Casi 400 comunidades en Perú denuncian ley que vulnera la Amazonia

Casi 400 comunidades indígenas de Perú están en riesgo debido a una ley promulgada por el Congreso que prioriza la construcción de carreteras en la Amazonía.

Pese a no haber sido consultada, la norma parece no dar marcha atrás. 383 comunidades nativas pertenecientes a 16 pueblos indígenas que habitan los parques nacionales, áreas de conservación y varias reservas indígenas de la región Amazónica de Ucayali en Perú, se encuentran en grave peligro tras la promulgación de una ley por el congreso que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en este territorio.

Numerosas demandas y solitudes trataron de impedir la publicación de la norma. Recientemente la Secretaría para Solicitudes de Asuntos de Cumplimiento Ambiental del TLC se pronunció sobre un pedido de la Federación Nativa del Río Madre de Dios FENAMD y determinó que el congreso no sometió la ley a evaluación sobre la potencial afectación de los pueblos originarios.

Si bien se sabe que cualquier normatividad que sobreponga los intereses de los pueblos nativos debería ser consultada, la legislación ambiental en Perú no establece como requisito para la promulgación de una ley el proceso de consulta previa, pues esta no tiene como propósito la protección de medio ambiente, si no estructurar el proceso de las medidas administrativas que afecten a estás comunidades. Pero hasta la fecha esto tampoco ha ocurrido.

En 2017 se censó a 2 mil 703 comunidades nativas pertenecientes a 44 pueblos indígenas. La región Ucayali reúne al 14% de estas. De esta cifra la mayoría se vería afectada con la construcción de las carreteras previstas, incluido un pueblo sin contacto inicial y en aislamiento voluntario, los Kugapakori Nahua Nanti.

La ley, que parece no dar marcha atrás, no sólo afecta a las casi 400 comunidades indígenas de esta región de Perú, si no que no contempla el grave impacto ambiental en los bosques de la Amazonía, zona bastante afectada por la deforestación y la minería ilegal y que representa el 60 % del territorio del país.