En la licencia general 30A también se levanta el régimen de sanciones contra el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) en cuanto a transacciones “ordinariamente incidentes y necesarias para las operaciones o uso de puertos y aeropuertos”.
Además, la orden de la OFAC refiere que no serán aceptadas operaciones realizadas en puertos y aeropuertos por personas, entidades «o cualquier persona del Gobierno de Venezuela» que estén bloqueadas o sancionadas y no sean representantes del INEA.
Esta es la primera medida que toma la administración de Joe Biden referente al régimen de sanciones que Estados Unidos ha impuesto a personeros del Gobierno de Nicolás Maduro o empresas clave como Petróleos de Venezuela, S.A o el esquema financiero a través del Banco Central de Venezuela (BCV).
Coincide también con la visita de la relatora de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Dohuan, al paÃs. Maduro ha esgrimido en sus discursos que las sanciones impuestas por EEUU son violatorias de los DDHH de la población venezolana y, en particular, han impedido la compra de insumos, alimentos y medicinas para la atención de la pandemia por la covid-19.
Incluso, el Gobierno de Maduro impulsa una denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre la presunta responsabilidad de Estados Unidos en delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano por el régimen de sanciones. Actualmente, esa denuncia se encuentra en una fase de examen preliminar.
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