Las comunidades campesinas sufren con la erradicación forzada

Diferentes enfrentamientos se han presentado en todo el mes de agosto en la región del Guayabero, zona en la que los campesinos se han movilizado de manera pacífica desde el 20 de mayo, con la finalidad de detener y dar cara a las continuas agresiones por parte de la fuerza pública

El 4 de junio personal de las Fuerzas Militares y el ESMAD, intervienen en las protestas realizadas por la comunidad de la vereda Tercer Milenio de Vista Hermosa, Meta, hecho en donde el reportero Fernando Montes Osorio, de Voces del Guayabero resulta gravemente herido mientras realizaba el cubrimiento del mismo; veintitrés días después, para el 27 de junio, aparece en la vereda Picalojo, en el sitio conocido como el cruce de Choapal, el líder Yoanny Yeffer Vanegas asesinado con diferentes impactos de bala.

El 7 de agosto, alrededor de las 7:00 de la mañana en la vereda Nueva Colombia militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional, hicieron presencia en el lugar para llevar acabo procesos de erradicación forzosa; ese mismo día hombres armados sin distintivos militares, se acercaron e intimidaron al defensor de derechos humanos del Comité Permanente Para la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.

Al día siguiente, el 8 de agosto, mientras se llevaba a cabo un proceso de erradicación manual voluntaria de cultivos de hoja de coca, por parte de campesinos no adscritos al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS; un artefacto explosivo es denotado, ocasionando que tres soldados resultaran heridos.

Ante esta situación el Ejército ataca de forma indiscriminada a la población civil con ráfagas de fusil, dejando a una persona herida; hechos que se acompañaron también de la detención por parte de 15 a 20 personas en la Finca Chimborazo, civiles que fueron obligados a acostarse boca abajo, siendo amarrados de brazos y despojados de sus camisas y botas, recibiendo por parte del personal militar golpes y palabras que hacían referencia a ellos como guerrilleros, según lo expreso Cristian Torres, campesino de la región.

Cuatro días después, el jueves 13 de agosto, se inició sobre las once de la mañana la reunión entre representantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y las comunidades campesinas de la región, con el fin de denunciar la violación continua de los derechos humanos por parte del Ejército Nacional, evento en el que se efectuó una explosión en los alrededores del lugar por parte de la fuerza pública sobre las 11:45 a.m.

La voz en medio del conflicto

El líder campesino Alexander Ruiz Rico, vocero de la vereda El Tercer Milenio, asociado a la Asociación de Campesinos Trabajadores Ascatragua, habló con el semanario VOZ donde expuso la situación que se vive en la región a partir de su papel como testigo de la conflictivad social.

-¿Cuáles son las razones por las que se encuentran luchando?

-Luchamos por la formalización de la tierra, porque los proyectos nos incluyan a todas las comunidades, porque haya integridad social, porque el Estado haga presencia no solo militarmente, sino que también tengamos la posibilidad de quedar beneficiados en proyectos productivos que puedan beneficiar a toda la región.

-Se sabe que las manifestaciones iniciaron el 20 de mayo, ¿qué ocasionó su surgimiento?

-Se iniciaron estas manifestaciones pacíficas el 20 de mayo contra el gobierno nacional por que vino a irrespetar unos protocolos de seguridad que cumplimos todos los campesinos de esta zona; nosotros no estábamos saliendo, estábamos muy aparte de eso, prueba de ellos es que no hay ninguna persona con Covid-19 hasta el momento. La fuerza pública vino a hacer esas erradicaciones, pero una vez la manifestación se dio, empezaron violaciones al derecho internacional humanitario y de derechos humanos de toda esta región.

-¿Qué actos han sido realizados por la fuerza pública en contra de las comunidades?

-Bueno, la primera balacera hacia nosotros se dio el 20 de mayo, la segunda el 26 de mayo, donde tres personas resultaron heridas; las siguientes fueron el 4 y 5 de junio, y de ahí en adelante han continuado hacia aquellos que se acercan al Ejército. Han cometido cantidad de delitos, desde robar cultivos de pancoger, hasta robar animales, plátanos, yucas, y en algunas partes como la vereda Caño San José, robarles ganado a algunos campesinos; adicional hieren a los camarógrafos, quienes han sido objeto de múltiples amenazas, por evidenciar en el material de registro lo que hace la fuerza pública.

-La crisis humanitaria que se presenta en la región ha causado zozobra en las comunidades campesinas

-Mira, algunos de los campesinos están muy asustados, se quieren ir del territorio, porque la fuerza pública, cada vez que suena cualquier tipo de explosión, en donde resultan ellos mismos afectados, se han ido en contra de ellos; los han golpeado, los han amenazado, y a otros líderes también los han estigmatizado. Entonces muchos tenemos miedo y ganas de irnos de esta región, y si ese era el cometido del Gobierno nacional, lo está cumpliendo, porque muchos estamos asustados, nuestras familias, están asustados por eso, y quien se atreve a decir algo es objeto de amenazas, como es el caso de Fernando Osorio, periodista que perdió unos dedos de su mano por grabar lo que estaba pasando.

-¿Cuál era el objetivo de la reunión con la ONU el 13 de agosto?

-Se cuadro con la ONU una reunión para este jueves, en la que se iba a señalar los delitos que ha cometido la fuerza pública, denunciando así todos esos atropellos a los que hemos sido sometidos los campesinos sin tener ningún tipo de responsabilidad, no tenemos nada que ver en eso. Para esta reunión se llamaron no solo campesinos, también a excombatientes que son estigmatizados por parte del gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga y el señor General Flórez de la Fuerza de Tarea Omega.

Se le pidió a la ONU, así como a las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, a que vengan y nos hagan acompañamiento, porque delante de ellos la fuerza pública no va a realizar aquella violación de los derechos humanos, y estigmatización a la población.

-¿A qué se comprometió la ONU?

-La ONU se comprometió, después la explosión que sucedió en el lugar, después de lo que pudieron evidenciar ellos, donde algunos militares cogieron a campesinos y les dijeron “agradezca que la ONU esta acá o sino los hubiéramos picado”, es por eso que ellos se comprometieron a denunciar esto que habían vivido, lo que hemos vivido nosotros, y lo que los campesinos les contamos; así como de hacer una reunión para la valoración de lo que aquí está pasando.

-¿El problema en la región va más allá de la violación de los derechos?

-Mira, en el caso de la yuca, habría que bajarla a San José del Guaviare, o subirla a La Macarena, el precio no da siquiera para sembrar y subsistir de ello, la vereda más cercana o casco urbano más cercano es el Cachicamo y el no puede comprar los productos porque el acceso a vías es imposible, los camiones entran una vez al mes o dos veces al mes como máximo, estando en muy mal estado las vías. Entonces ese es el problema, no hay como decir que vendemos los productos acá y que sean factibles, que dé el sostenimiento, y tampoco tenemos la presencia social del Estado que pueda ayudarnos.

-Ustedes proponen que la sustitución voluntaria es la solución a este conflicto.

-La idea es que esto se solucione con una sustitución voluntaria por parte de las comunidades, pero esta va de la mano de proyectos productivos para los campesinos, que si no va a haber coca, le vamos a ayudar con proyectos productivos, vamos a hacer centros de acopio, hospitales, escuelas y mejoramiento de las vías de acceso; miles de ayudas están planteadas en los PDET, y cabe recordar que estas son zonas priorizadas porque han sido focos de violencia durante muchos años; aparte de eso nadie es aquí dueño de su tierra, no hay formalización de la tierra como tal.

-¿Han establecido mesas de dialogo con el Gobierno nacional?

-Tratamos de iniciar mesas de dialogo con el Gobierno nacional el día 9 y 11 de junio; en La Báscula un sitio muy cercano a La Macarena, pero el gobernador fue muy enfático diciendo que este proceso va a seguir. Después de dos meses de erradicación no han llegado con ningún tipo de proyectos para los campesinos que están aguantando hambre en veredas como Tercer Milenio y El Silencio, que ya erradicaron, pero no ha habido presencia del Estado después de que arrasaron con los cultivos de coca.

Para nosotros ha sido muy complicado estos temas, nos unimos entre los campesinados, es decir que Meta, Guaviare y Caquetá se unió para unos puntos, desarrollamos trece puntos que ya traía la mesa ambiental, y adicionando ocho las comunidades del Guayabero. Estamos haciendo una consolidación para saber cuántos puntos quedan, alrededor de 20 a 21 puntos, que nos tendríamos que sentar a solucionar en la mesa ambiental con el Gobierno Nacional y departamental de los tres departamentos.

Tratamos que el día 18 de julio se diera una reunión en San Vicente del Caguán, pero nos cortaron la luz y nos quitaron el internet, se planteó, otra reunión para el día 16 y tampoco se dio, entonces por ese motivo, optamos por una reunión para el 5 de agosto, en donde el gobernador dijo que asistiría, pero no había la logística necesaria para la gente, es decir que tampoco puede ser de manera presencial.

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Informes realizados por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, sobre el comportamiento de las jornadas de erradicación forzada en lo corrido de este año, exponen que entre marzo y mayo, en 13 municipios, se han llevado a cabo 15 hechos de enfrentamiento entre las comunidades campesinas y la fuerza pública, hechos a los que se le suma lo sucedido este 8 de agosto, bajo el propósito del ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, de erradicar 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos.