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, su autobiografía No hay causa perdida (2012) así lo demuestra.
Según la secuencia narrativa expuesta en el libro, el desenlace del 5 de mayo de 2003 en el fallido rescate militar y primer fracaso de la política de seguridad democrática, que le costó la vida al entonces gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, al empresario Gilberto Echeverry Mejía y a ocho miembros de la fuerza pública que se encontraban en poder de las FARC, llevaría al exmandatario a recordar los acontecimientos que veinte años atrás terminaron con la vida de su padre, el ganadero y patriarca Alberto Uribe Sierra.
La historia oficial
En resumen, la historia desde el relato de Álvaro Uribe Vélez es así: Don Alberto Uribe, un hombre “hecho a pulso”, amante de los caballos, la música y el baile, viajó de manera abrupta aquel martes 14 de junio de 1983 “a su propiedad favorita”, la hacienda Guacharacas, lugar que no visitaba hacía varios meses por la presencia de las FARC en la zona del nordeste antioqueño.
A bordo de su helicóptero personal y en compañía de sus hijos Santiago y María Isabel, Alberto Uribe aterrizó sobre las cuatro de la tarde en Guacharacas, propiedad ubicada en los municipios de San Roque y Yolombó. Media hora después un comando armado de las FARC vestidos de civil se tomó la propiedad. La respuesta del patriarca fue desenfundar su pistola Walther y responder a la inesperada visita con la descarga del proveedor.
El resultado final no solo fue el asesinato de Uribe Sierra sino también la herida en el pulmón de Santiago Uribe Vélez, situación que lo tuvo en cuidados intensivos por varios días hasta su recuperación. Álvaro Uribe, desesperado por la fatal noticia, tomó el primer helicóptero en busca de su familia, pero el mal tiempo evitó su aterrizaje en Guacharacas.
En No hay causa perdida, Álvaro Uribe Vélez agrega un dato adicional que califica como “la tragedia final de Guacharacas”. Se trata de los hechos ocurridos el 25 de febrero de 1996, cuando un comando armado del ELN irrumpió en la finca y quemaron la casa. Uribe, que era gobernador de Antioquia por aquel entonces, junto a la familia decidieron darle la propiedad a un trabajador de Guacharacas para que se hiciera cargo “de lo poco que quedaba”. Este trabajador fue ultimado por el ELN el 31 de mayo de ese mismo año.
El manto de duda
Álvaro Uribe Vélez tenía 30 años cuando asesinaron a su padre. Desde ese momento hasta el día de hoy ha tenido que dar explicaciones sobre lo ocurrido en Guacharacas. ¿Por qué?
Las primeras dudas que se tejen alrededor de la vida pública tanto del exmandatario como de su familia tienen una explicación: el narcotráfico. El pionero trabajo de Fabio Castillo, Los jinetes de la cocaína (1987), que condensa toda la investigación liderada por el periodista Guillermo Cano y su equipo periodístico en El Espectador, no escatima en gastos al identificar de manera escueta a Alberto Uribe Sierra como “un reconocido narcotraficante”.
Castillo agrega que al multitudinario entierro del patriarca asesinado, donde asistió la crema y nata de la sociedad antioqueña incluido el presidente Belisario Betancur, existieron “veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína”. Como evidencia de ello está en que la empresa fachada de Pablo Escobar ‘Medellín sin tugurios’ lamentó la muerte de Alberto Uribe Sierra en los obituarios de los principales periódicos de Medellín.
La repentina riqueza de Alberto Uribe Sierra que lo llevó de vivir en Laureles, un barrio de clase media y de deberle plata a medio mundo, a tener casa elegante, haciendas en varios departamentos, caballos de lujo y helicóptero como medio de transporte; la inocultable amistad de equinos y bohemia entre el “magnífico” Uribe Sierra y don Fabio Ochoa, patriarca de la familia narcotraficante Ochoa Vásquez; la sombría labor de Álvaro Uribe Vélez al frente de la Aeronáutica Civil (1980-1982) en momentos donde aumentaron las licencias para las aeronaves del narcotráfico; así como el fugaz paso de tres meses por parte del expresidente en la Alcaldía de Medellín (1982), anómala situación que aún hoy no tiene explicación, son algunos de los ejemplos que siembran poderosas dudas sobre la oscura relación de la familia Uribe Vélez con el narcotráfico.
El misterio de los helicópteros
Sin embargo, la desdicha de Guacharacas de 1983 dejó en evidencia que existía una relación entre la familia Uribe Vélez y el Cartel de Medellín. Dos helicópteros fueron los protagonistas.
El primero es el helicóptero Hugues 500 con matrícula HK 2704E de propiedad de Alberto Uribe Sierra, el mismo que lo transportó a la hacienda Guacharacas el 14 de junio de 1983 y que se creía destruido por los insurgentes, ocho meses después fue encontrado en los Llanos del Yarí en la operación que allanó el complejo cocalero de “Tranquilandia” donde el Cartel de Medellín tenía nueve laboratorios, ocho pistas clandestinas de aterrizaje y un stock de 13.8 toneladas de cocaína. Para el 10 de marzo de 1984, el aparato del fallecido padre de Álvaro Uribe Vélez hacía parte de la flota aérea del narcotráfico.
El segundo helicóptero es el que tomó desesperado Álvaro Uribe Vélez ante las fatales noticias que llegaban de Guacharacas. Según informó en su momento El Mundo, sobre las 6:45 p.m. despegó de Medellín un moderno helicóptero, propiedad del representante a la Cámara Pablo Escobar Gaviria, con el propósito de rescatar a Santiago Uribe Vélez para ser internado en una clínica.
Ante los dos helicópteros que comprometen a la familia Uribe Vélez con el Cartel de Medellín, el expresidente siempre ha tenido explicaciones para justificar los nexos. Con respecto al primero, la defensa se ha basado en que este fue vendido a Fidel Ramírez Chávez como parte de pago de una deuda que contrajo el patriarca Uribe Sierra. Aunque Aerocivil reportó la venta 17 días después del golpe a “Tranquilandia”, este argumento le ha bastado a la opinión pública para exonerarlo de sus responsabilidades.
Con relación a la segunda aeronave, la posición de Álvaro Uribe como víctima ante un hecho violento, ha sido suficiente para no exigir mayores explicaciones de su viaje en la noche del 14 de junio de 1983 a bordo de un helicoptero cuyo propietario era Pablo Escobar Gaviria, amo y señor del narcotráfico en ese momento de la historia.
El sombrío después
El asesinato de Alberto Uribe Sierra no limitó ni los intereses económicos de la familia Uribe Vélez, ni detuvo las pretensiones políticas del hermano mayor de la familia. Álvaro, de manera acelerada ascendió a altos y poderosos cargos del Estado como senador (1986-1994), gobernador de Antioquia (1995-1997) y presidente de la República (2002-2010).
La hacienda Guacharacas siguió en manos de la familia bajo la sociedad Uribe Vélez Inversiones. Es importante acotar el particular contexto que entre la década de los ochenta y noventa se experimentó en la zona donde se encuentra ubicada la polémica finca.
Tal y como lo señalan Iván Cepeda y Alirio Uribe en su libro Por las sendas de El Ubérrimo (2012), en este periodo los tranquilos pueblos del nordeste antioqueño se convirtieron en territorios de sanguinarios enfrentamientos: “El surgimiento del narcotráfico, la utilización de grupos armados por parte de hacendados para resolver conflictos con los campesinos y la confrontación con las guerrillas, trajeron la aparición de poderosos clanes terratenientes ligados al paramilitarismo”.
En la zona de Guacharacas, junto a los Uribe Vélez, estaban los hermanos Villegas Uribe y los Gallón Henao, clanes familiares que entablaron una reconocida amistad a partir de varias sociedades comerciales en las distintas propiedades en jurisdicción de San José de Nus, corregimiento de San Roque. Luis Alberto Villegas era el propietario de una bomba de gasolina, fachada de un poderoso cartel que hurtaba combustibles, mientras que Santiago y Pedro David Gallón Henao eran parte de un grupo narcotraficante que se dio a conocer por el asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994.
La otra versión
Años después del asesinato del patriarca Alberto Uribe, llegó a la zona la familia Monsalve Pineda en busca de trabajo. Se asentaron en Guacharacas y la vida, tanto de los humildes trabajadores como de los poderosos hacendados, cambiaría para siempre.
Óscar Monsalve Correa, padre de la familia, se convirtió rápidamente en el mayordomo de la hacienda. Juan Guillermo Monsalve Pineda llegó a la finca con tan solo ocho años y allí creció. Como trabajador de la propiedad se convirtió en paramilitar. En su testimonio se encuentra el cabo suelto de Guacharacas.
La llamada por Álvaro Uribe Vélez “tragedia final de Guacharacas” en su libro No hay causa perdida, es el acontecimiento que confronta no solo Juan Guillermo Monsalve sino también el testimonio de Pablo Hernán Sierra, otro paramilitar que alcanzó a ser jefe del Bloque ‘Cacique Pipintá’ de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y que llegó a la región comenzando la década de los noventa.
En efecto, la otra versión gira sobre los hechos ocurridos el 25 de febrero de 1996 en la hacienda Guacharacas. Como ya se anotó, en esa oportunidad integrantes del frente ‘Bernardo López Arroyave’ del ELN, al mando de Francisco Javier Zuluaga “Juan Pablo” ingresaron a la finca, incendiaron la casa principal, robaron más de 600 reses y media docena de caballos y mulas. Meses después asesinaron a Tobías Arnulfo Mira Sánchez, trabajador que no acató la orden del grupo armado de abandonar el lugar.
Sin embargo, según Pablo Hernán Sierra, las incursiones del ELN tenían como antecedente una vieja disputa entre Santiago Uribe Vélez y uno de los trabajadores de Guacharacas, Darío Granda. El pleito se habría generado por reclamos en los trabajos de minería que desarrollaba el trabajador en el río Nus, llevando en primer momento a una confrontación pública entre patrono y obrero, y después al ingreso de Granda al ELN bajo el alias de “Gigante”, posición donde persuadió sin dificultad al grupo guerrillero a cometer la violenta acción armada en la hacienda.
Pasados varios años, Granda cambió de bando y pasó a engrosar las filas del Bloque Metro de los paramilitares. Pablo Hernán Sierra no duda en afirmar que, al ser descubierto por Santiago Uribe Vélez, este habría dado la orden de asesinarlo, acción que ocurrió el 19 de diciembre de 2002.
El Bloque Metro y la convivir ‘El Cóndor’
La evidencia determina que los acontecimientos del 25 de febrero de 1996 ocasionaron la ira del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien con vehemencia implementaba su política de “seguridad democrática” en el departamento. El hecho que enfurecía al ganadero gobernante era que el eleno “Juan Pablo” se pavoneara por la región a bordo de su caballo de paso fino hurtado en Guacharacas. Era su “bestia” favorita.
Según las versiones tanto de Monsalve Pineda como de Sierra, las consecuencias de este hecho fueron la creación de un grupo paramilitar conocido como ‘Los Macetos’ cuyo centro principal de operaciones era la Hacienda Guacharacas, los corregimientos de Cristales y San José de Nus en San Roque, los municipios de Santo Domingo, San Carlos, Cisneros, Yolombó y Maceo en Antioquia. Este comando paramilitar sería el embrión del Bloque Metro de las AUC.
El grupo ilegal se mimetizó en la figura que proporcionaba las Cooperativas de Seguridad Privada, Convivir, que por aquel entonces eran promocionadas con ahínco por el gobernador de Antioquia. Así fue conformada la convivir ‘El Cóndor’ bajo la dirección de los clanes familiares Uribe Vélez, Gallón Henao y Villegas Uribe.
La resolución 42378 del 18 de septiembre de 1996 emitida por la Gobernación de Antioquia proporcionó personería jurídica a la convivir ‘El Cóndor’ con la representación legal de Luis Alberto Villegas Uribe, conocido en las estructuras paramilitares con el alias de “Tubo” y quien poseía un extenso prontuario criminal como fundador del cartel de gasolina en el nordeste, así como por ser el financiero de la estructura paramilitar en la región.
La violencia paramilitar
La misión fundacional de ‘Los Macetos’ fue la denominada “limpieza social”. El grupo recorría a sus anchas los caminos de San Roque. Al mando de Luis Alberto Villegas, Juan Guillermo Monsalve se incorporó a la estructura armada y desde entonces se conoció con el alias de “Guacharaco”.
El grupo se reforzó con 40 hombres prevenientes de Medellín y del Urabá antioqueño, convirtiéndose tiempo después en el Bloque Metro de las AUC, cuya presencia se extendió a las ciudades de Medellín y Bello bajo la comandancia de Carlos García, alias “Doble Cero”, uno de los hombres de confianza de Carlos Castaño. “Doble Cero” había sido lancero del Ejército Nacional, era abogado de la Universidad de Antioquia y representaba el ala radical del anticomunismo paramilitar.
Juan Guillermo Monsalve ha afirmado que durante este proceso la hacienda Guacharacas se convirtió en la base del grupo armado. Sus declaraciones han estado acompañadas de fotografías donde se ve a este vestido de camuflado en los predios de la finca que fue propiedad de los hermanos Uribe Vélez, hasta su venta a finales de 1996 a una empresa de Santiago Gallón Henao.
La masacre de San Roque
Según las versiones de Monsalve y Sierra los blancos prioritarios del grupo paramilitar fueron inicialmente los involucrados a la agresión en la hacienda Guacharacas. El caso del carnicero Álvaro de Jesús Carmona, señalado de adquirir una de las reses hurtadas por el ELN, ayuda a esclarecer las circunstancias de la llamada Masacre de San Roque.
El 14 de agosto de 1996 los señores Luis Alfonso Martínez Suárez, Miguel Ángel Amariles Zapata, Luis Alfonso Peláez Vega, Durubin Cifuentes Sánchez y Francisco Faber Toro viajaron de San Roque a las instalaciones de la XIV Brigada del Ejército Nacional con sede en el municipio de Puerto Berrio; el propósito del viaje colectivo era renovar los salvoconductos de unas armas cuyo porte se encontraba autorizado, diligencia que logró realizarse.
En el vehículo de regreso a San Roque, además de la comitiva, se transportaban Henry de Jesús Jiménez Arroyave (menor de edad) y el carnicero Álvaro de Jesús Carmona. Nunca regresaron al municipio del nordeste antioqueño. Todos ellos, junto con el conductor del vehículo, fueron desaparecidos por el grupo paramilitar.
Sin noticias de sus seres queridos, los familiares de las víctimas emprendieron la búsqueda. En reunión con el señor Gerardo Montoya, alcalde del municipio por aquel entonces, el grupo de víctimas entablaron contacto con el capitán del Ejercito Nacional que lideraba la tropa en la zona.
El oficial del Ejército y los familiares de los desaparecidos se enrutaron al corregimiento Cristales donde se percataron de la existencia de un grupo paramilitar. La comitiva de búsqueda no solo constató que los alzados en armas controlaban la cancha de fútbol del corregimiento, sino la relación estrecha entre Ejército y paramilitares.
Al saber el motivo de la visita y el nombre de las personas que el grupo de familiares buscaban, el comando paramilitar informó con crudeza la situación: “La ley y el lema de nosotros es no dejar testigos (…) Están muertos por ser colaboradores de la guerrilla y es mejor que no busquen más”.
El 21 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado declaró responsable a la Nación a través del Ministerio de Defensa por no evitar la desaparición de las víctimas de la Masacre de San Roque. Además, el alto tribunal manifestó la responsabilidad de la Gobernación de Antioquia por haber fomentado la creación de grupos armados Convivir.
El Nus es un río de sangre
La violencia se convirtió en la cotidianidad de la región, siendo las masacres el método preferido de intimidación por parte del grupo paramilitar. El periodista Juan José Hoyos del periódico El Colombiano, en su nota ‘Los peces de la vida’, así lo reseñó: “Esos años nadie los olvida. El Nus parecía un río de sangre”.
El 17 de junio de 1996, el grupo paramilitar ingresó a San José de Nus y al poblado de El Diluvio, reunieron a los habitantes, se presentaron y amenazaron con ejecutar a toda persona que colaborara con la guerrilla. Acto seguido, lista en mano, fueron a la casa del comerciante Alfonso Zuleta. Lo sacaron de su casa, le amarraron las manos y lo ejecutaron frente a la impotente mirada de la población.
Un mes después, el 13 de julio de 1996, el grupo paramilitar llegó al corregimiento de Providencia en San Roque. Imitando el accionar de los hechos de El Diluvio, con lista en mano seleccionaron a seis mineros de la zona, entre ellos Nicolás Mesa, un reconocido líder comunitario. Fueron ejecutados.
El caso de “Juan Pablo”
Especial atención llama la muerte de “Juan Pablo”, el líder del ELN que dirigió la toma armada de Guacharacas. Joseph Contreras y Fernando Garavito en La biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez (2002) recuerdan como el gobernador de Antioquia presentó la muerte del insurgente como una cooperación eficiente entre la convivir ‘El Cóndor’ que delató a los guerrilleros y la acción de la IV Brigada del Ejército Nacional que dio de baja al comandante del ELN, operación que estuvo al mando del general Alfonso Manosalva, alto oficial señalado por Salvatore Mancuso como colaborador con la causa paramilitar.
Versiones posteriores narraron que ‘Los Macetos’ capturaron al comandante del ELN, lo torturaron por tres días y después lo entregaron al Ejército. La misión del grupo paramilitar fue vengar la quema de Guacharacas y la osadía de montar el caballo preferido del Gobernador.
Según las precarias cifras de la Unidad de Víctimas, la violencia paramilitar en San Roque dejó para el año 1996 cerca de 305 personas desplazadas, 67 asesinados y siete personas desaparecidas.
Paramilitarismo
Las declaraciones de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, entregadas a la Fiscalía en el año 2011 y después al congresista Iván Cepeda en el año 2012, permitieron la información para el debate “Álvaro Uribe Vélez: narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica” liderado por el senador del Polo Democrático Alternativo el 17 de septiembre de 2014.
Contra viento y marea el expresidente Álvaro Uribe y su séquito de abogados han intentado cambiar esta versión que lo compromete, tanto a él como a su familia, con la promoción y fortalecimiento del paramilitarismo en Antioquia. Por el momento, sus intentos ilegales y desesperados por enderezar este cabo suelto de la historia lo tienen privado de la libertad.
Bibliografía
Castillo, Fabio (1987); Los jinetes de la cocaína; Bogotá D.E., Colombia; Editorial Documentos Periodísticos.
Cepeda, Iván & Uribe Alirio (2012); Por las sendas de El Ubérrimo; Bogotá, Colombia; Ediciones B.
Contreras, Joseph & Garavito, Fernando (2002); Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez “El señor de las sombras”; Bogotá, Colombia; Editorial Oveja Negra.
Uribe Vélez, Álvaro (2012); No hay causa perdida; New York, EE. UU.; Celebra, Penguin Group.
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