Por: Camilo Arteaga
En este artículo investigativo se hará especial énfasis en la problemática de la muy dudosa lucha antidrogas implementada desde hace varias décadas por las administraciones estadounidenses y que es, a todas luces, un estruendoso fracaso. Dentro de ella, se dará una mirada más profunda sobre el país que lidera las estadísticas de producción y exportación regional y mundial de sustancias psicotrópicas, específicamente del clorhidrato de cocaína: Colombia, la cual, por su privilegiada posición geográfica, es vista y usada por los Estados Unidos como eje estructurador de sus acciones militares y de vigilancia hacia todo el bloque continental americano, y en ese sentido, no puede comprenderse la geopolítica imperial en latinoamérica sin comprender el papel de los gobiernos colombianos, especialmente los de los últimas dos décadas en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y/o sus comisionados.
COLOMBIA, GENOCIDAS, DROGAS E INTERVENCIONISMO ESTADOUNIDENSE
«Ese maquillaje ya no engaña a nadie», refiere uno de los autores en las primeras líneas de la obra «GEOPOLÍTICA IMPERIAL, Intervenciones estadounidenses en Nuestra América en el siglo XXI«, al abordar un nuevo evento que amenaza la paz y la estabilidad regional: El desembarco de nuevas tropas estadounidenses en territorio colombiano, la llamada Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad (SFAB), supuestamente para luchar contra las drogas y lograr una paz estable en la región. Lógicamente que la excusa de la lucha antidrogas ya no engaña a nadie. El tiempo ha sido el mejor juez. Son profusos los hechos y los datos que muestran lo contrario.
Veamos.
Desde que Reagan implementó la lucha contra las drogas bajo la doctrina prohibicionista y la persecución a los actores envueltos en ese multimillonario negocio, las curvas de producción, comercialización y consumo permanecen en continuo ascenso, rozando topes nunca antes vistos que suponen un perjuicio a gran escala en la salud de buena parte de la población estadounidense y un deterioro generalizado del tejido social, ya no solo en ese país sino en una parte considerable de Europa, África, Latinoamérica y sectores del lejano Oriente, donde este fenómeno avanza a ritmos galopantes. Sin embargo, el papel de la gran potencia en este fenómeno parece errático cuando no cómplice, pues en las décadas de los veinte y treinta esa sociedad palpó en carne propia la absurda postura del prohibicionismo que desencadenó una de las peores violencias y destrucciones sociales que haya conocido ese país, y ahora, desestimando esa experiencia, se empeñan en seguir implementándola. No puede ser torpeza en un país informado, con uno de los mejores sistemas educativos globales, que rápidamente corrige errores. Por tanto, y como muchos investigadores aseguran y los hechos lo evidencian, son los poderes económicos legales e ilegales, fácticos y estatales estadounidenses los que también, y en mayor medida, se lucran del mega negocio de las drogas psicotrópicas.
Siendo EEUU el mayor consumidor de cocaína del mundo y Colombia el mayor productor, no resulta descabellado que entre estos dos factores se entrelacen las fibras de la codicia que deriven en la capitalización de un producto ilícito pero de demanda efectiva, y de un supuesto orden moral y legal como las leyes de la prohibición. No en vano existen documentados informes sobre las implicaciones de agencias antidrogas, como la CIA y la DEA, en operaciones de tráfico y distribución de narcóticos en suelo norteamericano y en otros lugares del mundo, como los bien conocidos casos de las operaciones de contrabando de opio de la CIA y del Kuomintang en el “Triángulo de Oro” (Laos, Tailandia y Birmania) o desde hace unos años en Afganistán, donde el análisis de expertos se decanta por el de la heroína como pretexto subyacente para la inexplicable continuidad de los Mariners en ese país, al igual como pasó y sigue pasando con la CIA y la DEA en Centro y Suramérica, o en el sudeste asiático en las guerras contra fuerzas soviéticas en los noventa, etc.
Investigadores, analistas y escritores han destapado el papel de los Estados Unidos en la estructura de poder del negocio de las drogas, como el expolicía y periodista de investigación estadounidense Michael Ruppert, en su boletín “From The Wilderness” (“Desde El Desierto”), donde exponía la complicidad de las autoridades de ese país en este muy rentable negocio en los años noventa; o las denuncias de investigadores sobre el aeropuerto de Mena (Arkansas) según las cuales ese punto se había convertido en un centro de operaciones de llegada y distribución de narcóticos con ayuda de las autoridades gringas y hasta de reconocidos políticos como George Bush y su hijo George W., Bill Clinton, Jef Bush (quien será gobernador de Florida), o el fiscal Saline Dan Harmon, quien fue condenado en 1997 por cargos relacionado con drogas y el crimen organizado. El periodista de investigación estadounidense Gary Stephen Webb, premiado con el Pulitzer, publicó su libro Dark Alliance (Alianza Oscura). En él, Webb denunciaba el blindaje que les había dado el presidente Reagan a los narcotraficantes, especialmente a los que financiaban a los Contras en Nicaragua. Sus investigaciones acapararon fuertemente la atención de la sociedad norteamericana ya que involucraban a los más altos funcionarios de la Casa Blanca. Publicó los vínculos entre el exagente de la CIA Luis Posada Carriles y el gobierno estadounidense. Carriles fue acusado de terrorismo y narcotráfico en Cuba y Venezuela, al ser participe del negocio del narcotrafico cuando fungía como agente de la CIA y por la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976, donde murieron 73 personas, en su mayoría cubanas. Webb continuó denunciando la corrupción de su país. En 2004 fue hallado sin vida en su apartamento con dos disparos en su cabeza. La serie de reportajes que publicó Webb inspiró la película “Matar al mensajero”.
Sonados escándalos ponen de manifiesto la relación de los organismos estatales estadounidenses en el negocio de la droga, como el de Hedayat Eslamina, un exagente de la CIA iraní que en asociación con esa agencia percibía ganancias del tráfico de drogas, asesinado en 1988 por su propio hijo luego de secuestrarlo para cobrar recompensa de las ganancias procedentes del negocio, en San Francisco, California. También se sabe que el Cartel de Guadalajara, el más poderoso de México a inicios de los ochenta, logró crecer gracias a la intervención de SETCO, una compañía aérea estadounidense que era manejada por la CIA y usada para el transporte de estupefacientes a ese país, en la que también transportaban a los Contra a Nicaragua usando fondos de las cuentas de Oliver North, un teniente coronel (r) de la Marina de los Estados Unidos, funcionario de Ronald Reagan que luego fue despedido “por actuar sin el consentimiento de esa administración”, y condenado por varios hechos relacionados con la droga y la venta de armas a Irán (El sonado caso Contras-“Irangate”). North fue indultado a cambio de su confesión ante el congreso de ese país. Toneladas de droga fueron vendidas por la CIA en suelo estadounidense, según las investigaciones de Webb. Uno de los narcotraficantes involucrados en ese escándalo fue el nicaragüense Oscar Danilo Blandón, quien había sido alto funcionario del gobierno de Anastasio Somoza. La DEA y la CIA lo protegieron y le permitieron seguir traficando a cambio de financiar a movimientos anti-izquierdistas en Centroamérica que pudieran generar resistencia a las políticas estadounidenses que querían controlar geopolíticamente a la región. Otra de las labores que debía realizar el capo a cambio de su impunidad, hecho confesado ante un juez en EEUU, era compartir el dinero de la distribución de las drogas con las agencias norteamericanas para “combatir el terrorismo global”, ello debido a que veían lentitud en el congreso estadounidense a la hora de aprobar recursos para intervenir militar o políticamente en otros países (generar guerras, suministrar armas y dinero, desestabilizar países, etc.). En varias ocasiones el fallecido Hugo Chávez aseguró que Uribe habría negociado su impunidad y la protección de sus actividades, incluida la desaparición de investigaciones y sus respectivos archivos. “El presidente de Colombia está tan metido en camisa de once varas que entregó a Colombia a cambio del perdón. Es el precio que le pusieron los yankees”, dijo en otra oportunidad. Creíble o no, lo mencionado por Chávez no mereció la menor nota en medios colombianos. Sin embargo, al día de hoy se han cumplido, entre otros, cuatro de sus señalamientos:
—Se permitió el establecimiento de bases militares que garantizaran control geopolítico de la región y un probable acceso militar a Venezuela, que son, y esto no es secreto para nadie, para asumir el control del petróleo, el coltán y otros elementos de altísima importancia económica para EEUU.
—Se firmó el TLC Colombia-USA que abrió todo tipo de fronteras a las empresas e intereses norteamericanos, causando la debacle del campo colombiano y por consiguiente, un desmedro en la soberanía alimentaria.
—Se eliminaron las barreras ambientales para permitir a empresas norteamericanas o sus aliados la obtención de recursos de todo tipo.
—Pusieron en marcha acciones para facilitar una estrategia política que garantizara la protección de intereses norteamericanos en Colombia y la región.
Las relaciones entre la CIA, el cartel de Medellín y el cartel de Guadalajara quedaron develadas con las declaraciones de Ernest Jacobsen, agente de la DEA. Barry Seal, el famoso piloto de narcos como el Clan Ochoa o Pablo Escobar, e informante de la DEA, también implicó a los organismos antidrogas norteamericanos en el negocio de entrada de estupefacientes a ese país. Seal fue acribillado con ráfagas de una Ingram Mac-10, en Baton Rouge, Lousiana. “El patrón tuvo amigos dentro de la DEA”, dijo el desaparecido Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, en entrevista para Univisión. A Jorge Luis Ochoa Vásquez, pariente del expresidente Uribe, se le atribuye la pionería del negocio en Colombia. El mayor del Clan narcotraficante también estuvo involucrado en el “CocaGate”, luego de unas acusaciones del entonces senador John Kerry, quien, según un informante suyo, la CIA estaba enviando ilegalmente aviones con armamento a los “Contras” nicaragüenses y que estos a su regreso transportaban cocaína enviada por Ochoa. Esta acusación está más documentada que la conexión sandinista. Fue denunciada por la cadena de televisión ABC y llegó al congreso de los Estados Unidos. Ochoa se movilizaba por carreteras colombianas en un fastuoso Porsche, propiedad de un agregado diplomático hondureño. Hubo un gran alboroto por eso.
No es nada nuevo el saber que la CIA y la DEA participaron en la cacería a Pablo Escobar apoyando a los PEPES. De eso hay rimeros de evidencias. Por citar solo dos: “Participé en una reunión con miembros de la fuerza pública y ‘Los Tangueros’ (del clan Castaño Gil). Éramos especiales en inteligencia militar. Estaban funcionarios de la Policía, del DAS y seis miembros de la DEA y la CIA de Estados Unidos con quienes se compartía mucha información sobre los lugares que frecuentaba Pablo y sus bienes … La orden era llevarlo a una situación de aislamiento”, dijo el exparamilitar José Antonio Hernández, alias “Jhon”. Testimonios de esa clase se oyen por todos lados, y muestran las alianzas entre esas agencias y los PEPES, que ya eran cuajados narco-paramilitares, pero luego, tras la muerte de Pablo Escobar, controlarán el negocio del narcotráfico y se volverán ese monstruo que llegaron a ser. ¿A cambio de qué se aliaron los PEPES y los norteamericanos? Según lo dicho por “Popeye”, fue a cambio de que la CIA y la DEA dieran el visto bueno para la siembra de matas de coca en suelo colombiano, pues antes se traía la hoja desde Perú y Bolivia, y también para traficar sin inconvenientes: “Carlos reúne a todas las autodefensas de Colombia y funda las AUC, ya se vuelve una confederación de paramilitares, y en complicidad con la CIA y con la DEA, les dan poder a ellos pa’ que copen territorio en Colombia, tenían cincuenta mil hombres, y hacen una jugada maestra, … ellos mandan por las semillas de la mata de coca y siembran a Colombia de matas de coca, en complicidad con la CIA y la DEA y el gobierno de Colombia”. “El hombre de la CIA en Latinoamérica, en Colombia, era Carlos Castaño, demasiado poderoso, conectaba con la CIA, con la DEA a muy alto nivel”. “Él (Castaño) podía con la sangre porque él tenía entrenamiento militar de los israelitas y de la CIA”. “Después de que muere El Patrón, (el narcotráfico) se vuelve una macroempresa, todo en complicidad con la CIA, la DEA y el gobierno colombiano”. “La CIA y la DEA, que operaban con Carlos Castaño Gil, autorizan a Carlos Castaño Gil de que tome territorio en Colombia, porque los Castaño le venden un cuento a la CIA, a la DEA y al gobierno colombiano de que ellos van a acabar con las FARC”. “Los hermanos Castaño Gil, en complicidad con la CIA y con la DEA, enviaron cocaína al mundo”. Asegura que el estado colombiano los financió, protegió y ayudó a que tuvieran armas (fusiles israelíes 7.62).
Lo dicho por Popeye es corroborado por investigadores como Michel Bowden. En su libro “Matando a Pablo”, sugirió conexiones entre la CIA y la DEA con el grupo criminal que combatió a Pablo Escobar Gaviria en 1993. También en 1994, en el libro, “¿A quién beneficia la cocaína?”, dos periodistas franceses sostuvieron que la agencia CIA había ayudado a crear el grupo Muerte A Secuestradores (MAS). Incluso llegaron a decir que les enseñó a los carteles a hacer terrorismo. Posteriormente, diversos documentales sobre Pablo Escobar mencionan el tema como una posibilidad alta. “No se puede ignorar que los hermanos Fidel y Carlos Castaño, inmediatamente después de que ayudaron a matar a Escobar Gaviria, dejaron Los Pepes y se convirtieron oficialmente en grupo de autodefensas”. Según el Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos (IPS), “todo indica que el apoyo de la CIA o de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos a los grupos paramilitares, fue la herramienta que les permitió consolidarse de una forma que no había sido posible antes. De comprobarse esto jurídicamente, Estados Unidos tendría que asumir ante Colombia una nueva responsabilidad”. Durante casi un año de operaciones, ninguno de los cabecillas de Los PEPES fue arrestado, aunque el gobierno ofrecía una jugosa recompensa a quien diera información sobre ellos. Al menos en una ocasión el entonces fiscal de Colombia, Gustavo De Greiff, expresó su extrañeza por la impunidad con que operaba el grupo de mercenarios. Greiff dijo alguna vez: “O se le quita el mercado a los narcos para que no tengan a quien vender, o se les daña el negocio legalizando el comercio de droga”.
La revista Semana reveló unos documentos desclasificados en Washington que evidenciaron la relación entre la CIA y los nacientes grupos paramilitares de Colombia. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, narra en su libro cómo los PEPES se reunían con la CIA y la DEA, agregando que con quiénes se la llevaban mejor era con los de la DEA. Chris Feistl, un agente veterano de la DEA que trabajó en Colombia por más de cinco años, concuerda con dicho testimonio: «(Don Berna) era uno de los enlaces principales, por no decir menos, entre los PEPES, la Policía y la DEA para proporcionar información”. El propio expresidente César Gaviria Trujillo admitió alguna vez que se aliaron con los PEPES para cazar a Escobar. Luego de la muerte del capo en un techo de una casa en Medellín, los narcoparamilitares se expandieron por todo el país, y para ello era indispensable tener como gran aliado al estado y al gobierno; y el estado y el gobierno —o los gobiernos colombianos— prácticamente obedecen los mandatos de Washington. Por tanto, se podría concluir que los Estados Unidos son responsables, en mayor o menor medida, del fenómeno del paramilitarismo en Colombia en su etapa más brutal. Y el estado colombiano, ni se diga. Las sentencias de la justicia nacional y extranjera lo ratifican, una y otra vez. ¿La persecución y muerte de Escobar no era para acabar con el narcotráfico, como repitieron mil veces las autoridades nacionales y norteamericanas, sino el primer paso para recomponer, potencializar y monopolizar el negocio en manos de los paramilitares y sus asociados? Los hechos hablan por sí solos. ¿A los estadounidenses les convenía robustecer los paramilitares por medio del tráfico de drogas? Si se tiene en cuenta que acabar con la guerrilla era un objetivo compartido entre EEUU, el gobierno colombiano y los paramilitares, tiene lógica. No es coincidencia que en Montecasino —la mansión de los Castaño en Medellín— se hayan fundado las AUC, lugar frecuentado por la DEA, la CIA, el cartel de Cali, el de Medellín, generales de la policía, el ejército, políticos, industriales, etc., según lo afirmado por Popeye. Desde Montecasino se planeó y se ordenó la muerte de cientos de miles de personas, entre ellas, de importantes líderes políticos, especialmente de la izquierda colombiana (genocidio UP, principalmente). Es la cuna del narco-paramilitarismo genocida.
Henry de Jesús López Londoño Alias “Mi Sangre”, un narcotraficante y paramilitar colombiano que hizo parte de las AUC, de La Oficina de Envigado y luego de “Los Urabeños”, trabajaba para la DEA infiltrándose en organizaciones de lavado de dinero y en campañas políticas como la de Juan Manuel Santos: “Si los yanquis quieren que Chucky (Santos) sea presidente es porque puede garantizar la continuidad de las políticas de Uribe y no hay nada ni nadie que pueda impedirlo», le dijo a López Londoño un viejo amigo del partido Liberal. “Mi Sangre” también hizo infiltraciones en Argentina y Venezuela. Durante el segundo semestre de 2009, trasladó parte de sus operaciones a la franja costera sobre el mar Caribe, donde operaban varias células de una organización paramilitar insurgente que preocupaba a las autoridades por su ferocidad. López Londoño reportó varias de sus actividades y contactos, desde su condición de informante secreto de las agencias federales estadounidenses, entre las que se involucraba al presidente Uribe. En diciembre de 2009 Uribe declaró públicamente a López Londoño culpable de los delitos de extorsión y conformación de esta banda criminal y reclamó públicamente su captura. Esa orden generó un cortocircuito entre los agentes de la DEA que operaban en Colombia y los de la ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU), que sabían del trabajo de su doble agente. A pedido de ICE en mayo de 2011, «Mi Sangre» se trasladó a Venezuela. Toda la información detallada en las notas periodísticas se desprende del análisis de decenas de intercambios de mails y mensajes de texto entre López Londoño (o sus abogados) y, al menos, cinco funcionarios de diferentes agencias y dependencias públicas del gobierno norteamericano, fechados entre 2008 y 2015, entre ellos Roberto Luna (del Departamento del Tesoro), Stephen Monks y Franck Burrola (agentes especiales de ICE), Jorge Rodríguez y Alex Navarro (agentes de la DEA en Bogotá) y Sergio Adame (alias «Pie Grande», supervisor de ambas agencias). Incluso, estando preso en el penal de Ezeiza, López Londoño recibió en febrero de 2015 la visita del fiscal norteamericano Michael Nadler, acompañado por agentes de la DEA, quien lo interrogó sobre los diferentes «objetivos» a los que debió infiltrar en la Argentina. «Mi Sangre» trabajó para la Homeland Security International (HSI-ICE), una de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El nombre codificado que le dieron los estadounidenses era “Assis”. Lo que demuestran estas revelaciones es la compleja convivencia entre las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos y el narcotráfico internacional, un matrimonio que, sin dudas, sirve para financiar operaciones encubiertas y de guerra sucia a escala regional y global. Y confirma que, después de todo, tanto la CIA como la DEA son, por lo menos, controladores de los grandes carteles de drogas y del terrorismo global. A Miguel Félix Gallardo, “El Padrino”, capo mexicano de inicios de los ochenta, la DEA y la CIA no lo tocaban porque les colabora con armas para los contras. Vicente Zambada, el hijo del capo del cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo Zambada”, luego de su detención afirmó a sus abogados que él y otros miembros superiores del cártel de Sinaloa habían recibido inmunidad por parte de agentes de los Estados Unidos y una licencia virtual para el contrabando de cocaína a través de la frontera, a cambio de la información de inteligencia sobre los cárteles rivales que participan en la guerra contra el narcotráfico en México. En Panamá hubo complacencia de parte de los norteamericanos con el tráfico de drogas efectuado por el general Noriega por el apoyo dado a los Contras y otras misiones que le fueron encomendadas, claro está, antes que se le revelara al gobierno estadounidense. Lo mismo ha sucedido en Venezuela bajo el beneplácito de la DEA y la CIA: Ramón Guillén Dávila, el general venezolano, jefe de la unidad antidrogas de la Guardia Nacional en los años ochenta y que trabajó estrechamente con esas agencias en “operaciones antidrogas”, sacaba toneladas de cocaína que saciaban millones de ansiosas narices gringas.
En mayo de 2020 fueron capturados en La Guaira, Venezuela, a pocos kilómetros de la capital venezolana, un grupo de cerca de cuarenta hombres fuertemente armados que tenían la misión de asesinar al presidente de ese país, Nicolas Maduro Moros, según la propia confesión del grupo de mercenarios, conformado por paramilitares colombianos y soldados estadounidenses. Otros ocho mercenarios fueron abatidos por las autoridades venezolanas. Se comprobó que la DEA estuvo directamente involucrada en esta operación con fines magnicidas denominada GEDEÓN, a través de José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, un narcotraficante colombiano a quien esa agencia pagó por sus servicios, según confesiones del propio narco. Elkin Javier López Rueda, alias La Silla o Doble Rueda, un narco-paramilitar perteneciente a Los Rastrojos, también participó en dicha operación a pesar de que en diciembre de 2019 había sido capturado con fines de extradición. Según lo dicho por los aprehendidos, Doble Rueda fue quien en enero de 2020 los recibió personalmente en Barranquilla y Riohacha y los hospedó en sus fincas en la alta Guajira. Este personaje tiene nexos con la tenebrosa banda Los Pachencas, cuyos vínculos con sectores del Ejército colombiano han sido denunciados. ¿Cómo es posible que después de su captura y bajo un pedido de extradición, este peligroso delincuente hubiese andado libremente como Pedro por su casa en distintas regiones de la costa Atlántica y además haya sido un piñón fundamental en este plan? ¿Su libertad y la licencia para seguir traficando, era el pago que los gobiernos norteamericano y colombiano le brindaban a cambio de matar a Maduro?
El reconocido asesor mediático-político JJ Rendón y el diputado Juan Guaidó, quien a inicios de 2019 se proclamó presidente interino de Venezuela, también estuvieron involucrados en la confabulación internacional para asesinar al gobernante chavista. El mismo Rendón lo aceptó en el canal CNN. Guaidó está fuertemente apoyado por el gobierno de Iván Duque, utilizaba el avión presidencial colombiano para sus desplazamientos y ha sido recibido en varias oportunidades en el Palacio de Nariño con los honores militares y la parafernalia para un jefe de Estado, aún después de que se descubriera sus vínculos con el mismo grupo paramilitar (Los Rastrojos). JJ Rendón ha sido asesor político y publicitario de Álvaro Uribe Vélez, así como de otras figuras públicas nacionales.
Colombia es la cabeza del Grupo de Lima, una asociación de países latinoamericanos que presionan por la salida de Maduro del poder. Los mercenarios se entrenaron en suelo colombiano fronterizo con Venezuela (en fincas de alias Doble Rueda, adyacentes a estaciones de policía y a bases estadounidenses) con la anuencia de las autoridades colombianas, y partieron desde allí hacia territorio venezolano. Aseguraron que la operación GEDEÓN estaba respaldada totalmente por el gobierno nacional. ¿Otro mandato de los norteamericanos al gobierno de Duque-Uribe?
En agosto de 2018 dos drones cargados con C4 y metralla explotaron a pocos metros de la tarima donde Maduro ofrecía un discurso en medio de una ceremonia militar. Ministros y la cúpula de las fuerzas armadas estaban a su lado. Siete oficiales sufrieron lesiones graves. Los implicados en ese atentado admitieron que se habían entrenado en fincas en Chinácota, Norte de Santander, y que hubo participación de EEUU. El periodista y presentador Jaime Bayli, quien es un declarado admirador de los gobiernos de derecha y extrema derecha en América Latina, confirmó que conocía el plan y lamentó que Maduro no hubiera muerto.
Una noticia de mayo de 2005, deliberadamente opacada por la gran prensa colombiana, prueba que, incluso, la participación de las fuerzas militares gringas en el negocio de la droga y las armas en conjunto con las autoridades locales y con grupos paramilitares, ha sido directa: Varios miembros del Ejército de Estados Unidos y grupos paramilitares se unieron para traficar droga y desarrollar actividades de venta ilegal de armas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En mayo de 2005, el general Bantz Craddock, jefe del Comando Sur, reveló durante una visita a la base militar del Sumapaz, que varios miembros del Ejército estadounidense estaban siendo investigados por apoyar activamente a grupos paramilitares (organizaciones terroristas). Esta revelación se hizo públicamente, pero no se vio las grandes plataformas de noticias locales. En el vídeo, registrado por el diario extranjero “SunSentinel”, a cargo de un reportero de New York Times, el General Craddock confiesa que los hallazgos eran tan graves que se hacía necesario revisar todos los procesos y los estándares de seguridad en la cooperación militar con Colombia. Existía un peligroso cónclave entre paramilitares, fuerzas legítimas del estado colombiano y el Ejército de ese país. El caso involucraba a los militares norteamericanos Allan Tanquary (suboficial) y a Jesús Hernández (sargento), quienes fueron capturados el 3 de mayo de 2005 en un lujoso condominio cerca de una base militar al suroeste de Bogotá, por haber vendido cuarenta mil cajas de municiones a escuadrones del paramilitarismo. Así mismo, se descubrió que en marzo de ese año, cinco militares estadounidenses fueron detenidos acusados de tráfico de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos a bordo de aviones militares. Paradójicamente, estos militares yankees eran instructores antinarcóticos. La droga había salido de Apiay, Meta —una de las siete bases norteamericanas asentadas en suelo colombiano—, y fue incautada en la terminal aérea de Miami. La identidad de los militares no fue suministrada. El Teniente Coronel Eduardo Villavicencio, portavoz del Comando Sur; y el Ministerio de Defensa colombiano, en cabeza de Jorge Uribe Echavarría, se negaron a divulgar el sitio donde están recluidos los militares. Solo se dijo:
“Están en territorio estadounidense”. “El Departamento de Defensa y otras agencias federales, en estrecha colaboración con el gobierno colombiano, están investigando estos cargos tanto en Estados Unidos como en Colombia. La investigación está en curso. En este momento no se dará a conocer más información para proteger la integridad de la investigación»,
puntualiza el escueto comunicado.
Hernández y Tanquiary se encontraban entre los centenares de militares estadounidenses y contratistas civiles a los que el gobierno del expresidente Uribe había permitido su ingreso a Colombia, con el pretexto de luchar contra el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado. Un aspecto particularmente grave es que, según ese diario extranjero, la Procuraduría de la época buscó detener a estos militares estadounidenses, pero el expresidente Álvaro Uribe evitó que fueran arrestados bajo la excusa de estar investidos de inmunidad dentro del territorio colombiano. ¿La inmunidad o la impunidad que él les ha concedido?
Esta no es la primera vez que funcionarios estadounidenses en servicio en Colombia aparecen involucrados en tráfico de cocaína: En 1999, Laurie Hiett, esposa del coronel James Hiett — agente antinarcóticos estadounidense para Colombia—, fue capturada en su país por haber hecho seis envíos de cocaína a través de la valija diplomática. Por estos hechos, la justicia de EEUU condenó a la mujer a cinco años de prisión. Su esposo recibió una pena de cinco meses por complicidad. La embajada mantuvo en secreto este hecho durante algún tiempo, hasta que las investigaciones de la prensa lo destaparon. El caso fue bautizado como “La doble moral gringa”. Jorge Ayala Barón, conductor del oficial, fue sentenciado a noventa y seis de prisión por un Juzgado Especializado de Bogotá. Dos años después, en mayo del 2001, la Policía colombiana encontró rastros de heroína en un paquete que contenía dos frascos de una sustancia viscosa. El paquete había sido enviado por un funcionario de Dyncorp a la sede matriz de la compañía en Florida. Dyncorp era la empresa contratada por el gobierno de Estados Unidos para realizar fumigaciones dentro del Plan Colombia.
Los casos donde siguen inmersos los estadounidenses son inenarrables por su explayada cantidad, y las preguntas más obvias y elementales recalan pertinaces en la cabeza de cualquiera: ¿Por qué, siendo el país que tiene a su alcance la más sofisticada tecnología del mundo, la droga sigue inundando las calles de sus metrópolis? El escritor mexicano Jesús Esquivel ha escrito libros ampliamente documentados sobre este fenómeno, como lo son “La DEA en México”, en el que demuestra la intervención de esa agencia y del estado mexicano en el negocio; o “La CIA, Camarena y Caro Quintero”, en el que recoge las confesiones de los implicados estadounidenses y mexicanos en el negocio en la década del ochenta, así como el asesinato del agente de la DEA Kiki Macarena, a quien la propia CIA habría asesinado; o “Los Narcos Gringos”, donde explica cómo operan los narcos de ese país y cómo el sector financiero estadounidense se lucra con el mercado de las drogas: “En Estados Unidos, si de verdad quisiera el gobierno federal de ese país combatir el trasiego y venta de drogas, primero tendría que empezar con el sector financiero (pues) está permitido hacer transferencias internacionales, sin investigación, de diez mil dólares como máximo. Los narcos mexicanos a través de sus colegas estadounidenses, contratan a un ejército de personas para hacer transferencias bancarias a México, todos los días a todas horas, sin llegar al tope de los diez mil dólares”. Ha expuesto también que “el Departamento del Tesoro se niega a modificar ese tipo de regulaciones de transferencias de dinero hacia México y América Latina, porque están los grandes bancos ganando dinero a través de esos movimientos, y que “también hay dinero en Estados Unidos del narcotráfico que se lava en ese país, casas que se compran, autos que se venden, dinero que se mete al banco como ahorros”.
Analistas políticos como el lituano Daniel Estulin, quien trabajó en contraespionaje para la FSB rusa, en su especial “El Gobierno de EEUU mueve más droga que los narcos latinoamericanos”, evidencian el manejo que ese país le da al multimillonario negocio las drogas alrededor del mundo, el cual mueve más de seiscientos cincuenta mil millones de dólares al año, según fuentes de la ONU, uno de los tres más rentables junto al petróleo y la venta de armas, en los que ese país también va a la punta.
Robert Mazur, uno de los cientos de agentes encubiertos y autor del libro “The Infiltrator” (llevado al cine por Hollywood), explica cómo el sector bancario estadounidense y de otros países participaba (o participa) —en los años ochenta y noventa— en operaciones de blanqueo de dinero derivado de las actividades del comercio de drogas. “Sería muy ingenuo pensar que solo en Colombia hay mafias, las tenemos aquí en los Estados Unidos, no es propio de una nacionalidad en concreto”, … “El mayor blanqueador de dinero es su banco, la Reserva Federal (estadounidense)” asegura que le contó un banquero del banco ICC y que luego procedió a explicarle las operaciones de blanqueo que la Reserva Federal efectuaba, … “Mi teoría es que se sabía lo que estaba pasando, … Sería una vergüenza que no tuvieran a nadie capaz de averiguarlo, yo creo que sí lo tenían”, asegura en una entrevista con el periodista español Bricio Segovia. El compañero de Mazur, Emir Abreu, citado en su libro, convalida las investigaciones de Mazur: “Si no fuera por las grandes corporaciones que actúan como blanqueadores de dinero los carteles no serían nada, y son peores delincuentes que incluso Pablo Escobar porque al menos los narcotraficantes no se esconden bajo una mentira”.
La periodista mexicana Anabel Hernández García es autora de varias investigaciones y libros sobre el narcotráfico. Es un referente en ese tema. En su libro “El Traidor”, cuenta las historias más secretas del cartel de Sinaloa y cómo conoció los “contratos” de cooperación entre narcos y agencias norteamericanas a cambio de la protección comercial y legal de sus asociados. Es decir, una metodología muy similar a la descrita por Webb en los años noventa. En una entrevista con la cadena RT, califica a los grandes capos como creaciones de los gobiernos para encubrir a los verdaderos dueños del negocio. Asegura que EEUU hace parte de estas operaciones y confirma las relaciones de la DEA y la CIA en ellas, así como las existentes entre los capos y los gobiernos de Colombia, México y Estados Unidos. Habla del blanqueo de capitales, sobre todo a través de la banca internacional. “El Mayo Zambada no es un producto made in México, el Mayo Zambada es un producto made in USA”, apunta, con indiscutible seguridad y firme tono de voz en una entrevista.
Virginia Vallejo, expresentadora de tv y examante de Pablo Escobar, cuenta que luego de lanzar su libro y de que en uno de los pasajes plasmó las supuestas buenas relaciones de Uribe con el capo, solicitó a la DEA la prueba del polígrafo en vivo para televisión, pero que esa entidad se negó porque “eso era para chicos malos”. Les pidió de todas las formas, pero no accedieron. ¿Por qué la extraña y escurridiza actitud de la DEA frente a tan grave denuncia sobre el tema al que precisamente se dedica esa entidad?
El propio hijo del desaparecido Pablo Escobar admite la relación directa de EEUU con los negociantes de drogas extranjeros y de ese propio país. En una entrevista con la conductora argentina Natalia Denegri, describe el esquema vertical del negocio del narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia, que atraviesa mares o suelos centroamericanos con la permisividad paga de agentes de la DEA: … “En mi último libro … hice una investigación y revelo una ruta que mi padre tenía de narcotráfico entre el aeropuerto internacional de Medellín y el de Miami, donde se enviaban ochocientos kilos de cocaína por semana durante tres años de manera ininterrumpida, utilizando aerolíneas comerciales y mulas, pero no aquellas que ingerían la droga, sino que estaba tan corrupta el sistema, pero tan putrefacto, que todas las personas involucradas en la cadena de control, desde Medellín hasta Estados Unidos, hasta el último eslabón, estaban comprados. Entonces, aquellos que viajaban no necesitan llevar ni pasaporte ni documentos ni ninguna visa, ni nada pues, porque estaba todo tan corrupto, que era subirse al avión con la droga casi a la vista, no había ni dobles fondos ni nada. Estaba todo comprado, era como tener una autopista que comunicaba a los países”. Revela además cuánto cobraban los oficiales de la DEA (3.500 dólares por kilo) y la suma que esas operaciones les dejaron a los funcionarios de esa entidad (más de cuatrocientos millones de dólares). Denomina “Carteles Fantasma” a las operaciones de compra y distribución de la droga en suelo estadounidense: … “Parece que solo existe el fenómeno de los carteles del muro para abajo … de México sabemos quiénes son todos los jefes de los carteles, de Colombia, de Panamá de todos los países latinoamericanos sabemos nombres y apellidos de todos los jefes, pero en Estados Unidos nunca sabemos quién maneja Miami, quién maneja Los Ángeles, New York, Chicago. … La verdad es que es un juego macabro en el que estamos de rehenes los latinoamericanos, es un juego prohibicionista, … No soy antinorteamericano, … no tengo nada, ninguna animadversión, simplemente digo: Aquí estamos para analizar un contexto social, político, de corrupción también. Siempre se habla de la corrupción latinoamericana pero no de la corrupción al interior de los Estados Unidos, que es la que más patrocina la violencia y la corrupción en los países latinoamericanos. … Este cuento de declarar la guerra a las drogas, hace cien años estamos en él y cada vez estamos peor, el ejemplo es Colombia”. En otra entrevista con la presentadora argentina Mariana Fabbiani, Escobar Jr. dice: … “Este libro no solamente habla de los aliados de mi padre y de la corrupción internacional al más alto nivel, porque aparecen nombres como el de George Bush padre, quien para entonces el jefe de la CIA y después termina siendo el vicepresidente de la administración Reagan, cuyo digamos (sic), cuya tarea principal era la lucha contra las drogas en el mundo, fíjate qué paradoja ¿no?, pero está muy claro que ningún narcotraficante en el planeta puede llegar a ostentar semejante poder económico y militar si es que no hay agencias internacionales, en este caso la CIA o la DEA, aliados con él en algún punto”. Agrega: … “La DEA también patrocina muchísimos libros con contenido (sic) con una agenda política para destruir determinados gobiernos. Yo no tengo visa norteamericana porque me negué a mentir”. Luego dice, al referirse a una propuesta de los estadounidenses que consistía en enlodar a Los Castro, Fujimori y Montesinos con el tráfico de drogas: “A cambio de eso me prometían cuatro visas y lavarme dinero para llevarnos a Estados Unidos.” … “No tengo visa porque me negué a participar en esos complots”. Y agrega: “Los únicos que salen ganando con esto es quienes compran armas, y ya sabemos quiénes venden armas, y los que compran más drogas, y ya sabemos quiénes compran más drogas, entonces es una farsa”. … “en mi libro revelo las dos más grandes agencias (CIA y DEA) que están más involucradas en el negocio que cualquier otro”. … “es una farsa, es una hipocresía que creo que deberíamos empezar como sociedad a revisar esas políticas que han sido supremamente útiles para que los más poderosos puedan hacer bases militares dentro de nuestros países bajo la excusa que vamos ahora sí a combatir el narcotráfico”. La cadena RT también entrevista a Escobar Jr., en ella asegura: … “El negocio es que los norteamericanos compran la droga a todos los carteles de México, de Colombia y de cualquier país que te puedas imaginar, pero esa droga la quintuplican porque la cortan: el narcotraficante lleva un kilo de alta pureza y el narcotraficante gringo convierte en cinco o hasta ocho kilos con ese mismo kilo, entonces le paga veinte o treinta mil al latinoamericano, pero hace doscientos o trescientos mil con el kilo que se queda, y ese dinero nunca abandona Estados Unidos, … Imagínate el mundo después del once de septiembre cómo se incrementaron los controles de manera dramática, hoy nos hacen quitar los zapatos para viajar a cualquier parte ¿y la droga? ¿subió de precio o faltó en las calles? No, sigue pasando, es decir que la ven pasar y la dejan pasar. Entonces yo creo que hay una enorme hipocresía que rodea este negocio y que muy cómodamente tiene llenos de dólares a los norteamericanos, y que las usan para sus fiestas y demás, mientras aquí los usan para financiar las masacres”.
“Allá se compra, se vende y se mete la mercancía en Nueva York, mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplón”, dice el estribillo de la canción oficial de El Cartel de los Sapos, una famosa serie televisiva basada en la historia real de un narcotraficante condenado que se volvió delator. Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué tanta responsabilidad recae sobre los EEUU en el negocio de los narcóticos y la guerra en Colombia, si son sus dólares los que financian el desangre de los colombianos? Una inmensa, por supuesto. ¿Qué pasa con la droga que entra a ese país? ¿Quién la compra y se lucra con su comercialización? ¿Se ha visto alguna vez a un capo estadounidense preso? Sobre la mesa donde se ponen estos interrogantes aparecen también las respuestas: Para EEUU no es un objetivo sustancial combatir el narcotráfico ni a los narcotraficantes, más bien, estas variables tienden a transformarse en los sofismas de distracción perfectos para penetrar y asentarse en territorios que son estratégicos para ese voraz imperio, del que ya pueden observarse los primeros signos de decadencia. ¿Una simulación internacionalmente sincronizada?
El documental “The House I Live In” (“La casa en que vivo”) del director Eugene Jarecki y producido por el actor Brad Pitt, ha sido galardonado y bien ponderado por la crítica. En él, periodistas, activistas, policías, testigos y expertos en la temática dan a conocer la verdadera realidad de la lucha contra las drogas en Estados Unidos. También analiza la corrupción política y económica que ha impulsado a la DEA durante décadas. Según el documental, desde 1971 esa agencia gastó más de un billón de dólares y acabó con más de cuarenta y cinco millones de arrestos, todos de delincuentes menores, “dealers” de poca monta, ningún pez gordo de las mafias estadounidenses; de hecho, es el país con más presos del mundo (más de dos millones). Pitt calificó como “una farsa” esta política antidrogas. El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU muestra que EEUU es el mercado más grande del mundo con más de ciento sesenta toneladas de droga consumidas al año, lo que equivale al treinta y seis por ciento del consumo total del planeta. En 2018 murieron 68.557 personas por sobredosis de estupefacientes, la cifra más alta desde que rige la mal llamada “guerra contra las drogas”.
“La guerra contra el narcotráfico es el primer sustento del narcotráfico”, fue la aguda conclusión del investigador Fernando Garavito Pardo, fallecido en el año 2010 en un extraño accidente de tránsito en las carreteras de Estados Unidos, a donde había llegado en 2002 tras la publicación de su libro en Colombia, “El Señor de las Sombras. Una biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, lo que le conllevó amenazas contra su vida y la de su familia. En 2005 ofreció una extensa entrevista para el portal de denuncia social y derechos humanos, Radio Nizkor, en la que expuso un análisis con nitidez pedagógica sobre el fenómeno del narcotráfico, del que se pueden tomar extractos como: “La administración en Colombia está sumida en el crimen organizado, no está subsumida por el crimen organizado, es un crimen organizado”, “La guerra contra el narcotráfico que organizan en este país, en los EEUU, y en la cual los narcotraficantes de Colombia que ocupan los distintos puestos de responsabilidad política y pública, consumen con el mayor de los entusiasmos esa guerra, esa fumigación que está destruyendo nuestra naturaleza, ese crimen que está acabando con nuestras comunidades, esa tragedia que está arrasando con nuestros desplazados, esa organización económica que está masacrando a nuestras gentes pobres y a nuestras gentes del común, no a los narcotraficantes, sino a nuestros campesinos, a nuestros labriegos, a nuestro obreros, a nuestros sindicalistas, a nuestros estudiantes, cómo esa guerra está pensada —divinamente— como el primer sustento del narcotráfico. Y lo he dicho ante grupos que se quedan, en primer término, asombrados y con una cara de reacción muy negativa frente a lo que yo afirmo, pero luego de una argumentación se puede demostrar fácilmente que, la guerra contra el narcotráfico es el primer sustento del narcotráfico, y que el narcotráfico es lo que está arrasando a Colombia, y que entre paramilitares, políticos y narcotraficantes en Colombia, no hay ninguna diferencia”. “Somos unas víctimas propiciatorias de algo que se puede resolver con una voluntad, con una decisión política del mundo, pero, efectivamente, no va a haber esa decisión política en el mundo” (en alusión a la legalización). Garavito, uno de los referentes periodísticos de América Latina, ganador del premio Simón Bolívar en 2001 por una investigación sobre el holocausto del Palacio de Justicia, comenta que cuando empezó a hacer sus investigaciones sobre Uribe le llamaron resentido y loco, pero luego se dieron que cuenta que lo que advertía se iba cumpliendo tal cual lo había formulado: “Colombia, un país que todos sabemos en qué manos está y hacia dónde se dirige”, finalizó. Son esos dotes proféticos que la naturaleza otorga a las mentes más lúcidas.
Álvaro Gómez Hurtado, político conservador asesinado por las FARC en 1995, dijo lo siguiente sobre el narcotráfico, Colombia y los EEUU: “Frente a la pretensión norteamericana de exhibir el país como un combatiente débil en ese campo, el rechazo debe ser unánime. Los Estados Unidos son cómplices de los narcotraficantes al empeñarse en prolongar la prohibición de la droga, que es la base del negocio para ambos. He sabido que la mayor parte de los rendimientos del tráfico de los estupefacientes se queda en los Estados Unidos. Si la droga se legalizara y su precio bajara, si dejara de ser uno de los negocios más prósperos de nuestro tiempo, sufrirían quienes comercian con la droga”.
El periodista, escritor y crítico político Eduardo Galeano (fallecido), dijo en 2004: “La denominada guerra antidrogas es una gran hipocresía del imperio, concretamente de EEUU y sus aliados, con el objetivo de militarizar e imponer políticas contrarias a los pueblos. Son pretextos que ofenden a la inteligencia”.
Y el profesor Noam Chomsky, uno de los grandes intelectuales de los últimos tiempos, refirió: “Estados Unidos es el origen del problema del narco”.
Cierran espacio a dudas las verdades reveladas por investigadores e intelectuales —y hasta por el propio sentido común— sobre la oscura realidad detrás de la «lucha contra las drogas», y de igual forma, las que están enmascaradas como prestantes figuras políticas como las de los dirigentes colombianos, especialmente la de Álvaro Uribe Vélez. ¿Pero por qué, con tantas evidencias e inacabables indicios sobre su presunto actuar criminal, el gobierno norteamericano no ha pedido en extradición por narcotráfico y otros supuestos delitos trasnacionales? Bueno, si se repasa la geopolítica y la historia, la forma en que los Estados Unidos de Norteamérica dirige su política exterior está basada en la subyugación de naciones alrededor del globo. Es una verdad de Perogrullo. Así se comportan los imperios, cualesquiera que sean, en los tiempos que sean. Latinoamérica es considerada su “patio trasero”, y lo que busca EEUU es la existencia de gobiernos satélites y proclives a su ideología, unos simples ejecutores criollos de políticas foráneas, y en eso Uribe sale excelentemente calificado: Ha violado la soberanía nacional al otorgarles —en clara traición a la patria y sin protestar— el territorio nacional para la instalación y funcionamiento de numerosas bases militares (siete) en distintas partes de la geografía colombiana que, desde luego, no son para “brindar seguridad y luchar contra el narcotráfico”, como alude, sino para la consecución del dominio regional norteamericano mediante el ejercicio de la fuerza, especialmente en países vecinos que viajan en contravía de sus intereses. “Para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia”, dijo en el año 2000 el senador estadounidense Paul Coverdell, ponente del “Plan Colombia”, en una columna para “The Washington Post”, titulada “Starting with Colombia” o “Empezar por Colombia”.
Aunque, siendo justos, la relación de beneficios cruzados entre los dos países no inicia con Uribe, ni con Gaviria ni con Barco ni con ningún gobernante de este siglo, sino que se gestaron y alumbraron paralelamente con los partidos políticos. Por allá, a mediados del siglo XIX, tanto los fundadores del partido Liberal como del Conservador ya le guiñaban el ojo a la que se iba forjando como potencia regional con altas probabilidades de serlo a nivel mundial, como efectivamente ocurriría. Mariano Ospina Rodríguez y Florentino Gonzáles, fundadores de esos partidos, simpatizaban con la anexión de La Nueva Granada a la naciente potencia empotrada frontera arriba del río Grande. Marco Fidel Suarez exhortaba a mirar a la “North Star” —así llamaba a los Estados Unidos— como el socio prioritario de Colombia. Enrique Olaya Herrera le soltaba como nadie la cabuya de la deuda externa para que ese país amarre, con nudo marinero, a Colombia; Ospina Pérez terminará de confeccionar la silla en la que los estadounidenses cabalgarán sobre el lomo del pueblo colombiano al firmar la TIAR, el tratado por el cual esta esquina suramericana quedará regida y sometida militarmente a los EEUU. Y así, con esas ansias inconscientes de convertir a Colombia en un protectorado gringo y en largas seguidillas de convenios de “inversión” extranjera y canjeadas por láminas de oropel, nuestros dirigentes terminarán por entregar Panamá, las minas de preciosas gemas y de oro, el carbón y el petróleo, el cobre y el níquel, los páramos y los bosques, la espesa selva con su desquiciada riqueza hirviente de vida; los mares, los ríos, la soberanía y hasta la existencia y dignidad de sus gentes; sólo y con la mira puesta en el inmediato beneficio de esas élites.
Con la TIAR se soldará la alianza bilateral para combatir el “coco” del comunismo, una de las banderas más sacudidas por Álvaro Uribe Vélez, el político más “generoso” con el país del norte: Ha hecho colosales esfuerzos por firmar leoninos TLC´s entre Colombia y Estados Unidos, donde el gran ganador es este último y donde el sector agrícola colombiano y su población rural son los más golpeados con sus desastrosas consecuencias. Ha otorgado cientos de concesiones mineras especialmente de extracción aurífera con limosneras e insignificantes regalías para los territorios, que prácticamente son “gangazos” para los emporios norteamericanos y que Uribe presenta eufemísticamente como “incentivos a la inversión extranjera”. Ha aprobado políticas bélicas injerencistas como el refuerzo y continuidad del Plan Colombia y la búsqueda y aprobación del Plan Patriota para “combatir al terrorismo”, la estrategia norteamericana para legitimar su presencia en Colombia, cubriendo sus verdaderas intenciones de control geopolítico. Ha dado un ciego apoyo público a las invasiones estadounidenses en Medio Oriente y otros lugares del mundo a pesar de la devastación efectuada por sus poderosos ejércitos. Ha permitido rociar con millones de litros de glifosato vastas áreas del territorio nacional, sin reparar en su probada ineficacia y menos en sus terribles repercusiones en la salud de las personas (en su inmensa mayoría campesinas e indígenas) así como en el medio ambiente; producto denunciado y prohibido en varios países. Ha enviado cientos de colombianos a suelo norteamericano sin más justificación legal que el pedido de las autoridades de ese país, sin un riguroso acervo probatorio (ya que los solicitan en extradición pero es allá donde arranca el proceso judicial; es decir, pueden solicitarlos sin pruebas) y con muchos de ellos inocentes o convertidos en chivos expiatorios.
Ha encendido una guerra mediática-militar contra países declarados adversos al gobierno norteamericano como Venezuela, país en el que Álvaro Uribe es acusado de promover golpes de estado, desestabilización y hasta intentonas magnicidas, como a inicios del 2004, cuando fueron capturados más de cien paramilitares colombianos vestidos con prendas militares venezolanas, listos para tomarse el palacio de Miraflores y eliminar físicamente a Hugo Chávez Frías; o en 2008, cuando en conjunto con militares norteamericanos bombardeó a Ecuador en una operación denominada Fénix donde fue abatido el líder guerrillero “Raúl Reyes”, amenazando con hacer lo mismo en Venezuela, motivo por el cual Ecuador demandó ante la comunidad internacional a Colombia, y Venezuela cerró la frontera, afectando a miles de personas que vivían del comercio bilateral.
Ha interferido en asuntos internos extranjeros con un sostenido lobby a nivel mundial contra el gobierno de Nicolás Maduro Moros, so pretexto de “salvar a Venezuela de la tiranía”, y donde “coincidencialmente” Estados Unidos ha expresado tener proyectos invasivos. Ha permitido la presencia inobjetable de agentes militares y de inteligencia estadounidenses, británicos e israelíes, que llevaron a Uribe a firmarles un cheque en blanco jurídico y moral al concederles —sin el menor asomo de dignidad, en el caso de marines norteamericanos— impunidad total frente a sus posibles delitos cometidos en suelo colombiano, que ya no son posibles porque ya se cometieron, como con el aberrante caso de las violaciones, abusos sexuales y vejámenes de toda índole (grabaciones fílmicas y posterior comercialización de ese material pornográfico) contra infantes colombianas por parte de soldados estadounidenses.
¿Ese —y mucho más— es el costosísimo precio pagado por la impunidad del que los propios norteamericanos ranquearon como el narcotraficante número 82? Todo indica que sí. “Puede que sea un tirano, pero es nuestro tirano”, afirmó la administración Roosevelt al referirse al dictador nicaragüense Anastasio Somoza.
La práctica de tener gobiernos satélites mediante gobernantes genuflexos a EEUU en una relación de mutuo beneficio, se ha convertido —a través de la historia de ese país— en su tradicional y más pragmática norma de política exterior. Para nadie es un secreto. Así lo demuestran los hechos escritos en la memoria mundial, por nombrar solo algunos, el caso del general Manuel Antonio Noriega Moreno en Panamá, un aliado de EEUU en la vigilancia de gobiernos contradictores de sus políticas, colaborador de la CIA, hasta que empezó a tomar distancia de las órdenes gringas, consiguiendo el cierre de la “Escuela de las Américas” en ese país, un bastión militar y de inteligencia estadounidense donde se irradiaba una marcada ideología anticomunista y se formaba a los gobiernos latinoamericanos en combatir todo lo que fuera en contra del provecho de las élites norteamericanas. Noriega quiso implementar una agenda política a contramano de la estadounidense, entonces ya no lo vieron útil, y conociéndole su oscuro pasado como colaborador de Pablo Escobar Gaviria, lo condenaron a cuarenta años en una cárcel federal de Miami tras su arresto producto de la invasión de 1989. “Lo terrible es que este vil personaje era en realidad una criatura de Estados Unidos”, señaló The Washington Post, que recalcó que Noriega fue apoyado por la Casa Blanca y trabajó durante varios años para los servicios de información estadounidenses, incluyendo la época en que Bush dirigió la CIA. “Que este hombre haya podido figurar en las nóminas de pago estadounidenses, incluso si sólo fuese una vez, constituye un triste reproche para Estados Unidos” agregó el periódico.
Similar es el caso de Sadam Hussein: Para la década de los ochenta, tras la caída del Sha y el estallido de la revolución islámica del Ayatola Jomeini, Irán es percibido como una amenaza en Occidente. Hussein envió tropas a varios puntos de ese país para evitar posibles expansiones de la revolución Islámica Iraní. Estados Unidos procedió a excluir a Irak de la lista de países asociados al terrorismo internacional, reanudaban relaciones bilaterales después de un tiempo largo de tensiones diplomáticas, y Hussein otra vez se convertía en el “mejor amigo de EEUU”. El entonces emisario especial norteamericano para Irak, Donald Rumsfeld, viajó a ese país para sellar la “confianza” entre las dos naciones. Años después era el mismo que dirigía, como secretario de Defensa de George Bush, la invasión a Irak con la falsa excusa de que Hussein poseía ojivas nucleares, cuando éste se convirtió en estorbo y amenaza y al que terminaron suspendiendo en la horca en diciembre de 2006. O el caso del líder libio Muamar Al Gadafi, quien expresaba que el presidente Barack Obama era su “amigo”: “Ahora, América está gobernada por un hombre negro de nuestro continente, un africano de descendencia árabe, descendiente de musulmanes y esto es algo que nunca habríamos imaginado: que de Reagan podríamos llegar a Barakeh (sic) Obama”, señalaba Gadafi en declaraciones recogidas por el diario israelí ‘Yedioth Aharonoth’. Pasado un año, y luego de décadas de que su gobierno pusiera como factor central de su economía la nacionalización del petróleo, miles de marines estadounidenses invadían Libia y el coronel era depuesto, torturado, sodomizado con un madero y asesinado a golpes por la muchedumbre respaldada por Obama. Casos parecidos pueden citarse en personajes como Osama Bin Laden, un aliado inestimable para varias administraciones de EEUU, en especial para las de Jimmy Carter y Ronald Reagan, quienes le vieron como un líder fundamental para luchar contra las tropas soviéticas que tenían la intención de contrarrestar la insurrección islámica que amenazaba las provincias de Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y el Cáucaso. Bin Laden fue entrenado por la CIA para la guerra de guerrillas y las acciones terroristas. Al cabo de algunos años, cuando Bin Laden rechazó la presencia militar gringa en Arabia Saudita por el conflicto del golfo, les declara la guerra. Entonces ya no es un héroe ni un filón sino un perentorio objetivo militar. El líder saudí lleva al paroxismo su formación terrorista y de ahí en adelante su historia es ampliamente conocida.
Distintos gobernantes alrededor del mundo son respaldados por el “Tío Sam” si estos se pliegan a sus designios, como es el caso de Arabia Saudita, donde las recurrentes acusaciones de EEUU para los gobiernos que corren en contravía de sus políticas parecen no aplicar. Pese a que el país islámico es uno de los lugares donde más se violan los Derechos Humanos y sus gobernantes actúan de forma tiránica (justificaciones aludidas para invadir un país y derrocar gobiernos), para EEUU sí cumplen cabalmente las normativas internacionales. Desde 1940 Estados Unidos y Arabia Saudita mantienen excelentes relaciones diplomáticas, las cuales se fortalecieron cinco años después, cuando en un encuentro entre el rey Abdelaziz Bin Saud y el presidente Franklin D. Roosevelt, sellaron un pacto que le garantizaba al reino de Arabia protección militar estadounidense a cambio de acceso privilegiado al petróleo. Bastaría con que Arabia Saudita intente cambiar su política petrolera para que EEUU la califique de tirana, corrupta, violadora de derechos humanos, antidemocrática, amenaza para la seguridad nacional, para la región, etc., y sus tropas reciban la orden de llevar “libertad y democracia” a ese lugar, derrocando y asesinando a sus jeques. Y la lista de gobiernos protegidos por la gran potencia es larga, claro, siempre y cuando no muten en cortapisas de sus planes.
El caso de Israel es un ejemplo descollante de la acción tutelar que ofrece EEUU a gobiernos súbditos. Día a día son reseñadas por la prensa las violaciones a los Derechos Humanos que este país comete en otros, especialmente en Palestina y Líbano. Alianzas geoestratégicas, políticas, ideológicas, económicas y militares, conforman el bloque de intereses que ligan tan intensamente a los dos países y que hace a Israel inmune a los calificativos de terrorista y criminal que EEUU da sin contemplación a aquellos que osen desligarse de sus requerimientos. Israel le significa a EEUU el control geopolítico en medio oriente. Su ubicación, en el núcleo de las reservas de energía fósil más grande del planeta, lo convierte en interés primordial para las políticas imperiales de la potencia occidental, y a eso se suscribe, principalmente, su inquebrantable apoyo. Incluso allí cuentan con bases militares, al estilo de las instaladas en Colombia, el país que es comparado, desde varias perspectivas, con Israel. El estado sionista fue un retén al avance de la URSS y las ideas marxistas en la región; de hecho, durante la Guerra Fría, Israel, junto con otros países no árabes de la zona —Irán, Turquía y Pakistán— se convirtieron en los guardianes de los intereses norteamericanos cuando la URSS apoyó a los nacionalistas árabes en Egipto, Irak, Siria, Libia y Argelia. La industria militar estadounidense es una de las grandes ganadoras con la situación israelí, pues este, al gobernar bajo la ideología de extrema derecha y con doctrina militarista, ha provocado una carrera armamentística que ha disparado la venta de armas de EEUU a Oriente Próximo. Así, Washington emplea a diez millones de ciudadanos en la industria de armas, gana miles de millones de dólares y controla, a través de las obligadas “piezas de recambio”, el sistema defensivo de sus clientes durante años. Cuando Israel acusa a Irán de poseer ojivas nucleares, recibe más de tres mil millones de dólares de EEUU (2015), y a este último le llega un cheque por más de ciento diez millones de dólares de Arabia Saudí en contratos de armas; por poner solo un ejemplo; uno de miles. Lamentablemente la guerra es un negocio suculento. A través de Israel, EEUU ha podido vender armas a quienes no podía hacerlo directamente: el régimen del apartheid en Sudáfrica, la Contra nicaragüense o la República Islámica de Irán (entre 1985 y 1986, llamado “Escándalo Iran-gate”). La afinidad ideológica bilateral es punta de lanza de la estrategia guerrerista de esas naciones; por ejemplo, el proyecto estadounidense del “Nuevo Oriente Próximo”, trazado luego del colapso de la URSS y que pretende convertir los países vertebrados y estratégicos de la zona en mini estados controlables, concuerda con los intereses israelíes a mediano y largo plazo. Estados Unidos se comporta de manera análoga con Israel y con Colombia, a esta última la usa para sus fines, tanto interna como vecinalmente, y en contraprestación, sus gobiernos venales y ñangotados reciben dádivas o la absolución de sus crímenes, sin importar el nivel de gravedad donde estén situados. Colombia es cabeza de playa de EEUU para resquebrajar la unidad latinoamericana, que es uno de los fines de su política exterior en el continente; solo así podrá controlar en su totalidad la región. ¿Cuál es el político que más ha perseverado en este propósito, cobijado en el discurso guerrerista de la supuesta lucha contra el terrorismo y el “castro-chavismo”? Salta a la vista que tanto el discurso político estadounidense como el de Uribe reúnen propósitos comunes y se complementan. El uno grande, a nivel regional y global, quizá alarmista y distorsionado, pero con puntales fácticos como son las luchas por el poder hegemónico contra distintos actores capitalistas en la praxis (China y Rusia principalmente); y el otro, a nivel nacional, en desuso, mentiroso y adobado con ingredientes disparatados y estrambóticos, pero, al final, eficaz en una de las sociedades con peores sistemas educativos del mundo y expuesta por siglos al terror de estado: “Evitar caer en las garras tenebrosas del comunismo ateo homosexual”.
Colombia es el país latinoamericano al que se concede más ayuda militar estadounidense y uno de los cinco que más la reciben a nivel mundial, junto a Israel, Egipto, Afganistán e Irak. Entre 1998 y 2004 Colombia percibió más de tres mil seiscientos millones de dólares para ese rubro y para el 2005 esperaba casi ochocientos millones más. Después de Bagdad, Bogotá es sede de la mayor embajada estadounidense en el mundo. Toda clase de misiones militares, amén del personal especializado del FBI, la DEA y, por supuesto, la CIA, operan sin tapujos en el territorio nacional en un proceso que bajo los gobiernos de Uribe Vélez se intensificaron hasta el cenit. Así, a los militares y mercenarios y a sus acompañantes se les otorgaba inmunidad ante delitos o crímenes atroces en el territorio colombiano; podrían usar cuando quisieran y sin costo alguno la infraestructura de telecomunicaciones y las conexiones internacionales de señales; no pagarían impuestos ni peajes; sus vehículos no podrían ser requisados, no harían aduanas ni tendrían control alguno en los aeropuertos, y un largo etcétera de holgadas concesiones.
Es cierto que nada de esto es novedoso: fueron muchos los gobiernos colombianos que manifestaron un irresistible deseo de servir sin reticencias a la Casa Blanca. Uno de ellos lideró la iniciativa de expulsar a Cuba de la OEA, en 1961, bajo la presidencia de John F. Kennedy, cuando lanzaron la mal llamada Alianza para el Progreso. El gobierno colombiano sigue considerándose como socio preferencial de los Estados Unidos. Tanta docilidad expresada en los últimos tiempos en las humillantes súplicas de los altos burócratas nacionales para firmar un TLC con Estados Unidos, que motivaron la indignación de muchos en Colombia, fueron recompensadas con dos planes que prácticamente constituyen un retrato hablado de las necesidades norteamericanas en la región: el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina.
Las tensiones político-económicas actuales, que arrastran inmensos rezagos de viejas disputas entre las clásicas y emergentes potencias planetarias, terminan por perfilar a Colombia como actor fundamental en dichas y muy probables confrontaciones bélicas, implicando con ello la “israelización” de Colombia; esto es, su conversión en una gigantesca base militar y de vigilancia norteamericana contra los estados centro-suramericanos,238 y que podría llegar a equiparse, incluso, con armas de destrucción masiva y bombas atómicas tácticas, que pondrían a Colombia y a toda la región en una situación de alerta roja. Es evidente la decisión de EEUU de avanzar sin estridencias, pero de forma resuelta, en esta dirección. Para nada es un escenario irreal, y sí una amenaza cada vez más latente. Colombia se ha vuelto el catalizador ideal de la doctrina Monroe: “América par los americanos” —más exactamente para los estadounidenses—, y también en su Rimland, al desempeñar con rigor el doble papel que le impuso el establecimiento yankee: ser línea de defensa y línea de avanzada en la estrategia imperial, usufructuando su inmejorable posición geográfica intermedia en el circuito de países del continente latinoamericano. “Colombia es un polvorín que casi siempre está a punto de estallar”, dice el periodista español Javier Rodríguez Carrasco, al analizar este y otros tensos escenarios.
La máxima potencia y “policía mundial” amonesta a cualquiera de sus agentes que por algún motivo incumpla o traicione sus exigencias, y laurea a los que muestran firmeza en su servilismo. ¿Será este el motivo por el que ese país protege a Uribe a despecho de su presuntamente grueso y contundente dossier criminal? ¿Qué mensaje le enviaban a Uribe cuando desclasificaron una información tan comprometedora, siendo éste presidente? ¿Por qué Uribe, luego de haber defendido —con mano firme y corazón grande— la no extradición de nacionales en los años ochenta, en el apogeo del cartel de Medellín, hoy es uno de los presidentes con más extradiciones firmadas a EEUU? ¿Por qué actúa como un acucioso elemento desestabilizador de gobiernos ajenos a los intereses estadounidenses? ¿Por qué cumple a rajatabla y sin revirar con las órdenes que le dan en todos los campos especialmente en los político-económicos?
En el libro “Frechette se confiesa”, de autoría del periodista de investigación y ganador del premio Pulitzer, Gerardo Reyes, el exembajador de los EEUU (fallecido) demostró que ese país estaba al tanto de las actividades de Uribe y que por ser su fiel servicial, ha desdeñado las graves acusaciones que trae sobre su espalda. Frechette hace referencia al tema de las Convivir, cuando Uribe fungía como gobernador de Antioquia, con expresiones tales como: “No niego que me comí el cuento. Y con el pasar del tiempo me di cuenta que era un señor extremadamente hábil pero muy creyente en los paramilitares”. Frente al tema del desarme de estos dice que “no lo convenció”, y añade: “A otro perro con ese hueso. Pero Uribe tenía apoyo en el congreso y en EEUU”.
Cuando le pregunta si cree que Uribe tuvo que ver con el auge del paramilitarismo en Colombia contesta firme:
“Por supuesto. Las Convivir fueron la raíz de lo que después se convirtió en un enorme problema. Cuando Uribe como presidente se dio cuenta de que ya los gringos estaban oliéndose todo, entonces decidió hacer el desarme de los paramilitares. Un desarme completamente chimbo, como usted sabe. Había unidades completas que nunca habían sido Convivir ni nada de esas cosas. Y Washington se quedó dormido”.
Luego, frente a la cuestión de que si Washington fue alcahueta de Uribe en el tema de los paramilitares, respondió con un contundente y escueto “¡Sí!”. Sin atenuantes ni vacilaciones. Afirmó también que Uribe era una persona muy diferente a lo que él pensaba: “No es democrático, no tiene mucho respeto ni por lo judicial ni por el Congreso, una persona autoritaria y muy populista, en muchos sentidos es muy parecido a Chávez”. Frechette cuenta que mucha gente le alertaba sobre él: “No le tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que apoya a los paramilitares. Me hablaban pestes de él en esa época, fui a verlo y quedé muy impresionado, pero no me dio ninguna satisfacción en los temas que nos preocupaban”.
Pasado el deceso de Frechette a mediados de 2017, la revista Semana — basada en el libro de Gerardo Reyes— en su publicación titulada “El Virrey ha muerto”, consigna en uno de sus párrafos: “Reyes también indagó a Frechette en el libro sobre sus opiniones respecto a Álvaro Uribe. Lo primero que dijo fue que la desmovilización de los paramilitares durante ese gobierno fue una farsa total. También cuestionó algunas decisiones que César Villegas, el número dos de la Aeronáutica Civil, tomó a favor de algunos narcotraficantes cuando Uribe era el director a comienzos de los ochenta. Agregó finalmente que “el gobierno norteamericano estaba tan satisfecho con la gestión de Uribe que decidió no pararle bolas a los rumores que circulaban en su contra”. Dijo también: “Hay secretos de Estado que no contaré”.
Reyes sondea a Frechette sobre su concepto respecto al entonces gobernador de Antioquia. Frechette recuerda que alguna vez indagó al gobernador sobre el porqué había nombrado al narcotraficante César Villegas en un cargo directivo dentro de la aeronáutica, y asegura que Uribe se escudó diciendo: “Villegas era un experto en aviación, pero no sabía que era un torcido”. Su recalcada microgerencia falló por enésima vez. El exembajador además explicó que “Estados Unidos decidió apoyar a Uribe porque este siempre mostró ser un hombre de los gringos”, es decir, un incondicional, siempre dispuesto a respaldar las políticas estadounidenses”.
La ceñida alianza entre Uribe y el gobierno estadounidense es de carácter personal, tanto así que el entonces mandatario George Walker Bush invitó a Uribe a su rancho de Crawford, Texas; un lugar reservado para personajes muy cercanos o de relevante importancia estratégica para los Estados Unidos como Tony Blair o Ariel Sharon. Allí es donde brindan, cenan y cuajan negocios los grandes Business Man del planeta. Este episodio, según palabras del entonces ministro de relaciones exteriores de Uribe, Luis Fernando Moreno, “es una muestra más de la importancia que Estados Unidos le da a Colombia y ratifica la condición de ser su primer aliado de la región”. Bush también premió a Uribe con la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción de Estados Unidos a un civil, paradójicamente por “su lucha contra los grupos armados, el narcotráfico y su compromiso con la libertad, la democracia y las reglas de derecho”. “Está dedicado a la prosperidad del pueblo colombiano y sus políticas han restablecido las fundaciones de una paz y de la democracia en Colombia”, dijo la Casa Blanca momentos antes de que Bush colgara la medalla en el cuello del mandatario colombiano. Los flashes congelaron el instante describiendo su lenguaje corporal: postura obediente y ligeramente reclinada en señal de reverencia; sonriente y con los ojos engrandecidos y desorbitados por la felicidad, como el sabueso al devolverle el frisby al amo que le recompensa con una croqueta. Solo faltó el amoroso zigzagueo de colita. Con la misma distinción y el mismo día fueron condecorados el entonces ministro británico Tony Blair y el de Australia, John Howard, otros gobernantes claves para EEUU. El propio Álvaro Uribe admite una reunión en su casa-finca ubicada a las afueras de Rionegro con la entonces embajadora estadounidense Anne Patterson, casualmente tres meses antes de ser elegido presidente por vez primera. ¿Sería aquella reunión una especie de ceremonia de ungimiento?
Pero sobre Uribe aún hay más: cables desclasificados que comprueban su participación en delitos trasnacionales como el narcotráfico o el terrorismo, los mismos que Estados Unidos dice combatir; testimonios de exjefes paramilitares que purgan largas condenas en ese país, testimonios, evidencias y todo tipo de indicios señalan indefectiblemente a Uribe como un criminal peligrosísimo y de talla internacional, pero, como ha fungido como el elemento más funcional y subordinado a la política exterior norteamericana, sigue campante en la impunidad que ellos le han otorgado y que él, guardando las proporciones, también les dio. Una relación de mutuo beneficio donde los dos actores son ganadores y el único perdedor es la sociedad colombiana, especialmente la de las capas ubicadas en los gruesos cordones de miseria.
Este tipo de tramoyas internacionales han sido histórica y peligrosamente normalizadas en la sociedad colombiana; la corrupción estatal y el narcotráfico finiquitaron alianzas indisolubles que volvieron indistintos a unos de otros y que se articulan de las más diversos modos y a todos niveles, fortaleciendo a esas minorías gangsteriles y desde luego, lesionando la calidad de vida de las mayorías. Un gran gángster o mafioso es un sociópata y el sociópata persigue su objetivo al precio que sea. Al mafioso no le interesa hacer política, no busca el servicio social, se ha hecho político porque ve en el Estado la forma más efectiva de alcanzar y proteger ese objetivo, que desde luego es egoísta en sumo grado: acrecentar al máximo su poder y blindarse ante la justicia. Y el poder de un Estado es de los más grandes que puede alcanzar un individuo (terrenalmente hablando). Por tanto, cuando un mafioso llega al poder del Estado, no gobernará democráticamente ni con sentido social, sino exclusivamente en función suya y en la de su limitado grupo. “Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger”, dice una línea de la canción de Molotov. ¿Cómo restarle poder a ese poder mafioso?: Mediante el voto consciente de cada ciudadano(a). Votar por un mafioso y esperar que gobierne en beneficio de todos es como pedirle a Garavito que cuide un jardín infantil.
Siendo Álvaro Uribe Vélez el político más influyente del país que más exporta cocaína a los EEUU, su mayor aliado de la región en temas políticoeconómicos, el que comparte su misma cosmovisión, el que les ha concedido todo cuanto le han pedido, el mejor calificado por ellos y condecorado con las más altas distinciones que otorga esa nación, el que les cumple con la mayor eficiencia y eficacia todas sus disposiciones, entre otras, la de desestabilizar gobiernos contrarios a las políticas estadounidenses, y teniendo en cuenta también que, según puede colegirse en base empírica, el negocio-beneficio de la droga es bilateral, ¿cómo creer entonces que la gran potencia decidiría requerirlo para apresarlo en alguna de sus mazmorras? ¿Al país que posee la inteligencia más avanzada del mundo en temas de espionaje y seguridad nacional, se le pasó por alto que un importantísimo funcionario del país con quien posee las mayores alianzas en todos los aspectos y en todo el hemisferio, considerado su satélite en pleno núcleo continental, esté presuntamente inmerso de manera tan honda en el narcotráfico y otros delitos transnacionales? Sería muy cándido suponerlo. “Estados Unidos no tiene amigos permanentes, solo intereses permanentes”, sentenció John Quincy Adams, sexto presidente de ese país. … ¡Business are business!
Colombia ostenta el vergonzoso título de ser la tercera sociedad más desigual del planeta. Eso tiene, sin espacio a la duda, raíces en la administración estatal pensada únicamente en el beneficio de los estrechos grupos detentadores del poder político y económico, nacional y extranjero, en este caso, los Estados Unidos de Norteamérica. Se necesitaría una biblioteca entera para plasmar los atropellos, crímenes e inacabables expoliaciones que el imperio estadounidense ha ejercido en el considerado por ellos como “su patio trasero”. Eso lo dejaron claro hace siglos con su doctrina “América para los americanos”, que en el fondo significaba, y a las claras, “América para los Estados Unidos”. Colombia, como eje estructurador de la política imperial gringa, es quizá el actor más importante dentro de los objetivos aspiracionales de la gran potencia, ya en declive. Los gobernantes colombianos, consagrados agentes del país del norte, son piezas invaluables para el establecimiento estadounidense; de otra manera le sería imposible ejercer, de manera tan profunda, su influencia y la puesta en marcha de sus planes sobre el circuito latinoamericano. De ahí la imperiosa necesidad de abordar su situación en estas líneas generales, que se quedan absolutamente cortas para explicar los casi dos siglos de injerencia y dominación imperial a la que se han visto sometidos los pueblos de este continente. El gran pretexto, que, como dijo Galeano, insulta la inteligencia de la gente, es también la gran viga sostenedora de la presencia y permanencia yankee en suelo patrio: La falsa lucha contra las drogas. Si no existiera tal pretexto, no podrían explicar su injerencia en Colombia y de paso, en otros países. Eso responde el porqué del amplio despliegue que en este texto se le dio a ese fenómeno.
La unidad latinoamericana es el gran dique de contención frente a las terribles consecuencias del imperialismo; en ello se sustenta a perfección los ataques a las ideologías integracionistas como la Bolivariana, la UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur y otros tantos entes que surgieron como respuesta a la sostenida ofensiva estadounidense. Ya Trump empieza a lanzar improperios y calumnias contra los posibles gobernantes colombianos en 2022, acusándolos de encarnar el fantasma del “castrochavismo”, que no es sino otro nombre para cubrir el enorme temor que les produce los gobiernos progresistas de la región. No fue gratis el golpe de estado que le dieron, hace casi un año, a Evo Morales. Ni los incontables que, a lo largo de la historia, han efectuado en este y demás continentes. “Si el imperio no los quiere, es que algo bueno están haciendo”, dijo en una conferencia el destacado sociólogo Atilio Borón.
