Discusión en la SCJN
En tanto, los ministros Javier Laynez y Norma Piña se posicionaron por la inconstitucionalidad de la materia de consulta del presidente mexicano.
Laynez argumentó que "la justicia no se consulta", en respuesta a la pregunta formulada por López Obrador.
Mientras los ministros sesionaban, cerca de 50 simpatizantes de López Obrador se reunieron afuera de la sede de la Suprema Corte, en el Centro Histórico de Ciudad de México, para pedir al máximo órgano jurisdiccional garantizar la consulta. Cuando la votación concluyó, los manifestantes festejaron gritando "Sí se pudo", según reportó Reforma.
La consulta de López Obrador
El 15 de septiembre, López Obrador envió al Senado —quien a su vez remitió a la SCJN— la solicitud de consulta popular, que incluía la pregunta: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".
López Obrador argumentó que el ejercicio de consulta popular en esta materia representa "un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder" y, es a su vez, "un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los gobiernos neoliberales".
Aunque el mandatario declaró que él votaría por no someter a proceso judicial a los expresidentes, aseguró en el texto que respetaría el fallo del ejercicio de consulta ciudadana.
Según López Obrador, la consulta popular podría ayudar a romper con los "acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes, y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes".
Proyecto de inconstitucionalidad
En el proyecto de resolución, que fue votado este jueves, el ministro Aguilar argumentó que el objeto de la consulta popular era inconstitucional porque implicaba someter a consideración de un sector de la población si las autoridades deben cumplir o no con sus obligaciones de protección de los derechos humanos.
Además, el ministro Aguilar Morales consideró que, tal como está formulada la pregunta de la consulta popular, vulnera la presunción de inocencia de los expresidentes.
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